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Brasil, Lula y la Amazonía

Los retos de Brasil en este mandato de Lula incluyen acabar con su pésima distribución de la renta e impedir la destrucción de su selva amazónica

Foto: EFE | Confidencial | Archivo

4 de febrero 2024

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Brasil juega en primera división en el tablero mundial. Es la undécima potencia económica con un PIB cercano a los 2 billones de dólares -equivalente al de México y Argentina juntos-; es el quinto país del mundo por extensión territorial, con 8,5 millones de kilómetros cuadrados -14 veces la Península Ibérica-; es el séptimo en población, con 214 millones de personas; y, yendo a la geopolítica, pertenece al G-20 y es miembro destacado de los BRICS, una asociación política compuesta inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica -y a la que se han incorporado con posterioridad Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía.

Brasil también es influyente en el mundo cultural iberoamericano. ¿Quién no conoce a cantantes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Joao Gilberto, Milton Nascimento, Maria Bethania…; arquitectos como Oscar Niemeyer, o cineastas como Glauber Rocha, Ruy Guerra y Fernando Meirelles? La lista sería interminable.


Ese gigante latinoamericano mantiene, sin embargo, dos retos enormes: en primer lugar está su pésima distribución de la riqueza y la renta. Según estimaciones oficiales, el 10% de su población concentra el 75% de la riqueza del país. El índice de desigualdad más utilizado, el de Gini, sitúa a Brasil como uno de los países más desiguales del mundo. Esa desigualdad extrema está muy relacionada con una pobreza que alcanza a un tercio de la población (31,6% en 2022).

El segundo gran reto es el medioambiental, con su epicentro en la deforestación de la Amazonía. Brasil ha perdido ya el 20 por ciento de su selva, una extensión que supera con creces a la de la Península Ibérica, y se está degradando aceleradamente un porcentaje aún mayor. Esto no sólo repercute severamente en la población indígena y en la biodiversidad, sino que tendrá graves consecuencias para todo el Cono sur pues, los “ríos voladores amazónicos”, que se forman por la evaporación del agua en el bosque tropical, fertilizan el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. Sin selva, dejarán de existir y de cumplir esa función vital para la producción agrícola y la vida de millones de personas. Y en fin, todo el planeta se verá afectado, pues la Amazonía emite entre un 9 y un 16 % del oxígeno mundial -hay controversia científica sobre esa cifra- y absorbe millones de toneladas de CO2 -si bien, en la actualidad, emite más CO2 que el que absorbe por las talas y los incendios: 98 mil en 2023.

En ese gran país, Lula tomó posesión de la Presidencia de la República el 1 de enero de 2023, lo que puso fin a la larga noche “bolsonarista” que provocó cientos de miles de muertes evitables durante la epidemia de la covid -debido, entre otros factores, al “negacionismo” que practicó su gobierno-; una pesadilla también por el aumento de la pobreza que se produjo en los años de su mandato y una pesadilla, en fin, porque en ese tiempo aumentó la desprotección en la selva y, así, su deforestación.

En su primer año de mandato, Lula ya puede mostrar un logro: Brasil goza del menor nivel de desempleo desde 2015 (el 7,7%). También está procurando algunos avances sociales con la puesta en marcha de programas que se habían semi-enterrado, como el Programa Nacional de Vacunación. Cabe confiar en que, al igual que en sus anteriores mandatos Lula logró reducir la pobreza -con programas como “Bolsa familia”- y redujo también, ligeramente, la desigualdad, habrá avances en este período. Ojalá sean más profundos y duraderos.

El reto amazónico

En la Amazonía, la buena voluntad de Lula para proteger los territorios selváticos puede sucumbir ante los poderosos intereses que se mueven en la región. Veamos: Lula ha nombrado ministra de Medio ambiente a Marina Silva, carismática defensora de la selva; se ha comprometido a alcanzar la deforestación cero en 2030; ha conseguido que algunos países ricos vuelvan a aportar fondos para la preservación; ha expresado su disposición a demarcar nuevas tierras que reconozcan la  propiedad ancestral indígena, con lo que quedarían más protegidas; y ha ordenado la expulsión de miles de garimpeiros (buscadores de oro) del territorio Yanomami.

Por otro lado, Lula convocó una Conferencia de presidentes de los países amazónicos en agosto de 2023, la cual reunió en Belém do Pará a ocho países: Brasil (con el 61% de tierra amazónica), Perú (con 11,3%), Bolivia (8,1) Colombia (6%), Venezuela (5,6%), y -con porcentajes menores-, Guyana, Ecuador y Surinam. La Cumbre emitió una declaración intachable en la que se habla de proteger la Amazonia, combatir la pobreza y las desigualdades, buscar “el desarrollo sostenible, armónico, integral e inclusivo”… y también de la participación activa y el respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los compromisos concretos y los recursos necesarios para ponerlos en práctica, han brillado por su ausencia.

En todo caso, al lado de las buenas intenciones, los intereses de la minería, las madereras, la ganadería y la agroindustria, las inmobiliarias y los especuladores de tierras tienen mayoría en el Parlamento. Allí domina la “bancada ruralista” y sus aliados bolsonaristas quienes, por ejemplo, van a considerar la propuesta de asfaltado de la carretera BR-319 que une Manaus y Porto Velho (casi mil kilómetros), “una infraestructura prioritaria para el desarrollo”, según los proponentes. Será difícil que pierdan la votación y es bien sabido que cuando una carretera atraviesa la selva se multiplica la deforestación. Lula ha declarado que esas obras podrían ser útiles si se fijan objetivos de sostenibilidad, pero el trazado de la BR-319 transcurre por una “tierra sin ley” donde la explotación ilegal de madera, la construcción de ramales ilegales, la deforestación y la especulación campan por sus respetos. Por si fuera poco, el Congreso dificulta la demarcación de territorios indígenas cuya propiedad está pendiente de reconocimiento. Así, la tierra de los Kawahiva del Río Pardo espera desde hace más de 20 años el fin del proceso de demarcación.

No hay mejor ejemplo de confusión entre “crecimiento” y “desarrollo” que considerar que la explotación descontrolada de la selva es positiva para la economía del país al beneficiar a empresas de los sectores mencionados, sin tener en cuenta los enormes costes que supone en la pérdida de masa boscosa, en la generación de lluvias, emisión de oxígeno, capacidad de absorción de CO2 y pérdida de la biodiversidad, por no hablar del daño causado a los pueblos indígenas. Confusión que sólo se explica por la ignorancia o por una maldad supina, sobre todo, cuando existe la alternativa de lograr una explotación sostenible con la participación de las comunidades originarias.

Brasil en el mundo

A las desigualdades y el despale de la selva cabe añadir un tercer reto para Brasil: encontrar su lugar en el mundo. Lo más destacado de Lula han sido las propuestas de paz para la guerra que siguió a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, en esta guerra, los intereses políticos, geoestratégicos y económicos presentes han sido demasiado poderosos frente a los buenos deseos de Lula. EEUU y Rusia han mostrado una falta de voluntad dramática para resolver el conflicto, sin dejar márgenes para que otros países lo intentasen. El resultado es la muerte de unas 400 mil personas entre los dos bandos en guerra y la falta de perspectivas de que ésta finalice pronto. Sería muy positivo que otros países siguieran la estela de Lula, sobre todo en la Unión Europea, aunque, hasta ahora, tanto EEUU al mando de la OTAN -junto a los intereses astronómicos que mueve el complejo militar industrial norteamericano-, como Rusia con Putin, lo han hecho imposible. La próxima reunión del G-20 se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) los días 18 y 19 de noviembre de este año. Tal vez esa sea la oportunidad de Lula para dejar su impronta en los retos que afronta el planeta y la humanidad en esa época. La esperanza es lo último que se pierde.

Y hablando de esperanzas, en lo que respecta a la Amazonía la mayor esperanza para parar su destrucción viene de las propias comunidades indígenas, las cuales, con sus generaciones jóvenes bien formadas, se están organizando para defender sus tierras. Que la comunidad internacional, gobiernos y organismos internacionales, apoye al gobierno de Lula para que se concrete esa buena voluntad mostrada hacia la conservación de la selva, es esencial pero no suficiente.

En un artículo anterior, “Impresiones de un viaje a la Amazonía brasileña” (enlace aquí) se habló de la necesidad de apoyar a las organizaciones indígenas, un apoyo que requieren, en primer lugar, para que se conozca y divulgue la situación tan vulnerable que atraviesan después de la “tormenta perfecta” que provocó la COVID, la desprotección de la selva por el gobierno de Bolsonaro, el cambio climático que ha llevado a una sequía sin precedentes -y a incontables incendios-, y la rapacidad del mundo que les rodea. Apoyo que necesitan también para el desarrollo de programas sociales adaptados a su realidad cultural y para que cuenten con servicios de salud adecuados, se traten los ríos contaminados y se protejan sus tierras. Y apoyo, en fin, para lograr un modelo de gestión económica y ambiental sostenible de sus territorios, dejando bajo su control la toma de decisiones. En el artículo citado se recogían algunas organizaciones indígenas que merece la pena apoyar.

En conclusión, hay que ayudar a que la Amazonía se libere de la “cultura do desmatamento” (deforestación) que tradicionalmente ha predominado. Los sueños del desarrollo sostenible han de hacerse realidad por el bien de los pueblos indígenas y de los demás habitantes de la Amazonía, por el de Brasil, por el de América Latina y por el de la humanidad.

*Artículo originalmente publicado en ladiaria.com.uy

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Manuel Iglesia-Caruncho

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en distintos puestos en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en Madrid y durante casi quince años en Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay.

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