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Abuso sexual y embarazo

Hace falta que se reconozca que el abuso sexual es un problema multifactorial y que requiere de atención conjunta desde diferentes sectores sociales

31 de agosto 2016

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El abuso sexual es una condición perversa que cotidianamente viven niñas, niños y adolescentes, la mayoría de veces ocurre en lugares que se consideran seguros y de protección para ellas y ellos, como la casa, la escuela, la iglesia. Asimismo, casi siempre es cometido por un familiar, persona cercana o conocido, que manipula el afecto, la confianza y abusa de su poder y autoridad, como parte de su estrategia de abuso.

Los factores antes mencionados son determinantes para que el abuso sexual se puede prolongar durante períodos de semanas, meses y años, además de los mitos que sustentan y cobijan su ocurrencia, llegando a hacerlo no creíble cuando se revela; siendo precisamente esta una de las razones por las que niñas, niños y adolescentes se preocupan más por guardar este secreto tan perverso, aun cuando ya no está ocurriendo el abuso.


Las secuelas traumáticas son tan duras como diversas y muchas veces incomprensibles para la familia, para las instituciones y para la sociedad. Una muy grave posible consecuencia del abuso sexual es el embarazo forzado, que ha colocado a Nicaragua con la tasa más alta de Latinoamérica en niñas de 10 a 14 años y que según el Ministerio de Salud –MINSA– se debe a que: 1). Las niñas están iniciando relaciones sexuales cada vez más temprano. 2). Las madres no cuidan a sus hijas. 3). Las madres no están hablando con sus hijas de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos.

Esto deja en claro que, para el gobierno son las niñas, las adolescentes y sus madres las culpables de los embarazos forzados que presentan, invisibilizando así la ocurrencia del delito sexual que ha provocado ese embarazo, pues según el Código Penal (Ley 641) especifica en su Arto. 168, se considera violación a menores de catorce años: “Quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por persona menor de catorce años o quien con fines sexuales le introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince años de prisión.

Más grave es aun que en Nicaragua se penalice toda alternativa de interrupción del embarazo, negando así a las niñas y adolescentes el derecho a decidir sobre su cuerpo, exponiéndolas a diversos riesgos ya que, según la voz de médicas y médicos, su cuerpo aun no alcanza el desarrollo necesario para el embarazo y el parto.

Durante muchos años he atendido a niñas y adolescentes que han sido abusadas sexualmente y presentan un embarazo forzado. Es doloroso que una niña de 12 años me diga llorando con angustia, “quitame esto, yo no quiero”; es muy cruel que una adolescente de 14 años, abusada por su padre desde los 9 años, me diga entre el llanto, el enojo y la desesperación, “sáquemelo, quítemelo que no lo quiero” mientras se golpea con sus puños.

También he acompañado en la consulta a la mujer de 25 años, madre de un niño de 13 y que me refiere sus contradicciones emocionales y afectivas (que son parte de la secuela traumática), porque ella fue abusada por su tío desde los 8 años y cuando su mamá se enteró del embarazo “me pegó para que le dijera de quién era, me sacó de la escuela y ya no volví a estudiar, parí y yo no le quería dar el pecho, no lo quería cargar y mi mama me pegaba para que lo aceptara. Yo no podía porque siempre sentí odio por él, sentía asco de aquel hombre y nunca he podido sentir nada bueno por ese niño. Pero también siento que voy a tener un castigo, porque no he sido madre para ese niño, la mama ha sido mi mama, yo nunca he querido que se me acerque”.

Juzgar y condenar a niñas y adolescentes por esto es abominable, porque solamente ellas saben cómo lo viven y cómo lo sufren, cómo después de sentir culpa por el abuso sexual, sienten culpa por no haberlo dicho, por rechazar el embarazo y al nacido, porque es la expresión más concreta de lo que han vivido y que les hace sentir la posesión más absoluta del abusador sobre ellas, porque esa maternidad forzada les va a durar toda la vida.

Como parte de esta secuela se agrega la discriminación que viven, porque el embarazo es una evidencia que se hace pública, es una vergüenza para ellas que les hace sentir más culpables porque la vergüenza se extiende a la familia, y la comunidad comenta, el colegio ya no la acepta entre su grupo de alumnas.

Ya no “puede” seguir estudiando, tiene que cuidar a su hijo/a, son algunas de las expresiones que se escuchan y que solamente definen la condena para esa niña y adolescente. En el 2014, el Movimiento contra el abuso sexual realizó el Diagnóstico Visión de las y los adolescentes sobre el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes; en el estudio se exploró su visión sobre el embarazo de las adolescentes y el 94.32% valoró que ellas tienen derecho a continuar estudiando, reconociendo asimismo, que no están preparadas para la maternidad y que requieren de apoyo para continuar su vida.

Esto es una buena noticia, ahora hace falta que efectivamente haya una política de atención a la problemática de abuso sexual de niñas y adolescentes, que contemple procedimientos enmarcados en sus propios derechos, no en los mitos que restringen y culpabilizan a las niñas y adolescentes. Hace falta entonces que el MINSA cambie su visión del problema y que visibilice el delito sexual como causa del embarazo en niñas de 10 a 14 años. Es necesario que las/os diputadas/os de la Asamblea Nacional se desprendan de sus temores o de sus propios intereses y simpatías, para cumplir con la responsabilidad de protección a las niñas y adolescentes que les compete, restableciendo el derecho a decidir sobre su cuerpo, cuando presentan un embarazo forzado.

Hace falta que se reconozca que el abuso sexual es un problema multifactorial y que como tal requiere de una atención conjunta desde los diferentes sectores sociales, el Estado por sí solo siempre va a tener un papel limitado y por tanto sin los resultados deseados y necesarios.

En el 2015 se anunció que las niñas y adolescentes embarazadas debían ser aceptadas en las aulas de clase, sin tomar en cuenta que las familias van a mandar a sus hijas a no juntarse con esa niña o adolescente porque “se le puede pasar” o aprender cosas que no debe y a partir de esto surge la estigmatización y la discriminación. Por eso considerar que esto es una respuesta al problema es tener una visión limitada del mismo, en tanto no se ataca el origen, no se hace prevención del abuso sexual, no se persigue a los delincuentes que las embarazaron y no se reconocen los derechos de estas niñas y adolescentes a no vivir un embarazo y una maternidad forzada.


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Lorna Norori

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