22 de noviembre 2024
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Los nicaragüenses nos sentimos a nuestra suerte, esperanzados en que se haga justicia ante una situación abrumadora por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos y los estragos en la democracia que viene realizando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Como una sociedad resiliente y valiente estamos construyendo espacios para continuar tejiendo resistencia bajo el compromiso inquebrantable de luchar contra la impunidad. Uno de esos espacios fue el Foro sobre Justicia Internacional organizado por la Coalición Nicaragua Lucha, en el que participé como Organización de Víctimas de Abril con otras 29 organizaciones nicaragüenses. Todos pudimos reflexionar con juristas, fiscales y especialistas internacionales sobre las posibilidades futuras para hacer justicia.
La tarea de defender los Derechos Humanos surgió de la necesidad, por ser víctimas directas y contribuir para poder defender derechos fundamentales. La mayoría de los miembros de estas organizaciones hemos aprendido de forma autodidacta tras tener nuestras vidas afectadas por las violaciones a nuestros derechos. Ahora desde el exilio nos organizamos para apropiarnos de conocimientos para exigir la rendición de cuentas por las graves violaciones que suceden en Nicaragua y por los crímenes internacionales en los ámbitos del derecho penal internacional, del derecho internacional de los Derechos Humanos y de la justicia transicional.
Durante estos últimos cinco meses, en seis sesiones, intercambiamos experiencias y analizamos las consecuencias jurídicas concretas de los crímenes de lesa humanidad. Aprendimos sobre el principio de jurisdicción universal y la causa Argentina, y la posible intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). Conocimos de primera mano la situación actual y escenarios posibles de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Algunos temas nos provococaron más inquietud o eran más confusos para los defensores de derechos humanos que no somos juristas. Por ejemplo, ahora sabemos que, bajo principios generales del derecho internacional ─ como lo demuestra la decisión de Bangladesh/Myanmar, “caso Rohingya” ─ las disposiciones de la Corte Penal Internacional pueden afectar a Estados que no hayan ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de Nicaragua.
La CPI puede ejercer jurisdicción sobre crímenes en los que al menos uno de sus elementos ocurre en el territorio de un Estado Parte, aunque el Estado responsable no haya suscrito el Estatuto de Roma. Esto puede suceder por remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, de otros Estados, o de oficio por el Fiscal, siendo clave las comunicaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, las deportaciones que ha realizado el régimen Ortega Murillo se consideran crímenes de lesa humanidad profundamente arraigado en el derecho internacional, protegido como un derecho fundamental de las personas a permanecer en su Estado legítimo.
El desplazamiento a través de una frontera es un elemento esencial para calificar este crimen bajo el artículo 7(1)(d) del Estatuto de Roma, junto con otros actos coercitivos como tortura, desaparición forzada o violencia sexual. En este sentido es importante recordar la corresponsabilidad de la Comunidad Internacional frente al incumplimiento del Estado de Nicaragua de sus obligaciones internacionales en cuanto a la convención contra la tortura, el estatuto de los Apátridas y Convención sobre la Reducción de la Apatridia ante la Corte Internacional de Justicia (CJI).
Uno o varios Estados parte de estos tratados internacionales, sin ánimo de exhaustividad pueden: 1) realizar una declaración de incumplimiento de los tratados internacionales por parte del Estado de Nicaragua, 2) promover órdenes para que el Estado infractor cese inmediatamente sus violaciones a las obligaciones asumidas en estos instrumentos internacionales, 3) pedir la reparación y compensación para las víctimas y 4) solicitar garantías de no repetición.
Una oportunidad para obtener justicia en Nicaragua es la legislación de Argentina, por contar con el ejercicio de la jurisdicción universal. Este principio permite investigar y procesar crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier parte del mundo.
El fiscal nos explicó que se trata de una causa acumulativa, donde el tribunal tiene un enfoque amplio abarcando no sólo los crímenes cometidos contra individuos específicos, también incluye el patrón sistemático de represión dirigido por el régimen. Ellos están investigando los hechos desde las primeras manifestaciones en abril del 2018 hasta hoy, han incluido diferentes tipos de delitos como asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política.
Como parte de la fase investigativa, la fiscalía argentina solicitó el 24 de noviembre que se tomarán declaraciones indagatorias a Ortega y Murillo, el juez todavía no ha emitido una decisión al respecto, lo que mantiene el proceso en una fase de espera.
En el foro nos explicaron que podemos actuar como “amigos de la causa” (amicus curiae) Argentina presentando informes no-confidenciales para fortalecer los argumentos de la fiscalía. El Fiscal indicó que están abiertos para mantener un flujo constante de información relevante y coordinación con los querellantes y las entidades defensoras de derechos.
En la actualidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene su competencia sobre Nicaragua, porque el país sigue siendo parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo del Régimen Ortega Murillo de salirse de la Organización de Estados Americanos no afecta las competencias de la CIDH, la cual ha desarrollado una estrategia multidimensional para continuar monitoreando y denunciando la situación de Nicaragua.
Cada ciudadano nicaragüense y las organizaciones que defienden las libertades y los derechos humanos, tenemos estos instrumentos para seguir exigiendo justicia y no repetición de las atrocidades que están sucediendo en nuestro país.
