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A pesar de que Estados Unidos ha propuesto una salida para Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega han decidido hundir al país en el fondo del abismo. El peso de las violaciones a los derechos humanos indica que la respuesta proporcional de la Administración Trump apunta a imponer penalidades drásticas. Al igual que en 2018, en vez de resolver la situación, Murillo y Ortega prefieren crear otra crisis económica, dándole la espalda a una transición democrática y seguir escalando la represión.
La razón de la investigación
La investigación de USTR resalta que las violaciones laborales crean una desventaja competitiva sobre Estados Unidos, toda vez que los bajos salarios que resultan de esta explotación tienen un efecto directo en contra de los trabajadores y las empresas en Estados Unidos. Además, se refiere al hecho de que estas acciones afectan el mercado nicaragüense porque desincentivan al inversionista a entrar a Nicaragua. Sostiene, también, que hay pérdidas de inversión en contra de empresas americanas afectadas por diferentes condiciones, como la confiscación de propiedades a entidades religiosas y empresas comerciales.
La noticia en Nicaragua refleja una combinación de negación y resignación. La gente dice que “esto los tiene sin cuidado porque el país ya no puede estar más mal de lo que ya está”. Incluso algunos dicen que la gente no quiere trabajar en la zona franca porque, aunque “están pagando mejor que nunca porque la gente no les quiere trabajar, por el abuso al trabajador”. Para la dictadura, la apuesta es una estrategia mediática: acusar a la oposición de traidores, pasar una ley a favor de China apelando a su caridad y decir que usarán las reservas internacionales para mitigar el impacto.
Pero nada de eso resuelve las causas del problema, ni evita las consecuencias negativas sobre el país.
Es importante entender los escenarios que desemboquen en 2026 frente a una decisión de las cuatro opciones que la Oficina del Comercio ha propuesto como accione, ponderando la probabilidad a favor o en contra de adoptar la medida más flexible (suspensión selectiva de los beneficios arancelarios y comerciales de CAFTA-DR) o la más penalizable —un arancel universal del 100% sobre las exportaciones de Nicaragua; ambas bajo una temporalidad máxima de 12 meses. La severidad del daño apunta a la acción menos flexible.
Como Rosario Murillo prefiere enterrar al país porque no piensa echarse para atrás, ella está arriesgando otra complicación para Nicaragua.
Los factores a de riesgo en aplicar las medidas sobre Nicaragua
Según USTR la toma de acciones no es reversible, el punto principal es la dirección en la que lo estará tomando, y esta depende de sopesar algunos factores de riesgo junto al clima político dentro del equipo de la Administración que incluye aquellos que tienen poco respeto a la troika de la tiranía (el secretario Rubio para empezar), los pragmáticos que comparan el costo beneficio del impacto económico de una guerra comercial (incluyendo los lobbies que abogan por proteccionismo o libre comercio), y los que tienen apego a los intereses de política exterior de la administración (como Steve Miller).
Entre los factores de riesgo está, primero, la escalada de radicalización de la dictadura. El modelo político-económico tiende a desfavorecer cualquier relación con Estados Unidos. El segundo factor de riesgo es la ponderación del efecto represivo que puede causar más migración y el déficit comercial con Nicaragua. Este año el comercio hacia Estados Unidos y el superávit comercial han sido superiores al 15%, al paso que van las cosas, no se espera un balance neto. Mientras tanto, la continuidad represora causará migración en el futuro cercano.
Tercero, Nicaragua continúa provocando a Estados Unidos; es un Gobierno que se manifiesta como antiestadounidense, mantiene estrechos lazos con China y Rusia, y forma parte de la troika de la tiranía en las Américas. Su decisión más reciente de abrirle más las puertas a China en vez de ofrecer un remedio político a una inminente penalización comercial no solo es provocadora sino potencialmente agresiva: Rosario Murillo continúa favoreciendo las relaciones con fuerzas malignas.
Cuarto, las acciones comerciales se interpretan como una desventaja comparativa que afecta el empleo de la fuerza laboral estadounidense en mercados específicos como el de las autopartes, el de los dispositivos médicos o el de los fabricantes de ropa.
Un quinto factor que pondera favorablemente la penalización es el cálculo del costo-beneficio. Para muchos en la Administración, la penalidad representa un bajo costo, ya que la posición relativa de Nicaragua con respecto a las importaciones totales de Estados Unidos es del 0.1% del total de las importaciones estadounidenses. Aun las importaciones de alimentos que la Administración trata de mantener bajo aranceles menos restrictivos representan el 0.5%.
Hay un sexto factor que pondera favorablemente sobre la penalización, y es que, dentro de ese escenario, para algunos lobbies la lectura es que, frente a alguna fuerte restricción arancelaria, es probable que algunas empresas trasladen sus operaciones de la Zona Franca a otros países (59 de las 170 son norteamericanas, y 20 trabajan en el sector servicio), y que otras permanezcan en el país debido a que los aranceles del 50% a los textiles de China e India todavía les ofrece una ventaja comparativa. En general, la interpretación es que algunas empresas podrían absorber los costos, ya que al menos en el marco de la exportación de ropa, estos costos los están asumiendo los consumidores en el mercado norteamericano.
Frente a la radicalización y al oportunismo económico de la dictadura, para Estados Unidos es inaceptable mantener el estatus quo porque premia al régimen, a las empresas comerciales vinculadas al régimen, y perjudica a Estados Unidos.
Los factores de riesgo de oponerse a las acciones propuestas
El efecto del aumento de aranceles reduce la demanda de bienes. Al analizar los aranceles de Estados Unidos y el volumen importado por país, hay una correlación negativa entre los aranceles más altos y el volumen importado. Por cada 1% de tarifa arancelaria por encima del promedio, la demanda disminuye en 100 millones de dólares. Es decir, un aumento de 5% por encima del 18% reduciría la demanda en 500 millones de dólares, reduciendo el empleo en un rango similar.
Aunque el resultado puede ser diferente a la evidencia estadística, la reacción en oposición a cualquier medida ha surgido de parte de empresas transnacionales y algunos negocios nacionales, especialmente aquellas de la Zona Franca, y ha sido argumentar el riesgo económico: los aranceles ahuyentarán inversión, crearán desempleo y migración.
Estas opiniones van ponderadas frente al bajo peso que representa Nicaragua en contraste con el daño que hace el país a Estados Unidos por las violaciones laborales y de derechos humanos.
Finalmente, está la opinión de que las imposiciones arancelarias ahuyentarán la inversión extranjera, crearán desempleo y generarán migración. La probabilidad de que el aumento de aranceles ahuyente la inversión es real.
Existe poca evidencia, sin embargo, y algunos estudios han indicado que en general el impacto sobre la inversión es mínimo o mudo. La evidencia con Nicaragua es sugerente.
Por un lado, la inversión extranjera ha venido decayendo desde la crisis política causada por Daniel Ortega; la continuidad y profundización de un Estado policial desmotiva la inversión y esta no crece. El número de empresas de la zona franca no se ha recuperado desde esa crisis de 2018, cuando llegó a tener 194 empresas frente a 171 a mes de octubre de 2025. Esto es sugerente en que la drástica contracción económica del 2018 tuvo un efecto relativo sobre las empresas en la Zona Franca.
Entonces, ¿los aranceles crearían otro declive? Posiblemente sí, y al menos comparable al 2018, en donde dejaron de operar seis empresas, perdiéndose menos de 4000 trabajos —donde el desempleo surgió fue en la economía interna debido a la caída de la confianza del inversionista local.
Como en 2018, cuando Ortega y Rosario Murillo tenían en sus manos la solución a una crisis que ellos mismos han profundizado, ahora se encuentran en la antesala de otra situación que pueden y deben prevenir.
Los Ortega Murillo ante un balance desfavorable para el régimen
Estos números hacen un contrapeso que indica que una presión selectiva puede ser una acción probable a tomar por parte de USTR. Mientras tanto, Rosario Murillo y cómplices no van a ofrecer un remedio.
Ellos seguirán apostando a que Estados Unidos no impondrá ningún tipo de arancel, y seguirán radicalizándose en todo sentido, reprimiendo y forjando más alianzas con estados forajidos y subsidiando su captura de Estado.
Hipotéticamente, en los primeros seis meses, una salida de diez empresas eliminará 6000 empleos, mientras que las contrataciones por servicios y alquiler disminuirán temporalmente; con costos de operación para la Zona Franca que representan alrededor del 20% del valor exportado. Aunque estas son economías de enclave que por naturaleza fueron creadas para tener poca cadena de valor interna, y cuyo efecto multiplicador es bajo, cualquier impacto es responsabilidad del régimen.
La dictadura tiene doce meses durante el periodo de penalización para remediar el impacto en medio de una posible contracción económica en 2026, de la que el uso de reservas internacionales y la inversión china no son suficientes.
Los Ortega Murillo prefieren colapsar la economía antes que negociar su salida y permitir una transición democrática. Sin embargo, enfrentan mayor oposición desde adentro, la erosión en sus propias filas, una población que los rechaza masivamente, y una comunidad internacional que los seguirá presionando. La probabilidad de una revuelta interna más bien está creciendo en la medida en que los aliados del círculo del poder ven que la radicalización no los beneficia, porque por un lado hay crisis económica y sanciones, y por el otro, solo hay purga y cárcel.
