Atol con el dedo, ¡no!

El proceso de negociación actual es la única tabla de salvación que por ahora tiene el pueblo de Nicaragua para superar la crisis impuesta por la dictadura. La negociación, sin embargo, ha entrado en una fase resolutiva que puede significar su fracaso definitivo o conducir a su éxito para el bien de todos. De ahí la importancia de leer políticamente con atención lo que está ocurriendo.

1. Tenemos que reiterar que, nos guste o no, las circunstancias pusieron en manos de personeros de la Alianza Cívica la representación de la voluntad del pueblo para la búsqueda de una solución negociada a la crisis. Lo que no debe entenderse como si se tratase de la representación efectiva de los sectores populares y de la defensa de sus intereses. Es decir, la  Alianza es el instrumento  surgido de las circunstancias históricas que negocia incluso en representación de nosotros, aunque su composición y misión actual junto al gobierno haya sido designada por los banqueros con la anuencia de la Embajada Norteamericana. Por tanto, de manera consciente debemos darles todo nuestro respaldo ciudadano bajo la única forma posible: apoyo crítico.

2. Los últimos acuerdos firmados por el Gobierno y la Alianza Cívica deben ser motivo de alarma nacional e internacional si de verdad queremos dar pasos firmes y de largo aliento, en vez de parches a una grave situación. El obispo Álvarez recoge de manera sencilla la voz de alarma respecto de estos últimos acuerdos, cuando dice que “quieren darnos gato por liebre”. En efecto, esta es la encrucijada: farsa o negociación verdadera.

3. Si usted lee con atención y sentido de responsabilidad los últimos documentos firmados sobre los presos políticos y los derechos ciudadanos, con frases que generan preocupación e inquietud:

“...instar el cumplimiento...”; “instar a que las autoridades cumplan...”; “instamos a las autoridades se tomen las medidas...”; “se insta a las autoridades judiciales...”; “recordamos…que las autoridades” etc.

De fondo y forma,  los acuerdos claves se traducen así en una plegaria, un ruego a las autoridades estatales y un deseo de “buena voluntad” desde un salón del Incae y una mesa de negociación sin autoridad formal.

4. En la misma línea, y aunque parezca increíble nuestros negociadores proclaman junto a la dictadura, que el ejercicio de nuestros derechos inalienables a la concentración, manifestación y movilización pacífica quedarán sujetos a autorización de la Policía. ¿Desde cuándo y en qué parte del mundo democrático, corresponde a la policia “autorizar el ejercicio de este derecho”? Se trata de un derecho politico ciudadano inalienable e irrenunciable que los negociadores ponen en mano de una policía, brazo ejecutor de la violencia y los crímenes contra el pueblo. Además, como si fuera poco, tenemos además que agradecerle a la dictadura y los negociadores que  “se reconoce el derecho a la utilización respetuosa de la bandera...” ¡habrase visto!

5. El punto 4 de los mencionados acuerdos que se refiere al desarme de los paramilitares (aunque no se les mencione directamente) es quizás el punto más irresponsable e ingenuo. El acuerdo insta a la policía (sí, a esta Policía partidaria) a que “tome medidas para asegurar el desarme”. Los mandos policiales, que son los mismos de los paramilitares y quienes les armaron, deben estar muertos de risa.

6. Los amigos de la Alianza, y los banqueros, en particular deben estar absolutamente claros que este es un asunto vital de la negociación. En efecto, de muy poco o de nada servirían los mejores acuerdos políticos sobre el papel (ya lo vimos el sábado en Metrocentro), si la policía actual no pasa por un proceso de depuración, y si los cuerpos paramilitares, organizados a los largo y ancho del país, no son desarmados de manera efectiva.

Lo que se impone en este caso, por lo menos, es una Orden o Decreto del Ejecutivo, firmado por el Presidente, ordenando el desarme inmediato, orientando el involucramiento del Ejército en esta tarea.  Desde luego, su complemento esencial incluiría la designación expresa del organismo o fuerza internacional que velaría por la ejecución, verificación y cumplimiento de dicho acuerdo. De forma parecida a lo que tuvo que hacerse en 1990. Es ridículo y jugar con la inteligencia de los ciudadanos al  mezclar este asunto tan serio con las armas que legalmente portan los ciudadanos.

7. Si queremos que esta negociación no fracase desde ahora es indispensable la solución de la más importante y prioritario de todos los acuerdos: La libertad inmediata de todas las presas y presos políticos. Sin embargo, los acuerdos firmados subordinan el cumplimiento de este objetivo a que se proceda: “...de conformidad con la legislación vigente”. Queda claro para un lector responsable que en ningún momento se establece ni se reconoce de manera implícita por lo menos, el punto de partida imprescindible en este caso, a saber, que el aparato judicial actual y las leyes pertinentes en este caso, forman parte del brazo represivo oficial de la dictadura. No se trata de la legislación vigente en una democracia representativa y con división de poderes. Se trata de un orden judicial en donde los jueces actúan como verdugos y en el que la ley no es más que un instrumento político y de represión. Como han dicho los obispos, lo que cabe es: “la salida ya de los presos”. Basta con exigir de las instancias pertinentes declarar nulo de nulidad absoluta lo que nunca debió haber ocurrido, en vez de retener a una parte de ellos( los ya juzgados) para encubrir más adelante una indeseable amnistía.

8. Un examen más detallado (que no se puede hacer en este espacio) de los acuerdos nos impondría una más rigurosa fiscalización ciudadana. Sin embargo, por ahora solo queremos llamar la atención a los amigos de la Alianza para que humildemente comprendan que estos señalamientos críticos no pretenden debilitarla. Todo lo contrario. Una ciudadanía crítica y activa es un requisito de la sociedad democrática a la que aspiramos. Deseamos que estas negociaciones, presida por ellos, alcancen rápidamente el éxito para beneficios de toda Nicaragua. Pero debe entenderse más allá de toda duda que en la mesa no alcanzarán lo que no se empuje desde la fuerza de la calle y el vigor de la plena movilización ‘azul y blanco’. El dictador lo sabe bien, por eso no le importa violentar hoy lo acordado ayer, siempre y cuando ello impida la protesta ciudadana.

En definitiva, la crudeza de los hechos de este fin de semana nos impone rectificar para que la mesa de negociación no se convierta en una farsa a conveniencia del dictador. Los acuerdos allí alcanzados deben ir más allá del simple recordatorio y llamado a unas autoridades podridas y corruptas. Solo debe acordarse aquello que conlleve un verdadero y efectivo instrumento restrictivo de todos los aparatos de represión (estales y para-estatales), y que garantice el ejercicio real de los derechos de la ciudadanía. Sólo de esta forma la Alianza Cívica será fiel a la exigencia popular de justicia, libertad y democracia.