4 de diciembre 2020
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En los últimos días se ha intensificado el debate sobre los niveles de endeudamiento del régimen Ortega-Murillo, tras conocerse la noticia del posible financiamiento que se obtendrá Nicaragua por las afectaciones de los huracanes Eta e Iota. Pero las graves violaciones a Derechos Humanos cometidas por el régimen, no sólo dan cuenta de una tragedia humana que vive el país, sino que el derecho a la reparación que de ellas se desprenden, debe ser un tema a considerar por la clase política en la eventual transición democrática.
Ante las violaciones a Derechos Humanos, los países tienen obligaciones específicas que implica la realización de investigaciones para esclarecer los hechos; sancionar a los responsables de esas violaciones administrativa o penalmente según corresponda; adopción de medidas de no repetición (controles normativos de carácter preventivo); y reparar el daño causado a las víctimas. Pero, ¿Cómo se compensan las violaciones a Derechos Humanos?
Si bien es difícil precisarlo sin un ejercicio de registro y documentación preciso, hay pautas que nos pueden dar noción del alcance. Pensemos en los más de 300 muertos que ha documentado la CIDH, si consideramos que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para compensar la muerte de una persona a manos del Estado es el “Proyecto de Vida”, que implica una compensación económica que considera al menos tres aspectos: la remuneración que recibía la víctima al momento de su muerte; el factor de inflación y la expectativa de vida en el país. En otras palabras, tras ejecución de un estudiante universitario de 22 años, el cálculo para compensar la violación a su Derecho Humano a la vida, supondría sumar su ingreso como profesionista hasta los 68 años.
Pero esto no termina ahí, pensemos en los miles de exiliados y presos políticos. Estas personas han enfrentado entre otras cosas daños emergentes que comprenden erogaciones directas e inmediatas que ellas mismas, sus familiares o sus representantes realizan de manera razonable y demostrable para afrontar las consecuencias de la violación a Derechos Humanos. Pensemos en el lucro cesante, que implica la pérdida de ingresos por el hecho ilícito, tomemos en cuenta la afectación al patrimonio familiar, todos, criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para indemnizar las violaciones a Derechos Humanos.
La escala de Violaciones a Derechos Humanos perpetradas por el régimen es tan inédita como inaceptable para los estándares de gobernanza democrática regionales. Como las Violaciones a los Derechos Humanos son la excepción y no la regla, las compensaciones son un mecanismo de advertencia a la clase política del costo de violarlos y el régimen Ortega-Murillo lo ha hecho a gran escala.
Si bien se puede apelar al llamado “Principio de Equidad” que: “responde a la aplicación de prudencia y razonabilidad. Para ello, la Corte lleva a cabo la valoración presencial del contexto socio-económico del país responsable con el fin de establecer su capacidad de cumplimiento”, precedente tristemente establecido por Nicaragua ante la Corte en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Párrafo 161). También debe tenerse en cuenta la intención del daño y al respecto la Corte ha establecido que: “en los casos en que existe intención clara y dolosa del Estado se produce un incremento considerable en la indemnización, mientras que en aquellos asuntos en los que se advierte que el daño se provocó por negligencia el monto suele ser menor”, criterio establecido en el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras en el 2003.
A veces me cuestiono si la clase política comprende el alcance que tendrá la transición democrática respecto de los Derechos Humanos. Una economía destruida, con miles de víctimas demandando justicia a quienes se les tiene que brindar respuesta sin que en ellos anide la avaricia por los alcances de su derecho a la reparación. No se trata de hacer mucho con poco, se trata realmente de hacer mucho, con casi nada.
En el restablecimiento democrático en Nicaragua, si la clase política no aborda esta problemática con trasparencia, apertura, creando confianza y sobre todo con rigor técnico jurídico, se convertirán en las nuevas autoridades responsables de violar Derechos Humanos. Es natural, si se piensa en números, que mis palabras causen preocupación en la clase política y que me hayan invitado a fortalecer la idea en el debate público de “medidas simbólicas”, a lo que continuaré replicando que mientras no tengamos conciencia del costo de violar Derechos Humanos, las violaciones continuarán. Al mismo tiempo, yo invito a la clase política a pensar en mecanismos eficaces de lucha contra la corrupción para recuperar recursos que pueden ser destinados a las reparaciones a los Derechos Humanos.
Las graves violaciones a Derechos Humanos a gran escala son indudablemente una responsabilidad del régimen Ortega-Murillo, pero con esa misma claridad debe entender la clase política que en el inevitable restablecimiento democrático, la reparación de esas violaciones estarán a su cargo en un país en ruinas. Pero el éxito del restablecimiento democrático en el país no se agota en la sensatez de la clase política, debe ser un compromiso ciudadano exigir más de la clase política. Verbigracia, más allá de que nos importe si Félix Maradiaga pidió o no trabajo a Arnoldo Alemán, hay que cuestionarnos si Félix o cualquier otra persona identificada como dirigente político, está a la altura de los problemas que enfrentará el país, intelectual y moralmente.
* Maestro en Derechos Humanos
