4 de marzo 2024
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La propaganda Ortegamurillista del “buen gobierno” contrasta con la realidad que agobia a los nicaragüenses. El régimen prioriza el gasto e inversión en carreteras a costa de la inversión social, en momentos en que el país se encuentra en una situación desesperante por la precariedad de su capital humano.
Los números no mienten: los nicaragüenses siguen careciendo de buena educación, tecnología de avanzada, formación técnica y oportunidades para la competencia e innovación. La retención escolar es mediocre y la matrícula a nivel nacional no ha crecido desde 2018.
Las pruebas de la UNESCO de 2019 han mostrado que Nicaragua sigue por detrás del resto de América Latina y que, en relación con las pruebas de 2013, los chicos en matemáticas, ciencias y lenguaje no mejoraron su conocimiento. Tuvieron un aumento de un punto en ciencias en seis años, de diez puntos en matemáticas (mientras que el resto de los países creció en más de 15 puntos). Mientras tanto el conocimiento sigue avanzando: el álgebra se está aprendiendo desde quinto grado en el mundo moderno. En Nicaragua no. En 2024 las cosas siguen igual o peor.
En relación con la innovación el país sigue rezagado; por ejemplo, el acceso a impresores 3D es limitado, y la dependencia en la impresión de papel sigue predominando mientras el resto del mundo está más orientado a la lectura digital. El país vecino de Costa Rica es líder mundial en número de impresores 3D, pero más que eso en su uso para la producción de mercancía funcional y compleja.
Mientras Costa Rica registra un promedio de diez patentes al año desde 2010, Nicaragua registra al máximo una por año. El resultado es una fuerza laboral que continúa teniendo baja calificación, muy poco nivel educativo, e ingresos muy bajos. Las universidades que son el espacio donde el conocimiento florece y crece, se han convertido en campos estériles en avance científico, pero fértiles en adoctrinamiento político.
No son los frijoles, la carne o los bananos lo que genera mayor riqueza y bienestar, sino el trabajo calificado que integra funcionalidad y complejidad y genera valor agregado en la producción.
Al capital humano en Nicaragua no se le ha sumado, se le ha restado y es aún mayor la substracción en contra de las mujeres. Las pruebas de matemáticas, por ejemplo, mostraron que las niñas rindieron menos conocimiento que los niños. El índice de desarrollo humano muestra que Nicaragua ha bajado en su ranking mundial en los últimos treinta años, y las diferencias de género prevalecen con mayor sesgo sobre las mujeres. Esto se refleja en que el ingreso per cápita de éstas es un 50% del de los hombres.
En un país en donde la mitad de la población es mujer, no es accidental que la economía en general sufra más ante la privación educativa y técnica hacia las mujeres. Pero el impacto es mayor ya que Nicaragua también es un país de madres solteras y la carga económica para ellas es mucho mayor.
Las inversiones del Estado: carreteras, en vez de educación
Mientras tanto el “buen gobierno” aprobó un Presupuesto de la República tanto para el gasto y la inversión con creces al sector construcción. La justificación es burda. El gasto en Educación para 2024 representa 11% del presupuesto del país, y en construcción es de 9%. Pero el gasto en Educación se va predominantemente para pagar salarios de los educadores y no hay más dinero para fortalecer el rendimiento académico. Lo poco que les pagan a los maestros, se los cobran en ir a eventos partidarios.
El Gobierno complementa su apoyo al Ministerio de Construcción a través de la inversión pública: más de la mitad de la inversión pública se dedica a financiar este ministerio. La mayor parte de estas inversiones son en carreteras.
Es contraproducente: las carreteras de Nicaragua son consideradas las mejores de Centro América en calidad y rendimiento. Sin embargo, para Ortega y Murillo la infraestructura física del territorio tiene más valor que la infraestructura del nicaragüense, su propio desarrollo y conocimiento. El “buen gobierno” de los Ortega-Murillo invierte en un año 200 dólares por estudiante, y 1.2 millones de dólares por kilómetro lineal de carretera. Usted lector compare.
La razón de ser no estriba en que con obras públicas habrá más trabajo e inversión privada. Un líder democrático valoraría que ante la escasez de recursos lo vital es invertir en su capital humano por encima de inversiones que no benefician a todo el público.
La realidad es que para este Gobierno hay más rentabilidad en Construcción que en Educación. Rentabilidad para los favores políticos y económicos que ellos promueven. Por eso no sorprende cuando el general vestido de civil, el ministro del MTI, dice “tenemos proyecciones fantásticas para el período 2024-2026” porque sabe que las contrataciones y ubicaciones de construcción benefician a amigos y miembros de la cúpula del poder, en detrimento de la mayoría. La infraestructura tecnológica, que hoy día tendría mayor impacto para el nicaragüense promedio, es precaria y no se compara con las inversiones en carreteras.
El MTI recibe USD 350 millones de presupuesto en gastos del Estado, y otros USD 250 millones en inversión pública apoyada en endeudamiento externo. Educación recibió solamente un presupuesto de gastos para cubrir, predominantemente, salarios de maestros.
La disparidad es indefendible porque frente a la escasez de recursos, la inversión tiene que orientarse hacia las verdaderas necesidades, hacia el bien público, la gente. En Nicaragua de poco sirve contar con carreteras nuevas si el pueblo no tiene medios para transitarlas o empresas que no pueden aprovechar su infraestructura.
Los préstamos del BCIE: ¿complicidad con la corrupción?
Estas disparidades son preocupantes por muchas razones. Primero, ante una inminente transición democrática, el restablecimiento de un orden justo y equitativo implica realizar una inversión extraordinaria en el capital humano de los nicaragüenses, dinero que es difícil invertir si éste no está a mano y la dictadura ha endeudado al país más allá de los límites.
Segundo, el trabajo de priorizar inversión en capital humano depende de cómo se redistribuirían recursos a segmentos de la población joven. La matrícula cayó especialmente entre los jóvenes en edad de secundaria, y en parte se explica en la migración, pero no totalmente. El reto fundamental estriba en determinar en qué sector priorizar más en el corto plazo.
Tercero, es lamentable que el financiamiento externo continúa ocurriendo a expensas de los nicaragüenses. El 50% de la inversión pública se dedicó al MTI, y predominantemente en obras públicas de construcción, la mayoría de esos fondos provenientes del BCIE.
El régimen se ha endeudado en más de USD 8600 millones a fines de 2023, creciendo su deuda en USD 2200 entre 2019-2023.
La dependencia de ese endeudamiento es el BCIE: en 2017 el 12% de la deuda pública era con el BCIE, ahora en 2024 es 28%.
Lo más lamentable no es el endeudamiento, pero que la amortización que hace Nicaragua de su deuda externa, en un 60%, es al BCIE. ¿Cómo puede ser que, si le debe USD 2300 millones al BCIE, le esté pagando en intereses más de USD 1100 millones en amortización entre 2019 y 2023?
La matemática del endeudamiento confirma que el BCIE desembolsó más de USD 550 millones en 2023, pero Nicaragua le pagó USD 320 millones en intereses ese mismo año. Además, el Ministerio de Hacienda invirtió USD 260 millones de plata del BCIE en el MTI, para construir carreteras a rutas que no van a beneficiar al pueblo directamente, como dedicar 10% de esos gastos en carreteras para las empresas mineras.
La debida diligencia de una entidad como el BCIE no limita a que si el país miembro va a cubrir sus deudas, pero también si reúne requisitos importantes como los relacionados a la misión del banco, a la gobernanza misma del país. Además, están las cláusulas contractuales y el debido cumplimiento con las contrataciones que hace el Estado. ¿Cuánto saben los funcionarios del BCIE de los favores económicos que da el MTI a ciertas empresas? ¿O será que sus oficiales de cumplimento solamente se aseguran de ver que hubo un cumplimiento formal con el papeleo?
Un ajuste de cuentas necesario
El pueblo de Nicaragua merece saber que sus impuestos se están desviando hacia satisfacer favores políticos y económicos. De igual forma, los organismos financieros internacionales no están realizando la debida diligencia sobre sus préstamos a Nicaragua. Las prioridades del régimen reflejan un fuerte nivel de favoritismo y corrupción que son parte de la captura de Estado y requieren de un reajuste de cuentas a favor del pueblo. En la medida que los tiempos de la dictadura se acortan, este ajuste de cuentas se vuelve necesario y los cómplices del régimen también tendrán que responder por este despilfarro.
