28 de abril 2025
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La dictadura en Nicaragua prepara una ley que permitirá la explotación de los recursos naturales en las áreas protegidas del país. Además, la legislación autorizará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) a delimitar “a su gusto” cuáles son zonas protegidas y cuales no.
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron a la Asamblea Nacional, el 24 de abril de 2025, la iniciativa “Ley de áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible”. El proyecto legislativo reformará el artículo 116 de la Ley 217 o Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales, que prohibía la “exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áreas protegidas”.
La iniciativa orteguista permitirá “el aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible” y establecerá que “se armonizarán con la gestión ambiental, criterios de planificación, crecimiento económico, así como, la defensa y restitución de derechos de las familias nicaragüenses”.
La nueva ley permitirá también “el aprovechamiento racional de los recursos geotérmicos, geológicos, minerales, hidrocarburos, entre otros” y “la realización de actividades de cacería de fauna silvestre y la pesca con fines de subsistencia”.
El artículo 116 de la Ley 217 solo permite la explotación de recursos geotérmicos, hídricos y eólicos por considerarlos de interés nacional para la generación de energía eléctrica y “la cacería de la flora y fauna dentro de las áreas protegidas estaba vinculada a la actividad de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, apunta la cancelada Fundación del Río.
“La iniciativa busca legalizar la extracción de los recursos naturales protegidos en Nicaragua, en línea con la política neo-extractivista impuesta por el régimen desde 2007, que ha facilitado el saqueo, el despojo y la destrucción de la Madre Tierra”, denunció la Fundación a través de un comunicado.
Amplían funciones del Marena
A través de la iniciativa de ley se derogará también el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, publicado en 2007, que establecía las funciones del Marena en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Entre las nuevas funciones del Marena estarán “definir y establecer los límites de las áreas de conservación ambiental y de desarrollo sostenible”.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, sostuvo que al régimen le interesa disminuir la superficie de las áreas protegidas “para establecer zonas de desarrollo sostenible y permitir las actividades de extracción minera y geológica”.
La dictadura está interesada también en “otras actividades económicas, como la acuicultura”, que de acuerdo con el ambientalista traerían “una mayor vulnerabilidad de las áreas protegidas”.
En el comunicado, la Fundación alertó que el Marena también “se vuelve juez y parte para determinar los delitos ambientales dentro de las áreas protegidas”.
“Antes cualquier infracción o cualquier delito ambiental que sucedía dentro de áreas protegidas se recurría a la Policía y ésta informaba al Marena y se hacían inspecciones conjuntas para determinar si hay sanciones administrativas nada más o si hay sanciones penales. Ahora, el único que va a manejar los delitos o las sanciones administrativas será el Marena”, subrayó Ruiz.
En el proyecto legislativo, según el ambientalista, tampoco “no se habla de cómo va a funcionar la Procuraduría General Ambiental, porque cuando hay sanciones o infracciones tanto administrativas como delitos penales es la Procuraduría la que establece la acusación formal ante el sistema judicial (…) Eso puede significar que sólo queden sanciones administrativas, o sea, multas nada más y no un haya proceso judicial”.
En 2024, la dictadura desapareció al Instituto Nicaragüense de la Forestal (Inafor) y trasladó al Marena las funciones de vigilancia y protección ambiental.
Deterioro medioambiental
La iniciativa de ley, de 66 páginas, presumiblemente será aprobada en los últimos días de abril de 2025 por Asamblea Nacional, dominada por diputados del oficialista FSLN.
“El país quedaría expuesto al aumento del deterioro ambiental de las áreas protegidas y por ende a su total destrucción”, lamentó Ruiz.
La Fundación del Río, confiscada en 2018, detalló otros cambios trascendentales en la iniciativa:
- Se permitirá la actividad económica dentro de las áreas protegidas.
- Se permitirá la construcción de infraestructura para almacenamiento de hidrocarburos.
- Se permitirá la construcción de infraestructura hidráulica dentro de las áreas protegidas.
- No se reconoce la labor de los guardabosques indígenas y afrodescendientes.
- Se elimina el “comanejo”, uno modelo de administración de áreas protegidas que delegaba a diferentes actores la administración de áreas protegidas.
Ortega y Murillo aseguraron, en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, que su interés es “la conservación, protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran con el desarrollo sostenible”.
Los dictadores afirmaron que la aprobación de esta iniciativa “no tendrá ningún impacto económico, ni presupuestario adicional al Ministerio”.
Ruiz advirtió que esta iniciativa traerá una serie de reglamentos, normativas, resoluciones ministeriales que la complementen.
“No me extrañaría que este preámbulo general que establece la ley se profundizará, aún más, el nivel de permisibilidad extractiva en otros instrumentos legales que vienen enseguida”, comentó el ambientalista.
