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El terremoto que destruyó Managua la madrugada del 23 de diciembre de 1972 sorprendió a un grupo de jóvenes en el atrio de la catedral demandando la libertad de los presos del FSLN, como parte de la campaña de cada año “Navidad sin presos políticos”. Las crónicas cuentan que entre los participantes estaban al padre Fernando Cardenal y otros miembros de las comunidades cristianas que años más tarde pasarían a integrarse a las filas de la guerrilla urbana. La dictadura somocista no impidió aquel acto de protesta; no capturó a sus participantes ni reprimió a los familiares de los guerrilleros en la cárcel. Este tipo de actividades en la Nicaragua de hoy serían impensables. Una muestra de ello es la feroz represión que sufren las familias de las personas desaparecidas.
Si se hace un recorrido en la lista de las personas desaparecidas por la dictadura Ortega-Murillo, uno se da cuenta que cualquier persona es susceptible de estar en la mira de la represión, y un día cualquiera, sin saber por qué, pueden llegar a tu casa agentes uniformados y no uniformados del régimen para llevarte con rumbo desconocido. En ese momento empezará el calvario de la persona desaparecida y de su familia. Es la desaparición forzada elevada a la categoría de política nacional, el conjunto de orientaciones del Estado para (tratar de) resolver sus miedos.
En el listado hay de todo: exmilitares que lucharon contra Somoza, dirigentes y activistas políticos liberales, exdiputados y aliados hasta hace muy poco de la dictadura, una abogada en derecho canónico, pequeñas empresarias, una exconcejala del FSLN, una administradora, un médico, una promotora cultural, un pastor evangélico, un artista plástico e incluso un maestro de primaria de un municipio remoto de Chinandega, entre otros. ¿Qué significa esta epicrisis social de la represión orteguista? Que la dictadura se ha vuelto enemiga de todo el pueblo y no al revés; porque es la dictadura la que ve enemigos hasta debajo de las piedras, aunque el pueblo llano, en cualquiera de sus expresiones, intente hacer una vida “normal” a pesar de las restricciones de sus libertades.
Esta animadversión de la dictadura hacia la población se confirma en los motivos explícitos y supuestos de las detenciones: por proponer un diálogo nacional (un delito de lesa majestad), por reingresar al país a pesar de la orden ilegal de destierro, por cumplir con el deber médico de atender a los heridos, por organizar a los exmilitares en retiro sin jurar lealtad a los codictadores, por renunciar a un cargo público o al puesto de maestro, o por publicar un comentario reconociendo el liderazgo espiritual de un obispo (un delito de lesa imperatrix contra la suma sacerdotisa). Es decir, la población que piense y obre por cuenta propia es culpable de vivir al margen de la granja en que se ha convertido Nicaragua. Cualquier sospecha es motivo suficiente para acabar en paradero desconocido, en un territorio donde la única ley es el capricho de los esbirros.
Una gráfica sencilla que relaciona personas apresadas por razones políticas y desapariciones forzadas revela un patrón que explica este comportamiento perverso. Si se toma en cuenta las detenciones ocurridas desde 2023, se puede observar una tendencia creciente que acompaña las capturas por razones políticas con la mayor cantidad de personas desaparecidas. Según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 30 de agosto de 2025 el 45% de las apresadas estaban en condición de desaparecidas. Es una barbaridad. Aunque solo se tratase de una sola desaparecida sería un escándalo. Pero aquí estamos hablando que la probabilidad de ser desaparecido por las fuerzas represivas de la dictadura es casi la mitad de las capturas.
Más aún. La gráfica indica que la brecha entre presos y desaparecidos tiende a irse cerrando, constituyendo un patrón de actuación. Es la lógica de la crueldad, el método de la brutalidad oculto detrás de los datos. Como se puede ver, la dictadura ha ido consolidando este modus operandi en una especie de ensayo-error en tres fases. En la primera, si retrocedemos a 2018, notaremos que en aquellos días las desapariciones tenían dos rasgos: eran temporales y estaban dirigidas a descabezar los movimientos subterráneos de la protesta. En la segunda, en 2021, fueron desapariciones más duraderas (entre 80 y 90 días), para desmantelar la oposición política que se preparaba para las elecciones presidenciales. La tercera y última, desatada en 2023, ha sido arbitraria, aparentemente sin lógica pero más despiadada porque ha prolongado el tiempo de desaparición y se ha cebado en prácticamente cualquier segmento de la sociedad. Hay personas, como Brooklyn Rivera, que llevan más de dos años desaparecidos, sin que hasta la fecha se sepa absolutamente nada él. En decir, en esta tercera fase se han endurecido las condiciones de desaparición, incluido el riesgo seguro de devolverlos muertos, como hicieron con Mauricio Francisco Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda y el preso miskito David Medaviz Castro.
Esta gráfica multiplica sus efectos en sus familiares. No es que solamente se les penalice por tener padre, madre o hijo desaparecidos. Es que se les persigue con igual bestialidad que a los prisioneros; en una especie de violencia vicaria inversa, se les acosa para que no denuncien, se les amenaza para que no se organicen, se les obliga a esconderse, se les presiona para que se vayan del país. El mejor ejemplo de ello es el calvario narrado en primera persona por doña Rosa Ruiz, madre de Yerri Estrada. Es una madre coraje de nuestros tiempos, invulnerable al desaliento, que ha alzado su voz contraviniendo el miedo y las precauciones que otros familiares han tomado con la expectativa de que a sus desaparecidos les den buen trato en sus cautiverios.
Porque hay que decirlo claro: estos comportamientos del Estado opresor se han ensañado con especial bajeza en las mujeres, que son las buscadoras de cada día, de cárcel en cárcel, de sus familias. Al igual que ocurre en México, Colombia y otros países, las mujeres se exponen al engaño de los carceleros que un día sí y otro también las hacen peregrinar de un centro penitenciario a otro, las someten a humillaciones, las obligan a desnudarse, las someten a vejaciones sexuales, para luego burlarse de ellas. Es la ley del escarnio que impera en el territorio sin ley de los penales de las dictaduras.
No son comportamientos casuales. Todo corresponde a una política deliberada cuyas orientaciones maestras han sido concebidas por las mentes más retorcidas de la tiranía y ejecutadas por seres desalmados. Buscan el silencio de las víctimas que los hace sentirse impunes, por eso las excarcelan bajo amenazas.
Callar o no callar es el asunto que nos interpela entre la voluntad y la realidad. Frente a un régimen tan inhumano como el orteguismo, realismo rima con omisión y omisión con consentimiento. La historia, y doña Rosa Ruiz, muestran que la voluntad de luchar es la única alternativa frente a los verdugos.
La denuncia alta y clara es el primer paso para derrotar una política de desaparición forzada que ha sido concebida sobre nuestro silencio, para que ni se nos ocurra volver a ocupar los atrios de las catedrales.
