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Miles de hectáreas del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, han sido tomadas ilegalmente para la construcción de viviendas y la minería ilegal. Esta invasión es promovida por operadores del régimen orteguista, de acuerdo con una investigación de la cancelada Fundación del Río.
El estudio, denominado Valoración Ambiental del Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan, revela que el 32% del bosque ha sido invadido por colonos. En detalle: unas 9894 hectáreas fueron deforestadas y otras 3866 han sido “quemadas”, productos de incendios forestales y quemas agrícolas.
Según el informe, la “invasión” del refugio silvestre es “inducida, promovida y fomentada” por operadores políticos locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en los municipios de El Castillo y Bluefields.
La Fundación del Río apunta como “presuntos responsables” de la invasión a “Valerio López, exfuncionario de la alcaldía municipal de El Castillo, y Gladys Sánchez Mondragón, actual secretaria política del FSLN en el mismo municipio”. Ambos “promueven la organización de personas afines al partido, para que se ubiquen en tierras del refugio”.
Cuando las familias llegan al refugio son recibidas por “el señor Noel Paz, quien es el político del FSLN en ese sector, y el señor Denis Alfonso, quien es el coordinador”, precisa el informe.
Los dos ciudadanos “agradecen al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo cada vez que reciben a las personas que llegan a esa zona del refugio”, subrayan.
Venta de tierras del refugio silvestre
El informe detalla que Paz y Alfonso realizan las gestiones del aval político, buscan interesados y ubican a las personas en la zona. Además, ellos informan a los ciudadanos que “no hay documentos legales de esas tierras”, por lo que “la única garantía es permanecer en el lugar para que no se las quiten”.
La participación de los operadores políticos del régimen “ha permitido el tráfico ilegal de tierras en la zona, el aumento de al menos el 55% de la infraestructura dentro del refugio y del 49% de la población que se ubica en la zona”, se lee en el documento.
De acuerdo con el director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, “cada persona que desee una finca debe pagar 15 000 córdobas, ya sea en cuotas o en otras formas de arreglo de pago, y le entregan 50 manzanas de tierras (35 hectáreas).
“Toda la tierra entregada —prosigue— es de bosques, así que deforestan para establecer cultivos de granos básicos”.
El ecologista comenta que el aumento de la población en la ribera del refugio genera “un mayor nivel de demanda de servicios como educación y salud del lado costarricense” de la frontera.
Minería ilegal dentro del refugio
El estudio de la Fundación del Río denuncia también la actividad minera ilegal en, al menos, 36 kilómetros del Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan. Tal situación ha generado la apertura de caminos de penetración hacia la reserva Indio Maíz, el tráfico de mercurio, cianuro, drogas y otros insumos para abastecer los sitios de extracción, que se ubican en el sector de Las Cruces y Crucitas del lado costarricense.
“Los mineros desembarcan en el refugio para luego caminar entre tres a cuatro kilómetros hasta llegar a los puntos (de extracción). También hay personas que se dedican solo al transporte de mercancía hacia Indio Maíz”, describe el informe.
“Diversos sitios de la rivera del refugio sirven de puertos de cargas para el desembarque de los productos de consumo que viene principalmente de la ciudad de El Castillo”, sostienen.
Ruiz enfatiza que la infraestructura construida en la ribera del Río San Juan ha hecho más difícil el trabajo de la Fuerza Pública de Costa Rica para frenar la actividad minera, ya que es utilizada, frecuentemente, para sortear las redadas que realizan en esa zona.
“Cuando ocurren redadas, por parte de las autoridades costarricense, los mineros se cruzan al refugio para esconderse. Esta dinámica ha propiciado que algunas personas se hayan instalado permanentemente en el refugio y que, desde ese lado del río, realicen las labores ilegales del lado tico”, precisa el activista.
La investigación denuncia también el saqueo y la comercialización ilegal de la fauna y la flora del refugio, por lo que advierten que algunas especies protegidas son extraídas por los invasores y vendidas del lado costarricense.
Adicionalmente, la oenegé alerta que en el río San Juan se desarrollan actividades que “no se conocen estudios de factibilidad e impacto ambiental”, como la pesca deportiva y el dragado en la desembocadura del río.
“El régimen Ortega-Murillo está teniendo un manejo poco transparente de las acciones relacionadas con el dragado, lo que genera muchas preocupación, tanto por los problemas ambientales que se puedan causar al refugio, como por los problemas limítrofes que puedan generarse por la falta de información con dicho proyecto”, sostiene Ruiz.
Asimismo, la Fundación del Río señala que la gestión del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) en el refugio ha sido “deficiente”, debido a que mantienen un Plan de Manejo desactualizado, incumplen con las obligaciones establecidas por las categorías internacionales que tiene el refugio y no aplican ningún tipo de sanciones a quienes cometen delitos ambientales.
