17 de marzo 2025
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Al menos diez sacerdotes nicaragüenses fueron obligados a enviar fotografías y detallar sus planes semanales a oficiales de la Policía Nacional, quienes sin orden, les impusieron estas supuestas “medidas cautelares”, revela un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW).
Las medidas de control fueron activadas después de recibir una visita policial en la que también les prohibieron movilizarse a otro municipio o departamento, sin previa autorización.
“El martes 27 de agosto de 2024, agentes de policía encabezados por el capitán Wilber Montenegro Martínez llegaron a la rectoría de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde procedieron a interrogar y tomar fotografías al padre Luis Eduardo Benavides”, detallan.
Al sacerdote, “se le informó que, a partir de ahora, la Policía lo visitaría todos los martes para entrevistarlo y tomarle una fotografía. Señalaron que las medidas cautelares eran el resultado de una orden de Managua”. Benavides huyó a Honduras en las primeras horas del día siguiente ante el temor de ser encarcelado.
La medida fue aplicada a otros nueve sacerdotes. En cada caso, denuncian, al religioso se le asignó un policía y le ordenaron enviarle una foto semanal e informarle sus planes para la semana.
“A algunos se les advirtió que, si no acataban las medidas cautelares, serían detenidos o desterrados”, detalla el informe Control Total: La Erradicación de las Voces Independientes en Nicaragua, divulgado el 3 de marzo de 2025 por CSW, una organización de derechos humanos especializada en libertad religiosa.
Ordenan a pastores evangélicos “moderar” sus sermones
Los líderes evangélicos también son víctimas de acoso y restricciones por parte de la Policía, denuncia CSW. En agosto de 2024, un pastor de Estelí fue abordado a primera hora por agentes policiales, quienes le dijeron que “no les gustaba su tono en los videos transmitidos por las en redes sociales y lo amenazaron con detenerlo si no cambiaba ese tono y el contenido de sus sermones para ser ‘más amigable’ con el Gobierno”.
“Se advierte a los líderes religiosos que no hablaran ni rezaran sobre temas específicos. Predicar sobre la unidad o la justicia u orar por líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país”, señalan.
También conocieron del caso de un matrimonio protestante, quienes son pastores, que fueron detenidos por un oficial de alto rango de la Policía Nacional. Durante el arresto fueron interrogados por separado y “fueron sometidos a un trato inhumano, incluso en el caso de la esposa, de naturaleza sexual”.
En este caso se les dijo que eran detenidos “por haber orado por Nicaragua y por Israel en sus servicios religiosos” y al liberarlos les cerraron su templo y “se les ha prohibido participar en cualquier actividad de naturaleza religiosa”.
En octubre de 2025 —continúan— un oficial llegó en una patrulla a las 4:30 a. m. a una iglesia evangélica en Managua e interrogó al pastor sobre una reunión mensual de oración de hombres prevista para las 5 a. m. de ese mismo día. “El oficial permitió que se llevara a cabo el evento, pero colocó a un oficial de policía dentro para grabar el evento y a otros oficiales afuera para controlar quién entraba y salía de la iglesia”.
Vigilancia encubierta
La organización denuncia que la Policía Nacional realiza vigilancia permanente, tanto abierta como encubierta, de actividades religiosas católicas y evangélicas en Nicaragua.
“Denunciaron con frecuencia la infiltración y el uso de informantes en congregaciones de todo tipo, para vigilar e informar sobre el contenido de sermones, oraciones y otras actividades, lo que indica que el gobierno ve a las comunidades religiosas o de creencias con creciente sospecha y las vigila de forma activa y sistemática”, alertan.
Asimismo, los oficiales les dieron órdenes verbales de no mencionar a los presos políticos, Israel y no usar los colores azul y blanco en ninguna decoración u otro material.
Incluso, las restricciones y vigilancia se han dado en el ámbito personal. En mayo de 2024, un grupo de personas que esperaban afuera de la iglesia Santa María Magdalena en Santo Domingo, Totogalpa, a que terminara la misa de cuerpo presente de un amigo, fue amenazada por oficiales: “les advirtieron que salieran o entraran a la iglesia o serían arrestados por desacato a las autoridades”.
En San Miguelito, Río San Juan, un grupo de feligreses que pusieron una venta de pasteles en las afueras de la iglesia de ese municipio fueron obligados a retirarse por orden de la capitana Neydi Gatirán Bustos. “Los que se habían reunido allí se vieron obligados a regresar a casa con la comida donada, que estaba destinada a ayudar a recaudar fondos para reparar el techo de la iglesia”, denuncian.
