26 de septiembre 2023
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El secretario de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, aprovechó su intervención durante la 78° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para solidarizarse con el pueblo de Nicaragua y abogar por un diálogo diplomático que allane el camino hacia la salida de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.
“Nuestros pensamientos están con Nicaragua”, advirtió el arzobispo Gallagher durante su intervención en la asamblea. “La Santa Sede espera entablar un diálogo diplomático respetuoso para el bien de la Iglesia local y de toda la población”, agregó.
En los últimos años la dictadura de Daniel Ortega ha emprendido una verdadera cruzada contra la Iglesia católica. Actualmente mantiene a ocho sacerdotes como presos políticos: tres están condenados por delitos fabricados en juicios sin derecho a la defensa; dos están bajo “seminario por cárcel”; dos están encarcelados en Managua y de uno aún no se ha confirmado ubicación exacta.
Ortega también ha quitado la nacionalidad a varios sacerdotes y expulsado del país a cerca de 60 líderes religiosos, ha restringido las actividades en la mayoría de las parroquias del país y congelado las cuentas bancarias de la Iglesia católica argumentando una supuesta investigación por lavado de activos.
En marzo pasado el régimen suspendió relaciones diplomáticas con el Vaticano, luego que el Papa Francisco calificó como una “dictadura hitleriana” al régimen sandinista en Nicaragua, de cuyo máximo dirigente, Daniel Ortega, opinó —“con mucho respeto”— que padece “un desequilibrio” mental.
Régimen ignora crisis actual
Desde entonces, el régimen nicaragüense se ubica cada día más lejos de la salida de la crisis. El canciller Denis Moncada ni siquiera mencionó el tema durante su intervención en la Asamblea General. Se limitó a exigir nuevamente a la ONU que haga cumplir un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Estados Unidos, incluyendo una antigua indemnización superior a los 12 000 millones de dólares, por los daños causados al financiar la guerra de la Contrarrevolución en la década de 1980.
"Exigimos a Naciones Unidas hacer cumplir el mandato de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 1986 sentenció a los Estados Unidos a reconocer a Nicaragua, al menos en parte, los costos de la destrucción, la agresión permanente (...) durante la demencial y revanchista guerra impuesta a nuestro país, en lo que se llamó la Contrarrevolución", dijo el canciller nicaragüense.
La reclamación de la indemnización, ordenada el 27 de junio de 1986 en una sentencia de la CIJ, fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero el régimen de Ortega ha vuelto a insistir en cobrar la millonaria cantidad, en el marco del 37 aniversario de ese fallo.
Desde 1991 Estados Unidos ha dado por cerrado el caso de la indemnización, que en 37 años únicamente ha sido reclamada por Ortega.
