25 de julio 2017
AA
El caso de Jorge García puede pasar a la historia de la justicia de Nicaragua como uno de los juicios en que la opinión de las personas en redes sociales provocó que el Ministerio Público reculara en su acusación. El debate en las redes sociales se conoció hace una semana y tras la presión pública la Fiscalía anunció ayer que presentó un recurso para declarar nula la sentencia de 15 años, lo que demuestra, según el exprocurador Alberto Novoa que "el sistema judicial es muy débil". García fue llevado a juicio para ser procesado por haber matado a uno de dos delincuentes que había entrado a su casa a robar. El hombre aprovechó un momento de descuido de los delincuentes para disparar una vez en el cuello de Francisco Altamirano, de 32 años. El segundo disparo lo realizó cuando Altamirano cayó boca abajo tras la primera detonación. García decidió rematarlo.
El veredicto de culpabilidad se dio el pasado 30 de junio por un tribunal de jurado de conciencia y el Ministerio Público aprovechó para pedir la pena máxima de 15 años contra García.
La noticia no se conoció hasta hace una semana en las redes sociales y desde entonces, surgieron memes, comentarios, análisis y burlas en contra del sistema de justicia que buscaba la condena de un hombre que mató a un delincuente en su hogar. Una mujer hasta creó una petición en la organización change.org para pedir la libertad de García, porque, escribió, su condena era injusta.
Para el abogado litigante Boanerges Fornos, “las redes sociales están influenciando el sistema de justicia”. Eso lo dice porque tras la presión en Internet, el Ministerio Público que inicialmente pidió 15 años de cárcel, reculó este lunes y anunció que introducirían un incidente de nulidad en el caso.
La fiscal departamental de Managua, Mirna Siles, dijo este lunes que “la defensa pide la pena mínima, la fiscal, en este caso, pidió 15 años quien, como dijo, reconoce que hubo un exceso porque no se reconocieron circunstancias que debían tomarse en cuenta”.
Para Fornos, la decisión de la fiscal departamental se origina por la presión de las redes sociales y según explicó durante el programa Esta Noche, la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia ha mermado por la creencia de que no existe independencia de los jueces a la hora de tomar decisiones.
Fornos menciona que posiblemente esa falta de confianza fue la que empujó a García a escoger al tribunal de jurado conciencia sobre el juez técnico para que conociera su caso, derivando en la condena de 15 años que posteriormente se le impuso.
“Un error no se corrige con otro error. Con la situación de las redes sociales y la mayoritaria absolución de las personas (de Jorge García) hay un cambio en el pensamiento jurídico del órgano judicial. ¿Por qué incidentar nulidad? ¿Cuál es la causal?”, se preguntó el abogado litigante, quien además consideró que si se aceptara el recurso de nulidad, el proceso tendría que reiniciarse con otro jurado y otro juez.
El exprocurador de la República, Alberto Novoa, también consideró que en este caso están pesando mucho la opinión pública y lo resume así: “Cuando hay un sistema institucional débil, la opinión pesa mucho”.
Para Novoa, en las redes sociales no solo se emitieron opiniones, sino que también dictan veredictos que en este caso parecen ser recogidos por el mismo sistema judicial.
“Es el sistema que se ha ido denigrando y desnaturalizando porque se ha perdido la confianza. Las redes sociales toman la prueba, la racionalizan y dictan veredicto, porque el sistema judicial es muy débil”, dijo el exprocurador.
Las causas del juicio
Novoa y Fornos no están de acuerdo sobre las causas de la condena. Mientras Novoa considera que no existen elementos para argumentar legítima defensa, Fornos considera que sí.
El exprocurador Novoa explicó que “la legítima defensa requiere de una agresión, de un peligro de la persona. De un uso racional del medio empleado. La falta de provocación de la persona que hace uso de la legítima defensa, que tu integridad física, personal o de terceros, corra peligro inminente”.
Según el relato de la Fiscalía, los delincuentes estaban sacando bienes de la casa cuando García logró tomar un arma y dispararles. Altamirano en ese momento tenía una pistola en la cintura y su hermano, el otro malhechor, no estaba armado.
Por ello Novoa defiende que no existía una amenaza directa a la vida de García que justificara los disparos que acabaron con la vida de Altamirano.
“El derecho penal establece que en mi casa yo no tengo el derecho absoluto de matar a quien violente mi casa. Porque existe la falsa creencia en Nicaragua de que alguien que salte la tapia de mi casa y yo lo encuentro, tengo el derecho de dispararle. Tiene que tener determinadas circunstancias para que yo pueda tener ese derecho”, explicó Novoa.
Sin embargo, para Fornos sí se reúnen tres requisitos elementales para que García pueda argumentar la legítima defensa en su caso: “hay agresión ilegítima cuando una persona ingresa a la vivienda, se cumple el primer requisito. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado. Esta persona posiblemente se sintió en peligro en ese momento y de los que estaban con él. Probablemente por eso considera que la necesidad racional de actuar es con su arma de fuego para repeler de la agresión ilegítima que nace del ingreso en la vivienda. Y la tercera causal es que él no haya provocado esa agresión ilegítima”, detalló el litigante.
El Ministerio Público anunció que en la introducción del incidente de nulidad harán planteamientos puntuales para que se revise la actuación del jurado de conciencia.
