
4 de diciembre 2019
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La oposición debe ofrecerle una alternativa a los empleados públicos, a los que siguen en las filas del FSLN, y a los Azul y Blanco que se apartaron
Ejecutivo de Ortega no puede reponer con recursos externos
Si reconocemos que aunque la matanza perpetrada por el régimen de Ortega y Murillo en 2018 fue producto del desmantelamiento de la institucionalidad democrática en periodos de gobierno donde hubo una complicidad de una coalición dominante que apoyaba a Ortega para el mantenimiento de su proyecto, pero que la llegada al poder de Ortega en el 2006 fue, en parte, producto de la carencia de un régimen de bienestar que canalizará las demandas de la ciudadana por vía de la instituciones democráticas, entonces es fundamental posicionarnos desde una perspectiva histórica.
Antes de la llegada al poder del FSLN con Ortega a la cabeza se fueron acumulando un cúmulo de necesidades, dolores, demandas y expectativas no satisfechas por la vía de las instituciones democráticas, generándose un descontento que condicionó, por un lado, la desafección de un porcentaje significativo de la población y su negativa de participar en elecciones y, por otro lado, la llegada de Ortega al poder del gobierno y su creciente apoyo político.
Por un lado, la transición de los 90 se puede concebir como una triple transición: de la de guerra a la Paz, de dictadura a democracia y una transición hacia una forma nueva de administrar los asuntos de interés público bajo un tinte (neo) liberal. Esto se articuló en tres aspectos. Primeramente los gobiernos liberales antecesores al FSLN privatizaron antiguos derechos de ciudadanía: educación, salud y una reforma drástica a la legislación laboral. Segundo, ante la noción pospolítica de la política, esa que reza "váyanse a sus casas y dejen que los que saben hagan las cosas", los representantes se distanciaron demasiado de sus representados produciéndose un desencantamiento de los últimos con la política misma. Y tercero, el ethos globalizador con signo (neo) liberal trató de imponer una visión según la cual la posibilidad de una vida digna y segura estaría en dependencia de la capacidad misma del individuo de operar en aras del mercado. Esto tuvo como consecuencias que la ciudadanía, en su mayoría jóvenes, se volcara hacia ámbitos más "comunitarios" de la política o se desentendiera completamente de la misma. La valoración a la democracia procedimental empezaba a sucumbir.
Por otro lado, tras la llegada al poder el FSLN tuvo la capacidad de darle solución a las problemáticas urgentes de la gente. Dicha solución se llevó a cabo bajo dos modalidades, primero, a través de programas sociales para hacer frente a la pobreza y, segundo, a través de una alianza con el sector empresarial que permitió el crecimiento económico sostenido. Esto produjo que: i) creciera la base de apoyo del FSLN; ii) disminuyera la base de apoyo de la oposición a la que se le asociaba una gestión gubernamental negativa bajo las promesas de la democracia. Por tanto, y a partir de ello, una disminución en la creencia o apoyo a las instituciones democráticas, y, por último; iii) una cierta tolerancia pasiva al accionar del FSLN en detrimento de la institucionalidad democrática.
Dicho lo anterior, si por un lado, las promesas de la democracia que exaltó la transición en los 90 no afectaron de manera positiva y directa en el bienestar de la gran mayoría de la gente, pero institucionalizó ciertas maneras de proceder democráticamente en el Estado, por otro lado, el gobierno de Ortega y Murillo si tuvo la capacidad de llegarle a la gente con programas sociales espurios en pro de satisfacer necesidades que habían sido postergadas por esa idea de que "la economía por efecto de goteo iba a beneficiar a todos y todas", sin embargo, desmantelando la institucionalidad democrática.
Por consiguiente, entre un gran porcentaje de la población, entre ellos clase media, fue creciendo la creencia o valoración en la gestión de los gobiernos y su capacidad de influir en las condiciones materiales y simbólicas de existencia de la gente en detrimento de la creencia o valoración en las instituciones democráticas. Es decir, la gente preferiría un gobernante cuyas medidas gubernamentales fueran eficaces y efectivas en detrimento del respeto a las reglas del juego democrático o su materialidad institucional. Frente a la institucionalidad democrática se prefería al hombre fuerte capaz de federar los dolores y encarnar como suyo el Estado (L'État, c'est moi).
Por tanto, una vez perpetrada la matanza del 2018 se podría afirmar que ha habido un disminución drástica en la legitimidad del gobierno y régimen político construido y encarnado por Ortega y Murillo, lo que no quiere decir necesariamente un aumento en la legitimidad de la oposición a la cual, tal y como se mencionó anteriormente, se le asocia una gestión gubernamental negativa bajo la promesa democrática. La oposición desde distintos sectores de la sociedad es percibida y apreciada como alejada de las grandes mayorías del pueblo, entre ellos aquellos que son militantes o simpatizantes del FSLN.
¿Cual debería ser la estrategia de la oposición nicaragüense?
La solidaridad, frente a todas las atrocidades cometidas por el régimen de Ortega y Murillo a gente inocente, es un elemento que cruza clase, género, generación, etnia y territorio, por tanto es importante que la oposición se convierta en una organización abierta. Es menester que abra su discurso, dejando atrás la polarización que divide a los bandos en contienda, hacia los que tienen temor y los que no están convencidos, produciendo certezas de que con ellos, la oposición, en el gobierno otro porvenir es posible.
Es necesario que la oposición actúe de forma estratégica.
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Activista y opositor nicaragüense exiliado. Abandonó sus estudios universitarios de Sociología para integrarse a la lucha cívica estudiantil y social de Nicaragua, en 2018. Fue fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), y fue integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Ahora integra el grupo Formadores con Vos.
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