Al ritmo del cangrejo

La Justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje (de la sentencia arbitraria), aún no se había sentado en el entendimiento del juez… (Don Quijote, Parte I, cap. XI).

La denuncia pública de la junta directiva de Los Pipitos que Fundación Teletón pretendía quedarse con sus dineros y bienes muebles e inmuebles enardeció a quienes cada año aportamos lo que podemos en beneficio de miles de pipitos y pipitas. Esa discrepancia fue expresada por muchos en sus entornos familiares y laborales, trasladándola a nivel internacional por los medios de comunicación y las redes sociales. El principal argumento de los inconformes es que no se necesita ninguna ley para saber que no te debés adueñar de lo que no es tuyo. Sin embargo, el caso pasó de la denuncia pública al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de Nicaragua (MIGOB), instancia que esperábamos se encargaría de solucionarlo.

El pasado 7 de septiembre este Departamento ordenó a Teletón la entrega a Los Pipitos del total de la colecta obtenida en 2017 y los bienes muebles e inmuebles, resolución que causó gran alivio a quienes estábamos pendientes del asunto, pues nos preocupaba que la decisión saliera retorcida. Pero el alivio fue de escasa duración, pues para sorpresa general, caducó trece días después, cuando el 20 de septiembre el mismo Departamento del MIGOB emitió otra resolución revocando y dejando sin efecto la del 7 de septiembre, arguyendo que no es de su jurisdicción y competencia resolver conflictos de origen civil, y mandó a las partes en conflicto a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Tal regresión legal no fue accidental. Tal aberración surgió después que el representante de Teletón recurrió de revisión y alegó incompetencia en contra de la resolución dictada por ese Departamento. Esta decisión, en la que el absurdo se carcajea de Nicaragua entera, nos obliga a preguntar al ministro del MIGOB por qué en esa instancia -que ahora aduce carecer de competencia y no tener jurisdicción ministerial- aceptaron el caso; cómo explica que una resolución en la que su burocracia empleó cinco meses se la hayan tirado a la basura en menos de 24 horas.

No me extrañará que la instancia legal a donde sea llevada esta querella determine que ambas organizaciones deban distribuirse los bienes entre sí. Ojalá esté equivocado. En lo que no lo estoy es en la evidente incompetencia de asesores y asesoras legales de ese Departamento del MIGOB –cuyos salarios pagamos con nuestros impuestos- por lo que lo menos que debe hacer la dirección superior del MIGOB es destituirlos de inmediato. No se vale justificar con el viejo cuento que el error es humano, y que la Justicia es ciega. La Justicia en Nicaragua no merece que sea llevada al ritmo del cangrejo.