3 de diciembre 2020
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Más de cincuenta horas después de ser detenido ilegalmente, el opositor Dorling Antonio Montenegro, de 21 años, fue acusado por el Ministerio Público de cometer los delitos de obstrucción de funciones; posesión y tenencia ilegal de armas; y asesinato en grado de tentativa, según el abogado defensor Mynor Curtis. Detalló que, aunque el caso “es político”, este tipo de delitos pueden llegar a sumar hasta diez años de prisión, en caso que el Poder Judicial lo declare culpable.
El letrado, aunque no ha tenido acceso al documento oficial de la acusación, aseguró que en los juzgados de Jinotega se le informó de los tres delitos. Además, que dentro del documento se incluye a tres supuestas víctimas que responden a los nombres de Mario Alberto Sáenz Gutiérrez, Marlon Danelli Centeno y Fausto Herrera Palacio, este último jefe de la estación policial del municipio de Wiwilí, en Jinotega.
Indicó que la audiencia preliminar contra Montenegro —miembro de una extensa familia opositora en Jinotega— se realizará este jueves 03 de diciembre a las 10:30 de la mañana.
“La acusación contra Montenegro fue presentada por el Ministerio Público en Ordice (Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos), pero no ha pasado a la orden de un juez de audiencia”, mencionó el abogado, integrante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Publicación en medios oficialistas
Sin embargo, en medios de propaganda del régimen de Daniel Ortega, circularon publicaciones de una acusación distinta a la informada a Curtis, dentro de los juzgados de Jinotega.
La oficialista Radio Ya publicó en su página web que Dorling Antonio fue “capturado” por la Policía, luego que —en agosto de 2019 — le “quitó la vida a balazos al campesino Francisco Luis Blandón Herrera”.
Curtis señaló que en los Juzgados de Jinotega no se le informó nada sobre esa presunta acusación, por lo que indicó que se debe esperar a que se realice la audiencia preliminar para conocer si esa información es “falsa” o “si tienen algo de realidad”.
Thelma Montenegro Centeno —tía de Dorling Antonio y viuda de Blandón Herrera— aseguró que “de ser cierta” la información, sería una “aberración”, una “patraña” y una “bajeza”, ya que como familia “están claros” de quiénes son los responsables de la muerte de esposo.
“Nos están revictimizando con nuestros muertos, igual que lo hicieron el lunes que vinieron a allanar sin una orden judicial, que violentaron las puertas de nuestra casa y se burlaron de nuestros muertos en la misma sala donde fueron velados”, denunció.
La mujer aseguró que, “si la policía llega acusar a Dorling de esa aberración” que fue publicada en los medios oficialistas, quedará “evidenciada una vez más su bajeza, su circo, patraña y violación a nuestros derechos”.
“Segundo secuestrado político”
Oliver José Montenegro, hermano de Dorling, fue acusado en junio pasado del delito de “homicidio frustrado en perjuicio de Juan Carlos García Vásquez”, un supuesto policía voluntario.
En una entrevista con el programa Esta Noche, Dalia Montenegro —tía de ambos presos políticos — exigió su inmediata libertad y recordó que como familia “no olvidan” que cuatro de sus miembros fueron asesinados en 2019 y siguen sin recibir justicia.
El 27 de enero de 2019, Oliver José Montenegro Centeno, de 43 años, fue acribillado por un grupo de hombres, cuando se dirigía a traer una cosecha de café. Seis meses, el primogénito de la familia, Edgard Aristo, fue asesinado —el 27 de junio— en una emboscada en el municipio de Trojes, en el departamento hondureño El Paraíso, fronterizo con Nicaragua. Él viajaba en una motocicleta junto a su hijo adoptivo Yalmar Antonio Zeledón Olivas, de 31 años. El 27 de agosto, Blandón Herrera fue asesinado cuando regresaba a su vivienda.
Dalia afirmó que las acusaciones contra sus sobrinos no tienen “sustento” legal. Sin embargo, lamentó que, por el “control” del régimen de Ortega sobre los poderes del Estado, sus parientes podrían ser condenado.
El Cenidh ha denunciado, a través de sus redes sociales, el acoso permanente contra la familia Montenegro. Los defensores han exigido que “cese” la represión contra esa familia, que ya suma cuatro de sus integrantes asesinados, dos encarcelados y varios de estos despedidos u obligados a exiliarse.
