3 de abril 2025
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La reciente polémica entre Panamá y Nicaragua en torno al salvoconducto concedido al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recipiendario de asilo diplomático en la legación nicaragüense, es un ejemplo más del modelo de chantaje diplomático al que el régimen de Managua pretende someter al resto de la región. Dicho chantaje no debe ser motivo de sorpresa, pues sus propias víctimas, en distintos momentos, han dado su aquiescencia al mismo, siendo incluso complacientes con las acciones y las pretensiones de la dictadura Ortega-Murillo. En tal sentido, el caso de Centroamérica, en general, y el de Panamá, en particular, constituyen arquetipos más que interesantes.
Si tomamos como punto de partida las elecciones de 2021, consideradas ni libres ni justas por la Asamblea General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), podemos encontrar un buen ejemplo de la complacencia regional. En ese entonces, la respuesta del régimen de Ortega a tales aseveraciones fue denunciar la Carta de la OEA, sin que aquello siquiera ameritase la aplicación subsecuente de la Carta Democrática Interamericana y el recurso continuo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La aplicación de la Carta Democrática hubiese permitido a los Estados miembros de la OEA suspender a Nicaragua y, por ende, suspender el plazo de dos años para que la denuncia se hiciese efectiva. No obstante, dado el precedente venezolano, los Estados miembros de la OEA dieron su aquiescencia para que Nicaragua se retirase de la organización, en completo detrimento a las normas comunitarias de gobernanza democrática en las Américas.
En el ámbito subregional, la aquiescencia y la complacencia se volvieron a combinar. El afán del régimen Ortega-Murillo por capturar instituciones multilaterales centroamericanas como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen), encontró pocos obstáculos.
En 2022, su candidato a la secretaría general del SICA, Werner Vargas resultaría electo para el período 2022-2026, muy a pesar de la evidente deriva autoritaria y dictatorial en Nicaragua. Esto se produjo en el seno de una organización que presume dentro sus propósitos, buscar la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos. Lo anterior es aun más grave debido al hecho que cualquier Estado miembro del SICA – incluyendo Panamá y Costa Rica – podrían haber vetado la candidatura del nicaragüense, debido a la existencia de la regla del consenso. Incluso, el resto de los miembros del SICA, aplicando el espíritu del propio Protocolo de Tegucigalpa, podrían haber suspendido a Nicaragua, hasta tanto no se restableciese la democracia y el respeto a los derechos humanos. A poco más de un año de su elección, Vargas renunciaría al cargo de secretario general.
Ahora, el régimen Ortega-Murillo busca instrumentalizar la situación en torno al salvoconducto de Martinelli para lograr el apoyo de Panamá, en sus esfuerzos por retomar la secretaría general del SICA que hasta el momento permanece vacante. En el Parlacen, la situación no es tan distinta. En 2023, bajo el liderazgo de Nicaragua y con el aval de un número importante de parlamentarios centroamericanos, se despojó a Taiwán de su estatus como observador para trasladárselo a China, contraviniendo la naturaleza democrática del parlamento al sustituir una democracia por una dictadura. De igual forma, en 2024, con los auspicios de Nicaragua, los parlamentarios centroamericanos decidieron otorgar la misma calidad de observador a Rusia, otra autocracia que ha emprendido una guerra de agresión en contra de Ucrania, lo cual contraviene los preceptos de Centroamérica como una región de paz y democracia. Con respecto a la admisión de Rusia, el apoyo de un número plural de miembros de la bancada panameña fue instrumental para lograr la mayoría mínima requerida para tal fin.
En 2024, en pleno torneo electoral en Panamá, el régimen Ortega-Murillo decidió intervenir en el proceso democrático. El en ese entonces candidato presidencial Ricardo Martinelli, ante la posibilidad de ser capturado por las autoridades panameña decidió solicitar asilo político en la legación diplomática nicaragüense, el cual le sería concedido. Desde que inició el asilo hasta la realización de los comicios el 5 de mayo de 2024, el expresidente Martinelli continuó participando activamente en la campaña electoral en favor de su ungido, el hoy presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Lo anterior, se produjo en abierta violación de los Convenios de la Habana de 1928 y de Montevideo de 1933 sobre asilo político sin que generara mayores reacciones por parte de las autoridades panameñas. De igual forma, la anomalía producida por el asilo a Martinelli, su posterior renuncia a la candidatura en favor de Mulino y la ausencia de un vicepresidente en la nómina presidencial, suscitó una serie de decisiones del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que condicionaron de tal forma el proceso electoral que 48 horas antes de los comicios, no estaba definida la conformación de la papeleta. No contento con esto, el régimen nicaragüense le ha permitido al asilado continuar con sus pronunciamiento y actividades políticas.
La polémica suscitada por palabras de la “copresidenta” Rosario Murillo ante una posible “emboscada” panameña debido a un supuesto conflicto jurídico entre el salvoconducto emitido por el ejecutivo y la solicitud de circular roja por las autoridades judiciales panameñas, es inexistente. Lejos de plantear una problemática de orden legal, este episodio deja en evidencia, nuevamente, que el régimen Ortega-Murillo se sabe seguro de poder obtener, sin costo alguno, réditos adicionales de la situación política en Panamá, recurriendo nuevamente al chantaje diplomático.
