4 de noviembre 2021
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Una coalición de 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos instó a países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a crear un mecanismo internacional —integrado por expertos— que investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se han producido en Nicaragua desde abril 2018 —cuando iniciaron las protestas cívicas—, sus causas estructurales, y que identifiquen a los “perpetradores” de los hechos.
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Las oenegés agrupadas en el Colectivo 46/2, hicieron este llamamiento a los Estados y al Consejo, tras confirmar que el Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido ninguna de las recomendaciones dictadas en la tercera resolución aprobada en marzo de 2020 por el Consejo de la ONU, que entre varios puntos, instó a que se aprobaran “reformas electorales e institucionales” para garantizar elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, acorde a normas internacionales, que incluyeran la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales.
“Nuestro monitoreo con base a la extensa documentación pública de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos lleva a concluir que el Gobierno no ha tomado ninguna medida para poner en marcha las recomendaciones de la comunidad internacional, ni demuestra la más mínima voluntad de cooperar con esta”, expresó Raphael Viana, miembro de International Service for Human Rights works (ISHR), durante una conferencia virtual este jueves.
Agregó que, tras las elecciones que se desarrollarán este domingo 7 de noviembre, no esperan cambios en las causas estructurales de la crisis de violaciones a derechos humanos que atraviesa Nicaragua, por ello, la respuesta de la comunidad internacional debe ser “contundente”.
Ortega va a unas elecciones sin competencia política. Desde mayo pasado inició una cacería contra opositores, encarcelando a más de treinta, incluidos siete aspirantes a la presidencia. También canceló la personería jurídica a tres partidos políticos y agudizó el acoso contra la prensa independiente, excarcelados políticos y voces disidentes, mientras mantiene un estado policial de facto en todo el territorio nacional.
Las votaciones han sido calificadas por la oposición como una “farsa” por carecer de las condiciones mínimas de transparencia.
Deberán presentar resolución en marzo 2022
La propuesta de este mecanismo de investigación y rendición de cuentas, promovido por esta coalición de organizaciones, tendría que ser acogido por un grupo de países, que posteriormente deberán plantearlo mediante una resolución que tendría que ser presentada en la sesión del Consejo en marzo de 2022, fecha en la que tradicionalmente se han aprobado las anteriores tres resoluciones sobre Nicaragua.
Un paso clave para el avance de esta propuesta será la actualización oral que brindará la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Nicaragua en un contexto postelectoral, el próximo 14 de diciembre.
“Vemos este momento como crucial. Esperamos que la Oficina de la alta comisionada reitere su posición sobre la importancia de la rendición de cuentas; que es una posición que ella, en las actualizaciones al Consejo, ha mantenido desde marzo, en junio y otra vez, en septiembre de este año, reiterando su llamado al Consejo a considerar todas las opciones que tiene a su disposición para la promoción y la protección de derechos humanos en el país y esto incluye, la rendición de cuentas desde abril de 2018”, expresó Viana.
La resolución de marzo de 2020 fue promovida por un grupo de ocho países de la región: Colombia, Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.
Para Tania Agosti, integrante de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, “es hora de que el Consejo responda de forma contundente (...) y esta respuesta pasa, necesariamente, por la creación de un mecanismo internacional de investigación y de rendición de cuentas sobre Nicaragua, que tenga en cuenta las graves violaciones que tuvieron lugar en las protestas de 2018, donde hay más de 300 personas asesinadas, que deben ser investigadas como ejecuciones extrajudiciales, además del resto de violaciones que hemos podido escuchar”.
Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, junto a Olga Valle, de Urnas Abiertas, esbozaron la agudización de la represión en el país y los abusos contra los derechos humanos.
Arce expresó que el mecanismo es “clave” para impulsar cambios estructurales que el país necesita y garantizar que no se repitan actos similares en el futuro.
Por su parte, Valle, refirió que las violaciones no pueden quedarse en la impunidad.
Calidad de investigación en Nicaragua
Tomando como referencia que Nicaragua no ha permitido el retorno de los organismos de derechos humanos internacionales, Viana explicó que los expertos que integrarían el mecanismo tendrían la capacidad de investigar y conversar con las víctimas, aunque no les permitan ingresar al país. Esa misma situación ha ocurrido con otros países, como Venezuela o Myanmar.
La apertura o la negativa del Gobierno ante los expertos demuestra la voluntad o falta de esta para atender la crisis, dijo Viana.
