Carlos Salinas Maldonado
22 de septiembre 2018
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El relator de la CIDH sobre derechos de las personas privadas de libertad, Joel Hernández, dejó Nicaragua sin haber constatado el número y la situación en la que están los presos políticos detenidos en el marco de las protestas pacíficas contra el régimen de Daniel Ortega, aunque advirtió que la cifra de 204 encarcelados presentada por el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, da una idea de la “delicadeza” de la situación. Hernández critica en esta entrevista que no se le haya permitido el acceso a las cárceles del Sistema Penitenciario y de la Dirección de Auxilio Judicial, pero recoge testimonios de familiares, abogados y defensores de derechos humanos que le permitirán preparar su informe sobre la estadía en el país. “Nicaragua tiene una atención especial en el continente. Es un motivo de preocupación general”, asegura el comisionado, que dejó el jueves Managua rumbo a Ginebra.
¿Cuál era la misión que lo trajo en esta ocasión a Nicaragua?
El propósito de mi visita era reunirme con autoridades del Estado de Nicaragua y llevar a cabo visitas a prisiones de Nicaragua para conocer la situación que guardan las personas que han sido privadas de la libertad con motivo de su participación en las protestas sociales de estos últimos meses.
Hicieron una solicitud con antelación al Gobierno para que se les permitiera acceder a las prisiones. ¿Obtuvieron una respuesta? ¿Tuvieron acceso a las cárceles?
No hubo respuesta por parte de las autoridades nicaragüenses. Las solicitudes se tramitan por la vía diplomática, a través de la Cancillería, también a través de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, y no hubo respuesta. No tenemos autorización de poder entrar a las prisiones.
El viceministro de Gobernación, Luis Cañas, los acusó de no querer conocer las instalaciones de las prisiones y dijo que ustedes tuvieron una “posición grosera” frente a las autoridades. ¿Qué opina de estas declaraciones?
No sé a qué se refiere el viceministro con una posición grosera. Ha existido por parte de la Comisión Interamericana un interés permanente en conocer el Sistema Penitenciario Nicaragüense, en poder visitar las prisiones y lo más importante: poder conocer de primera mano la situación que guardan las personas privadas de libertad.
Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Carlos Herrera | Confidencial
Deja Nicaragua sin conocer la situación de estas personas que han sido detenidas en el marco de las manifestaciones contra el régimen.
Tuvimos estos días un contacto muy cercano con familiares de las personas que se encuentran detenidas, con organizaciones de la sociedad civil y también con los abogados de estas personas. A través de estos testimonios nos podemos dar una idea de cuál es la situación en la que están estas personas privadas de libertad, las condiciones en las que fueron detenidas, el estado de sus juicios y las condiciones de internación.
¿Qué impresión se lleva de lo que pudo constatar en Nicaragua?
Hay muchos aspectos de preocupación. Ha habido testimonios en los que hemos observado que ha habido detenciones que han sido realizadas al margen de la ley y al margen de los estándares internacionales. Ha habido muchos testimonios que tienen que ver con condiciones de limitaciones al interior de los centros penitenciarios. Es una serie de testimonios que hemos recogido, cada uno plantea situaciones muy particulares, pero nos vamos con esta preocupación general sobre el estado que guardan estas personas, y que desafortunadamente al no poder tener un diálogo con las autoridades no tenemos manera de poder verificar y conocer, a ciencia cierta, si existe una política penitenciaria que nos pudiera haber ayudado a entender mejor la situación.
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Varios de los detenidos han sido apresados durante las manifestaciones pacíficas. El Gobierno dice, sin embargo, que en Nicaragua no hay detenciones ilegales.
En todo Estado de Derecho hay que distinguir dos tipos de detenciones: aquellas que se realizan en flagrancia, donde la autoridad policial tiene la facultad de detener a una persona cuando está viendo que se realiza un acto violatorio de la ley. Y otras situaciones donde las detenciones se realizan por mandamiento escrito dado por autoridad competente. Cuando no hay flagrancia y ocurre una detención sin orden judicial nos encontramos frente a una situación de violación de derechos humanos.
El Gobierno afirma que a estos detenidos se les respetan todos sus derechos, incluyendo la atención médica. Si es así, ¿por qué no se les permite a ustedes el acceso a las cárceles?
En efecto. Parte de las declaraciones de los familiares que recibimos son de personas que sufren enfermedades crónicas. Hay personas con diabetes, una persona tiene un cáncer en páncreas. Son datos que han salido a los medios. Una reunión nos hubiese permitido conocer en exactitud el estado de salud de estas personas, pero no logramos tener esta información.
Usted estuvo en Nicaragua en mayo con la primera misión de la CIDH. ¿Cómo evalúa la situación del país ahora? ¿El Gobierno ha aplicado alguna de las recomendaciones que le hicieron? ¿O la situación ha empeorado?
Respecto a mi mandato de personas privadas de libertad estamos viviendo un panorama totalmente distinto. En aquel momento, en mayo, tuvimos una muy amplia apertura del Gobierno, pudimos visitar prisiones, estuve en la Dirección de Auxilio Judicial, estuve en La Modelo. En aquel momento solo existían tres personas privadas de la libertad por motivo de las protestas. Supimos que hubo un alto número de personas detenidas que fueron liberadas muy rápidamente, sin ningún cargo. Ahora estamos en un momento en el que en cifras oficiales hay 198 personas que están enfrentando un proceso penal. Esto es una situación de mayor delicadeza, porque estamos hablando de personas que están enfrentado juicios y donde está de por medio su libertad. A diferencia de mayo, cuando tuvimos todas las facilidades, ahora no tuvimos ninguna posibilidad de conocer de forma directa la situación de estas personas.
¿Han podido confirmar si la cantidad de detenidos? El Gobierno admitió 204 detenidos, pero organizaciones de derechos humanos hablan de más de 300 personas encarceladas.
Es parte de las dudas que tenemos. No tenemos manera de poder tener una idea exacta de cuántas personas están enfrentado un proceso penal. Por eso era importante esta visita. Sin embargo, aun teniendo datos oficiales hechos del conocimiento público, esta cifra de 198 es muy significativa. Implica 198 procesos penales que en estricto derecho deben de realizarse con todos los estándares y las garantías judiciales para alcanzar en un juicio público. Esto pone al Estado de Nicaragua en un alto grado de visibilidad y entraña una gran responsabilidad para que esos juicios sean justos.
El Gobierno dice que en el país no hay presos políticos. Ha acusado por terrorismo a las personas que han sido encarceladas. De hecho se aprobó una ley que tipifica ese delito. ¿Estamos frente a presos políticos?
En un Estado de Derecho son las cosas que deben ser discernidas por un poder judicial independiente. Esa es justamente nuestra preocupación: que esas personas tengan un juicio justo y que a partir de ahí se finque la responsabilidad penal. Pero para eso necesitamos que haya las garantías judiciales del procedimiento, que el juzgador pueda hacer esta valoración de la conducta frente al tipo penal. Mientras no se tiene ese juicio justo, tampoco podemos entrar a calificaciones a priori, porque sería atentar contra el principio de presunción de inocencia.
¿El MESENI ha podido hacer su trabajo en Nicaragua? ¿A qué obstáculos se han enfrentado?
El MESENI tiene una función muy importante, que es el vínculo de la Comisión Interamericana con el Estado y la sociedad nicaragüense. Ha podido estar aquí recabando información. Ha podido transmitir a las autoridades solicitudes muy precisas en favor de víctimas, de familiares. Ha tenido contacto inicial con autoridades del Sistema Penitenciario, pero igual se ha quedado corto porque no ha podido tener unas visitas más amplias a las prisiones como nos gustaría para poder hacer mejor nuestro mandato.
Tampoco han podido acceder a los juzgados.
Esa es una queja recurrente de familiares y abogados, que no hay esa claridad sobre las fechas de las audiencias, las horas de las audiencias. Eso pone a los detenidos en una situación de indefensión, porque se corre el riesgo de que no esté presente el abogado. Por mandato constitucional las audiencias deben de ser públicas y por lo tanto los medios de comunicación deben tener acceso a esas audiencias. Lo que nos llevamos de estos días son testimonios en los que no se está dando cumplimiento a este principio constitucional.
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Paulo Abrao había advertido que Nicaragua entraba a una tercera etapa de la represión y hacía referencia a las detenciones de quienes participaron en las manifestaciones y los tranques. ¿El Gobierno ha desatado la detención como una nueva forma de represión contra la protesta?
Ese es el tema de preocupación actual en la sociedad nicaragüense: las personas que se encuentran privadas de libertad y los procesos que enfrentan. Después de pasar de la protesta a la represión, a la llamada “Operación Limpieza”, ahora la atención está en las personas privadas de libertad.
¿Esta situación de Nicaragua tiene comparación con otro país de América Latina en este momento?
Nicaragua tiene una atención especial en el continente. Es un motivo de preocupación general. Hay resoluciones del Consejo Permanente de la OEA pronunciándose sobre la situación en Nicaragua. Existen preocupaciones de derechos humanos en todo el continente. No hay un solo país que no tenga estos retos de derechos humanos, pero lo que me parece muy importante es distinguir entre aquellos países que expresan voluntad de cooperar con los organismos internacionales y los que no permiten esta apertura.
¿Qué tipo de presión se puede hacer a nivel internacional al Gobierno para que permita que estas organizaciones puedan constatar la situación de los derechos humanos en Nicaragua?
El tema compete a los nicaragüenses. La resolución del problema está en los nicaragüenses. Es un tema de responsabilidad principal del Estado de Nicaragua. Lo que la comunidad internacional hace es acompañar estos esfuerzos y hace exhortaciones a los países para que avancen hacia una solución, hacia una reconciliación nacional.
