29 de noviembre 2024
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Un presidente que intenta un golpe de Estado tras perder las elecciones; un grupo que planifica el asesinato del ganador presidencial en la casa del candidato perdedor a la vicepresidencia; un excandidato a concejal que arma bombas caseras para matar a un juez de la Corte Suprema. El fin de la temporada 2024 en la política brasileña está tan quente como el cierre de una serie de Netflix.
En tiempos de polarización política nos acostumbramos a la hipérbole. Hace dos años, ante el tumulto poselectoral que acompañó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió su tercer mandato presidencial al derrotar al entonces presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, se habló de amenazas a la democracia. Quizás algunos lo entendían como exageración.
Sin embargo, la evidencia de las investigaciones policiales que concluyeron esta semana muestran el profundo peligro que enfrenta la democracia brasileña. Se esquivó el golpe de Estado, sin embargo, un ataque contra la Corte Suprema este mes demuestra que la amenaza sigue latente, y que se dispersa en la capilaridad de las redes sociales y el discurso de odio que se fomenta ahí.
Abordémoslo por partes.
Intento de Golpe
Bolsonaro fue acusado formalmente por la Policía Federal de Brasil por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las acusaciones, que el expresidente niega, se basan en una investigación policial de dos años centrada en los eventos que precedieron al asalto popular a edificios públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023. En esa ocasión, miles de seguidores de Bolsonaro causaron estragos en la capital con el objetivo de generar condiciones para un golpe militar y derrocar al recién inaugurado gobierno de Lula.
El informe policial de 884 páginas, entregado el jueves a la Corte Suprema y aún bajo reserva, también acusa a 36 personas más, incluidos colaboradores cercanos a Bolsonaro. Es la primera vez que un presidente elegido en democracia es acusado de conspirar contra el orden institucional brasileño.
La investigación identifica seis focos de trabajo criminal: Centro de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral; Unidad Encargada de Incitar al Personal Militar a Participar en Golpes de Estado; Centro Jurídico; Centro de Apoyo Operativo a Acciones Golpistas; Centro de Inteligencia Paralelo; Centro Operativo para el Cumplimiento de Medidas Coercitivas.
La Policía Federal hizo públicos los nombres de los acusados el jueves. La lista incluye al exministro de Defensa y candidato a vice de Bolsonaro, Walter Souza Braga Netto; el exjefe del Ejército, el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; el presidente del Partido Liberal de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el asesor en temas internacionales, Filipe Martins; y el general Augusto Heleno, asesor en temas de Seguridad. La lista también incluye a un argentino, el estratega digital libertario Fernando Cerimedo.
Operación puñal verde y amarillo
Algunos de los acusados en la investigación del intento de golpe de Estado también están vinculados a un complot aún más oscuro que se reveló esta semana: un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes en 2022, antes de que asuma el Gobierno petista. El plan, conocido como “Operación puñal verde y amarillo”, apuntaba a envenenar a Lula aprovechando su saludad vulnerable. El plan también contemplaba el uso de explosivos para tomar el poder, según la investigación.
El martes, la Policía Federal detuvo a cinco personas —cuatro militares y un policía— acusadas de planificar el asesinato con lujo de detalles. Según la investigación, el plan fue desarrollado en la casa de Braga Netto. Uno de los detenidos, el general retirado Mário Fernandes, exsecretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia de la República, tenía en su posesión el plan impreso en el Palacio de Planalto, sede presidencial.
Los cuatro militares pertenecen a las fuerzas especiales del Ejército brasileño, los llamados Kids pretos. La conspiración, supuestamente, contemplaba la conformación de una oficina de manejo de “crisis institucional”, que sería controlada por los golpistas tras los asesinatos.
Evidencia aportada por el teniente coronel Mauro Cid, el exasistente personal de Bolsonaro que aceptó colaborar con la Policía tras meses en prisión preventiva, indicaría que el entonces presidente habría autorizado llevar a cabo el operativo hasta fines de diciembre de 2022.
Según declaraciones de Cid, registradas en un audio de noviembre de 2022, apenas días después de que Bolsonaro perdiera la segunda vuelta electoral, el expresidente estaba siendo presionado por grupos interesados en evitar que Lula asumiera la presidencia. No obstante, Bolsonaro ha negado rotundamente su participación en cualquier plan de asesinato o golpe de Estado. “En Presidencia había más o menos 3000 personas en ese edificio. Si a un chico se le ocurre algún tipo de negocio, ¿qué tengo que ver yo con él? Discutir conmigo un plan para matar a alguien, eso nunca”, afirmó el exmandatario el viernes a la revista Veja. Según Bolsonaro, lo único que le consultaron fue sobre la posibilidad de implementar un estado de sitio, una medida constitucional que hubiera requerido la aprobación del Congreso.
Bolsonaristas, molestos, dicen que las facciones castrenses presionan a Cid para culpar al expresidente y proteger la honra de las Fuerzas Armadas.
¿Y ahora qué?
Las nuevas acusaciones criminales contra Bolsonaro se suman a un largo número de cargos. Entre otras cosas, el expresidente ha sido acusado de fraude en el certificado de vacunación contra la covid-19, apropiación de regalos que recibió de mandatarios extranjeros, y abuso de poder para promover su candidatura y sembrar desconfianza en el sistema electoral brasileño.
Estos casos podrían resultar en penas de prisión o detención domiciliaria para el exmandatario, quien ya fue inhabilitado judicialmente para ocupar cargos electivos hasta el 2030, quitándolo de la carrera presidencial en 2026. Los casos más graves serán juzgados por la Corte Suprema, un organismo que ha sido blanco de críticas por parte de la derecha brasileña, que lo acusa de actuar políticamente en su contra.
Mientras tanto, algunos analistas sugieren que Bolsonaro podría enfrentar medidas cautelares adicionales, como arresto domiciliario o el uso de una tobillera electrónica. Actualmente, ya tiene prohibido viajar al extranjero por órdenes judiciales.
A principios de este año, una investigación del New York Times reveló que Bolsonaro se refugió clandestinamente en la Embajada de Hungría durante dos noches en febrero, lo que podría haber sido parte de un plan para solicitar asilo político ante las crecientes acciones judiciales que enfrenta.
Algunos aliados de Bolsonaro han propuesto una amnistía para personas involucradas con el asalto a los edificios públicos de Brasilia, una medida que podría extenderse al propio expresidente. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones presentadas esta semana pone en duda la viabilidad política de esta movida.
Se espera que el caso del intento de golpe sea tratado por la Corte Suprema en 2025, para evitar superponerse con el calendario electoral de 2026. Mientras tanto, los partidos de derecha luchan por captar el apoyo de los votantes bolsonaristas, huérfanos de liderazgo político.
No es normal
El Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos fue clave para defender el voto y evitar un golpe de Estado en Brasil hace dos años, ya que presionó fuertemente a las Fuerzas Armadas brasileñas en defensa de la democracia. Esta campaña que rindió frutos: fortaleció la convicción de facciones castrenses que resistieron sumarse a la conspiración golpista detallada en la investigación policial esta semana. Esta parte de la ecuación cambia ante el nuevo Gobierno en EE. UU. y podría presentar una nueva vulnerabilidad para la democracia brasileña.
Es tentador categorizar todo este asunto como las extravagancias de una facción autoritaria. Bolsonaro, un exmilitar con una larga trayectoria de elogios hacia regímenes autoritarios y expresiones de admiración por las dictaduras en Brasil. En 2016, cuando era legislador, apoyó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, dedicando su voto al coronel responsable de torturarla durante la dictadura militar.
Sin embargo, el golpismo va mucho más allá del círculo cercano de Bolsonaro y las facciones militares que lo respaldaron. Al igual que las ultraderechas en otros países, promueve un discurso de odio alimentado por estrategias digitales que tienen consecuencias peligrosas en la vida real.
“Por repugnante que pueda ser pensar en matar a alguien, no es un crimen”, señaló esta semana Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, en relación a Operación Puñal Verde y Amarillo.
Son violencias verbales, que empujan a otros a violencias físicas.
“Han multiplicado esta forma de pensar y de actuar; han crecido y cuentan con personas que lo aceptan, ¿no? Así, no necesitan ensuciarse las manos directamente: alientan a quienes lo hacen”, le cuenta a Cenital la periodista Bianca Santana, quien fue amenazada por Bolsonaro durante su presidencia. “Es muy grave y peligroso porque está profundamente arraigado. Es una amenaza para la democracia brasileña, con un núcleo que incluye al expresidente y a los ministros, pero que se expande hacia sus seguidores. Este bolsonarismo está altamente radicalizado y se extiende por todo Brasil”.
La semana pasada, un excandidato a concejal bolsonarista detonó un explosivo casero frente al edificio de la Corte Suprema en Brasilia. Habría intentado entrar y, al no poder, se acostó sobre el explosivo. La detonación terminó con su vida. Otra bomba que llevaba en su auto explotó esa misma noche. Su exesposa asegura que estaba obsesionado con de Moraes, el juez que lidera investigaciones sobre discursos de odio en redes y es demonizado por la derecha brasileña.
En la propiedad del atacante, la policía encontró una gorra que rezaba: “Brasil encima de todo. Dios encima de todos”.
*Artículo publicado originalmente en Cenital.
