15 de diciembre 2017
AA
A más de treinta días del operativo militar en el que murieron seis personas, entre ellos los dos hijos menores de edad de la campesina Elea Valle, la Policía Nacional finalmente se pronunció sobre el caso, asegurando que los seis muertos pertenecían a una banda delincuencial, señalada de robos, asesinatos, narcotráfico y violaciones, tal como antes señaló la corta versión del Ejército de Nicaragua.
"En cumplimiento del plan de seguridad en el campo (se) detectaron la presencia de elementos delincuenciales, a quienes se les dio la voz de 'alto, Ejercito de Nicaragua', respondiendo los delincuentes con disparos de armas de fuego, procediendo los miembros del Ejército a hacer uso de sus armas de reglamento produciéndose un intercambio de disparos, cuyo resultado es de 6 elementos delincuenciales muertos", indica la nota publicada por la Policía Nacional.
Aunque la Policía no precisa cuáles son los supuestos delitos de los menores ni mencionada sus edades (como si lo hace con otros de la lista) los incluye como parte de la "banda", que identifica como "Colocho", por quien sería su dirigente: Rafael Pérez Dávila, un hombre que previamente se había autoidentificado como alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Exhumarán las cuerpos; dicen que "nadie" los reclamó
La Policía Nacional ordenó exhumar los cuerpos de la fosa común, donde estarían los dos hermanos Francisco y Yojeisel Pérez Valle, cuyos cadáveres habían sido reclamados por su madre Ella Valle desde que fueron ultimados en la comunidad, aunque la versión policial asegura que nadie reclamó por ellos.
En semanas anteriores, el jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Antonio Paniagua, negó que el Ejército haya depositado los cuerpos en una fosa común y alegó que se los habían entregado a la Policía Nacional.
“Los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al Equipo Técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a comisión de pastores evangélicos y delegados de la palabra de la comunidad San Pablo XXII. La Comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos”, narra la nota de prensa de la Policía Nacional.
Sin embargo, Elea Valle, la madre de los dos menores asesinados, sostuvo que ella llegó a reconocer los cuerpos de sus hijos y el de su esposo, Francisco Pérez Dávila, quien hace dos años se alzó en armas contra el gobierno de Daniel Ortega por razones políticas.
“Habiendo transcurrido el tiempo necesario y por criterios de salubridad pública, Policía Nacional, Ministerio de Salud e Instituto de Medicina Legal, procederán a la exhumación de los cuerpos y entrega a sus familiares, garantizando las medidas de prevención epidemiológicas para estos casos”, agrega la nota policial.
En ningún momento la Policía Nacional identifica como menores a los hermanos Pérez Valle. La niña tenía 12 y el niño 16 años. Los niños habían ido a reunirse con su padre luego de las elecciones municipales, tras años de no verlo físicamente, según su madre. La madrugada del doce de noviembre fueron emboscados por Ejército y vapuleados mortalmente, de acuerdo al testimonio de la campesina Elea Valle.
La Policía sostiene que los niños formaban parte de la “banda delincuencial Colocho”. El jefe, según las autoridades, era Rafael Pérez Dávila, tío de los menores que desde hace más de dos años se rebeló en armas contra Ortega al unirse al grupo rearmado de Enrique Aguinaga, ultimado por Ejército en abril de 2016.
La institución asegura en la nota de prensa que tanto como comandante Colocho y el padre de los hermanos Pérez Valle estaban involucrados en el asesinato de varias personas.
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó que el comunicado de la Policía Nacional no especificara las edades de los hermanos Pérez Valle ni su parentesco con su madre, quien ha denunciado la masacre con una fotografía en mano, que se ha vuelto icónica y contrapeso de la versión oficial.
“La exhumación debe hacerse en presencia de los familiares, en especial de doña Elea. Hay mucho descrédito alrededor de las autoridades que, supuestamente, investigan”, criticó Carrión.
