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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio el primer paso formal para consumar un nuevo parche a la Constitución Política de Nicaragua. El plenario de la Asamblea Nacional remitió a una Comisión Especial de Carácter Constitucional la Iniciativa de Reforma Parcial, que busca “elevar a rango constitucional” las inhabilitaciones contra la oposición y establecer un período presidencial de “7 años renovables”, aumentando un año más el mandato que ya se había extendido en la Constitución “Chamuca”, publicada en 2025.
La Asamblea informó en redes sociales que la “consulta” se realizará a partir del martes 28 de julio de 2026 y durante todo agosto, porque desean aprobarla en los primeros días de septiembre, según adelantó el diputado del Frente Sandinista y presidente del Parlamento, Gustavo Porras.
La maniobra legislativa ocurre menos de 24 horas después de que la Cancillería realizó un “encuentro amistoso” con el cuerpo diplomático para matizar la orden de que en el país “no volverá a haber elecciones”, dada por Ortega el 19 de julio de 2026.
En la cita, Porras, insistió ante los embajadores que “sí van a haber elecciones”, pero detalló los tres ejes de la reforma que garantizan un proceso sin competencia y la extensión del poder de la pareja dictatorial.
La Asamblea aún no publica el proyecto de la reforma enviada a Comisión, pero estos son los cambios que Porras ha adelantado:
1. Período presidencial de siete años renovables
En la exposición de motivos ante el plenario, Porras leyó: “Nuestro sistema de Estado y gobierno del pueblo presidente propone ordenarse con periodos efectivos de 7 años renovables, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables”.
En la víspera, ante el cuerpo diplomático, Porras ya había comentado que la duración del mandato era un tema “en discusión” entre esquemas de 4, 6, 7 o 10 años. “Hay países que tienen 10 años, hay otros países que tienen 7. Hay bastantes Países que tienen 7. Hay otros países que tienen 6 años (…) Nosotros habíamos pasado de 5 a 6, en una Reforma Constitucional del año pasado (2005)”, dijo.
La propuesta de ampliación a siete años es un nuevo zarpazo a la duración del mandato presidencial. En la reforma constitucional de finales de 2024 —promulgada en febrero de 2025— la dictadura ya había extendido el periodo de cinco a seis años. Aquel cambio pospuso la fecha de las elecciones nacionales de su calendario original de noviembre de 2026 hacia 2027, un plazo que ahora el régimen busca estirar nuevamente para postergar la cita electoral.
2. “Muro” constitucional a candidaturas opositoras
En palabras de Porras, la enmienda también busca “elevar a rango constitucional” las prohibiciones para optar a cargos de elección popular o de designación ejecutiva. Según el diputado, quedarán inhabilitados quienes hayan participado, financiado o estado vinculados “directa o indirectamente” a las protestas de 2018 (que el régimen tilda de “golpe de Estado”), y también quienes hayan respaldado sanciones internacionales contra la dictadura.
“Esa es la propuesta, darle fuerza, establecer ese muro constitucional para que alguien no pueda ser candidato de algún cargo en Nicaragua”, admitió Porras durante la reunión del lunes con las misiones extranjeras, tras asegurar que buscan evitar la aparición de “personajes construidos de la noche a la mañana”.
La pretensión de elevar el “muro constitucional” busca blindar un mecanismo de exclusión que la dictadura ya aplicó antes. En diciembre de 2020, el régimen aprobó la Ley 1055 (“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo”), bajo la cual encarceló a todos los precandidatos opositores en las elecciones de 2021. Posteriormente, en la reforma constitucional de febrero de 2025, el régimen incorporó de forma general estas prohibiciones a la Carta Magna.
- El inciso 1) del artículo 122 de la Constitución “Chamuca” ya indica que no podrán ser candidatos a copresidente o copresidenta: “Quienes encabecen o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional”.
- El inciso 4) también inhabilita a “quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la presente Constitución Política”, mismos que rechazan la “injerencia extranjera”, los intentos de “golpes de Estado” y la “traición a la patria”, cuya determinación depende de la dictadura y bajo la cual han encarcelado, desterrado y despojado de su nacionalidad a cientos de nicaragüenses, sin derecho a la defensa.
3. Poder al CSE para anular partidos y candidatos
Las reformas adelantadas por Porras también modificarían las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) para otorgarle la facultad explícita de “denegar personalidad jurídica” a los partidos políticos que intenten inscribir a personas inhabilitadas por la Constitución, o bien cancelar directamente las candidaturas que incumplan con los vetos del régimen.
El cambio terminaría de institucionalizar una práctica que el CSE ya ha ejecutado. En los procesos electorales de 2016 y 2021, el tribunal electoral descabezó a partidos de oposición retirándoles la personería jurídica e incluso destituyó a bancadas completas de diputados opositores.
La Constitución “Chamuca” ya refrendaba entre las atribuciones del CSE el “otorgar o cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos en los casos que regula la ley”. Igualmente, la reforma a la Ley Electoral, aprobada en marzo de 2025, estableció entre las causas de cancelación:
- Participar en actos que el régimen califique como “atentados a la soberanía”, apoyo a sanciones o “golpismo”.
- Postular a personas afectadas por las prohibiciones constitucionales o legales.
“Control de daños” ante el cuerpo diplomático
La prisa de la Asamblea para remitir la iniciativa a comisión ocurre tras el revuelo provocado por la consigna de Ortega contra las elecciones. Ante diplomáticos de países aliados, de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Porras reconoció estar “claro de que esa es la preocupación”.
“Sí van a haber elecciones. Sí hay elecciones (…) elecciones del pueblo nicaragüense, para el pueblo nicaragüense y para la realidad y la historia del pueblo nicaragüense. Y eso lo queremos dejar garantizado: ¡Van a haber elecciones!”, dijo Porras, al insistir en la reinterpretación del polémico anuncio de Ortega.
Desde la Asamblea, controlada en su totalidad por el Frente Sandinista y sus partidos aliados, Porras empuja el nuevo parche a la Constitución “Chamuca”.
Apenas año y medio después de haber alterado el 93% de la Carta Magna, en febrero de 2025, el régimen utilizará la Comisión Especial para preparar el dictamen que le permitirá aprobar su segunda enmienda constitucional en dos años.
Impregnado en su rol de “moderador”, Porras exhortó al cuerpo diplomático: “a transmitir la tranquilidad, la decisión soberana, la explicación, podemos llamarla, de que en este país van a haber elecciones como siempre han habido en los últimos años”, obviando los fraudes electorales documentados desde 2008, con los cuales la dictadura se hizo progresivamente con el control de las 153 alcaldías del país y se ha atornillado en el poder desde 2007.
