6 de enero 2022
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Las protestas de 2018 en Nicaragua han tratado de ser calificadas de intentona golpista por un régimen dictatorial cogido por sorpresa desde el primer momento, y luego desbordado por la avalancha social que salía a las calles todos los días. También ha tratado de presentarse cual víctima de una conspiración internacional financiada por Estados Unidos para terminar con el caso singular de Nicaragua. Sin embargo, nada mejor que la política comparada para refutar ambas tesis. Una revisión de las protestas en el mundo entre 2006 y 2020 da cuenta que el estallido nicaragüense ni fue una tentativa de golpe de Estado, ni el acontecimiento fue un fenómeno particular de nuestro país.
Meses atrás fue publicado el estudio “World Protests: a study of key protest issues in the 21st Century”, que aborda un total de 2809 protestas impulsadas por más de 900 movimientos de protestas en 101 países, en contra de Gobiernos de todos los signos políticos. Esta investigación revela patrones de protestas que no son ajenas a las vividas en Nicaragua con mayor intensidad desde 2018. Los autores las agruparon en cuatro categorías según sus objetivos: a) fallos en el sistema político, en particular la falta de democracia real y corrupción; b) injusticia económica y reformas de austeridad; c) demandas por los derechos indígenas/raciales, de las mujeres y libertades individuales; d) y demandas por la justicia global y un sistema internacional más incluyente.
El estudio subraya que las protestas fueron resultado de las desigualdades generadas por deficiencias de la democracia y del desarrollo social, y alimentadas por el descontento y la falta de confianza en un proceso político incapaz de recoger las demandas de la población. Debido a ello, como norma general, todas devinieron en protestas políticas, pasando de protestas de tema específico (single issue) a protestas ómnibus que agruparon varios temas o demandas. En línea similar otro estudio destaca cómo las demandas escalan de los conflictos prácticos (por la reproducción social) a los institucionales (eficacia y legitimidad de los Gobiernos), hasta desembocar en los conflictos culturales que propugnan un cambio del modo de vida.
Esto fue lo que ocurrió en Nicaragua, Chile, Colombia y Ecuador, durante lo que se ya se conoce como la primavera de América Latina. El fuego que se inició con recortes por austeridad, (reformas de la Seguridad Social), precio del transporte, reforma tributaria y paquete de medidas económicas) saltó en pocos días al terreno político. No es casual que en estos casos los Gobiernos demandados denunciaran injerencias extranjeras: en dos se culpó a Venezuela, en uno a intentos de desestabilización externa y en Nicaragua, a Estados Unidos. Tres tuvieron salidas negociadas y solo uno desembocó en un régimen abiertamente dictatorial.
¿Quiénes protestaron? En todos los casos la fisonomía social de la protesta estuvo caracteriza por un incremento de la población no organizada, por movimientos de base, por jóvenes y personas mayores. Un rasgo interesante fue la participación de la clase media en lo que los autores califican como una ruptura con las élites del poder. Como ya es bien sabido, tampoco en este apartado Nicaragua ha sido la excepción. El fenómeno de los autoconvocados recogió en su seno un amplio abanico social del que no estuvo ausente la clase media, pero en el que tuvieron un peso importante los jóvenes, los campesinos y los sectores populares urbanos. La heterogeneidad del sujeto de las movilizaciones, que en Nicaragua atravesó las barreras políticas tradicionales de la política, fue el sello distintivo de estas protestas, y ello tuvo mucho que ver con las razones de las luchas y la agilidad que presentaron para mutar hacia el campo político.
¿Para qué protestaron? Aunque la mayoría de las protestas (54%) tuvieron como foco los fallos del sistema político y de la representación política en particular, ninguno tuvo una motivación golpista; es decir, la alianza con actores estatales para derrocar a quienes ejercían el Poder Ejecutivo. Ni siquiera en casos vecinos como el colombiano o el chileno, que evolucionaron con rapidez a la violencia, se intentó que otros poderes del Estado o directamente las fuerzas armadas, intervinieran para sacar del Gobierno a los presidentes respectivos como solución final de los conflictos. Al contrario, el estudio subraya que, como eje específico, la demanda por una democracia real fue la más numerosa dentro de este bloque de fallos del sistema político. En otras palabras, detrás de las exigencias que llegaban de las calles no estaba solamente la salida de los Gobiernos, sino además un cambio político real, como se logró en Chile con la convocatoria a elecciones a convencionales constituyentes. El estudio revela entre 2006 y 2020 hubo 108 protestas de este tipo en América Latina y El Caribe.
El otro bloque de protestas fue por la justicia económica y contra los recortes de austeridad. En todo el mundo se demandó trabajo, mejores condiciones de vida, servicios de calidad para todos y -oh sorpresa- en contra de la reforma del sistema de pensiones que las degradaban. En este último orden, el estudio contabilizó 29 protestas en nuestro continente, entre las que incluyó las protestas nicaragüenses. Si bien estas protestas pusieron en jaque a los Gobiernos correspondientes, a ninguna se atribuye planes golpistas.
En cuanto a los métodos de lucha utilizados por los movimientos, el documento identifica una treintena de formas de protestar entre las que se incluyen manifestaciones (mayoritarias), barricadas y bloqueo de caminos, y la ocupación de instalaciones públicas. Ninguna de estas expresiones de la protesta es identificada como actos terroristas, ni siquiera en los casos en que hubo actos de saqueo y vandalismo.
Como se puede ver, las evidencias no dan ningún respaldo al discurso que el orteguismo viene repitiendo desde 2018: Ni golpismo, ni terrorismo financiado por Estado Unidos. El estallido social no buscaba dar un golpe de Estado porque no tenían esa capacidad, ni contaban con la complicidad de ningún sector del Estado. Al contrario, todo el Estado se articuló para aplastar la protesta. Si las reivindicaciones escalaron a las demandas de renuncia de Ortega fue por la propia brutalidad del régimen.
Tampoco fueron un caso único en el mundo ni en el continente. ¿Si en 2018 en el mundo hubo 238 movilizaciones de protestas, de las cuales 36 ocurrieron en América Latina y el Caribe, por qué solo las de Nicaragua merecieron la atención de la Administración norteamericana para derrocar a su Gobierno que, además, era su aliado contra el narcotráfico y la migración ilegal? Si se admite lo anterior se admitiría que Estados Unidos también estuvo detrás de otros estallidos como en Chile, Ecuador y Colombia, algo que a todas luces es un disparate porque implicaría que hubiesen financiado revueltas en contra de Gobiernos afines. Esto lleva a la vieja dicotomía entre protestas buenas y protestas malas: Si ocurren en contra de Gobiernos de derecha, son expresiones legítimas del descontento popular; pero si ocurren en contra de Gobiernos autodenominados de izquierda, son conjuras del imperialismo.
Lo que Ortega y sus secuaces no quieren aceptar es que fuese a ellos, que antes de 2018 proclamaban a cuatro vientos el “pueblo presidente”, el pueblo se les haya rebelado, harto de tanto atropello, opacidad y corrupción. Pero las cifras son elocuentes: Nicaragua no fue un caso excepcional de protestas masivas en 2018. La única singularidad es que haya sido la única que engendrara una dictadura cruel, despiadada y sanguinaria.
