6 de agosto 2022
AA
Durante la víspera de las votaciones generales, realizadas el 7 de noviembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega desató una cacería contra todo aquel que considerara disidente. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó en su lista de reos de conciencia a seis personas detenidas -el 6 de noviembre de 2021- en el departamento de Río San Juan. Sin embargo, las familias de estos ciudadanos no habían denunciado públicamente sus casos, con la esperanza de que sus familiares no tardarían en ser liberados.
Tres meses antes de que Armando Robles Alaniz y Esteban Paniagua Espinoza cumplan un año de estar encarcelados, familiares de ambos presos políticos decidieron revelar -en entrevista con CONFIDENCIAL- detalles de las detenciones, interrogatorios, torturas y del proceso judicial que sufrieron.
El campesino Armando Robles Alaniz, de 50 años, es originario de Morrito y previo a la detención del 6 de noviembre de 2021 fue retenido e interrogado en dos ocasiones por la Policía de ese municipio.
Un familiar de Robles Alaniz, bajo la condición de anonimato, detalló que las primeras retenciones contra el campesino ocurrieron el 3 de septiembre y el 5 de octubre de 2021.
“Lo perseguían por opinar diferente, por ser un campesino miembro de la Alianza Cívica. Tres meses antes de que lo mandaran a detener lo seguía un civil en una motocicleta; después, lo retuvieron en dos ocasiones en el puesto policial, le preguntaban con quién andaba organizado, que dónde tenía las armas, que las entregara y, por último, le prohibieron salir de Morrito, le dijeron que lo tenía rotundamente prohibido”, señaló.
“Fue torturado para que aceptara que tenía armas”
Robles Alaniz fue detenido cuando se encontraba en el porche de su vivienda, acompañado de su esposa y el menor de sus ocho hijos. Una patrulla policial, con al menos siete agentes, se estacionó frente a la propiedad, cercaron la entrada y le pidieron que “los acompañara”, sin mostrar ninguna orden de captura o explicar los motivos de la detención.
La familia del agricultor lo buscó en la estación policial de Morrito, pero los agentes se limitaron a indicar que lo tenían bajo un “proceso investigativo de 48 horas” y que “por órdenes de arriba” no podían dar más información.
Robles Alaniz estuvo desde el 6 hasta el 12 de noviembre de 2021 en las celdas del puesto policial de Morrito. En ese tiempo, no tuvo ninguna visita y fue interrogado y golpeado todos los días.
“Los seis días que lo tuvieron lo golpearon; le daban con la cacha de sus rifles en la cabeza, le pegaban en las costillas, en la espalda, por todos lados. Le pegaban porque querían que aceptara que tenía armas y él no lo iba a hacer porque no tiene, nunca las ha usado”, indicó el familiar.
Agregó que, el 12 de noviembre, antes que fuera trasladado a estación policial de San Carlos, cabecera departamental de Río San Juan, Robles Alaniz fue llevado por agentes de la Policía al centro de salud de Morrito, ya que producto de los golpes se elevó su presión arterial.
En San Carlos, recordó el familiar, las golpizas cesaron, pero, denunció que persistieron los interrogatorios y torturas, pues lo sacaban todo el día a “entrevista”, no le daban de comer hasta en la noche y lo dejaron toda una semana, día y noche, esposado.
Condenado por ciberdelitos sin tener redes sociales
El 15 de febrero de 2022, Armando Robles Alaniz fue acusado -junto a la ciudadana Dominga de la Cruz Morales Jiménez, también detenida el 6 de noviembre en Morrito- de supuestamente cometer los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las nuevas tecnologías de la información”.
El juez Lester Efraín García Morales admitió la acusación contra ambos ciudadanos y les negó el derecho de tener defensores de confianza, asignándoles un abogado de oficio.
La acusación refiere que ambos planificaron “un levantamiento social con el fin de provocar violencia y alarma”, planeando quemar una Junta Receptora de Votos en la escuela Delfina Quezada de Morrito. Además, los señala de usar las redes sociales para divulgar y compartir supuestas noticias falsas.
El familiar de Robles Alaniz denuncia que el proceso judicial estuvo plagado de arbitrariedades e ilegalidades. Asegura que se falseó la fecha de detención, se juzgó a su familiar con alguien con el que no tenía contacto o amistad, y se usó como pruebas testificales únicamente el testimonio de cinco oficiales de la Policía.
“Llevaron a su gente a decir mentiras, todos eran policías. Lo acusaron de reunirse con esa mujer (Dominga), de conspirar, de supuestamente querer quemar una escuela el día de las elecciones, cuando él ni siquiera conocía o tenía amistad con esa señora. También, dijeron que usaba esas mentadas redes sociales y él no sabe usar eso, usaba un celular chiclerito, de esos que se usan para llamar, de teclas. Cuando lo detuvieron ellos vieron ese celular y lo devolvieron, y además dicen que subió noticias falsas del Gobierno el 8 de noviembre y él ya estaba preso desde el 6, entonces, todo lo que llegaron a decir fueron puras mentiras”, denunció el familiar.
Sin pruebas materiales de la supuesta conspiración o de las supuestas divulgaciones de noticias falsas, el juez José Ramón Guillén Marín de San Carlos declaró, el 29 de marzo de 2022, a Robles Alaniz y a Morales Jiménez culpables por ambos delitos.
El 4 de abril de 2022, el preso político Robles Alaniz fue sentenciado a diez años de prisión y a una multa de 56 461 córdobas. Dos días después, fue trasladado al Sistema Penitenciario de Cuisalá, en Juigalpa, Chontales.
En el Penal, aunque cesaron los interrogatorios, el reo de conciencia permanece en una celda de castigo, hacinado junto a otros nueve reos comunes, y no recibe visitas con la misma periodicidad que otros privados de libertad, ya que se las programan cada 40 o 45 días.
Preso político ha perdido más de 40 libras de peso
El familiar señala que Robles Alaniz ha sufrido graves afectaciones a su salud en estos nueve meses de encierro, presentando problemas de presión arterial, dolores permanentes en la espalda y costillas, y una pérdida de más de 40 libras de peso.
Ante esa situación, urgió “libertad inmediata”, pues, resaltó, “todo fue un montaje, una mentira, él es inocente y lo condenan solo porque piensa diferente, porque él nunca hizo nada malo, se dedicaba a su tierra, a la pulpería que tiene con su esposa en la casa”.
Resaltó que, aunque varios de sus parientes siguen sin querer denunciar, guardando la esperanza que eso ayude a una pronta libertad, decidió “alzar la voz porque no se ven señales de que ese silencio en realidad esté ayudando a que haya una pronta libertad”.
Otros familiares de presos políticos, detenidos el 6 de noviembre de 2021, en Río San Juan, tampoco han denunciado sus casos públicamente. El Mecanismo de Reconocimiento incluye entre los detenidos de esa fecha a: Isacc Isaías Martínez Rivas, 37 años, de San Carlos, y a tres ciudadanos identificados solo con las iniciales de sus nombres: M.J.D.C, de 56 años, de Morrito; M.M.R.A, de 31 años, de El Almendro; O. G. L. H., de 40 años, de San Miguelito. También, menciona otras tres detenciones, registradas en noviembre de 2021 en ese departamento, solo con la descripción de “personas anónimas”.
La detención del extesorero de CxL
Esteban Espinoza Paniagua también fue detenido, el 6 de noviembre de 2021, cuando se encontraba en su vivienda. Más de 15 agentes de la Policía, a bordo de dos camionetas llegaron e ingresaron a la propiedad y, sin presentar ningún tipo de orden de captura o razones de la detención, lo trasladaron a la estación policial de San Carlos, Río San Juan.
Un familiar de Paniagua, que ahora se encuentra en el exilio por la persecución y amenazas del régimen, afirmó que el ciudadano fue encarcelado por “pensar diferente” y ser miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), agrupación política a la que el Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido por el régimen Ortega-Murillo, mandó a cancelar su personería jurídica en agosto de 2021.
Explicó que la familia no había denunciado el caso públicamente, a través de medios de comunicación, porque guardaban la esperanza de que fuera liberado.
“No creíamos que iba a llegar tan largo todo este proceso, porque la misma gente del pueblo decía que iba a salir. Sin embargo, la realidad se fue presentando diferente, pasaron cuatro meses y nada, lo procesaron y nada, así que tomé la decisión de denunciarlo”, indicó.
Paniagua Espinoza, de 62 años, es un hombre que vivía de la pensión que recibía del Seguro Social. Su familiar afirma que aunque militaba en un partido opositor y tenía el cargo de tesorero, “nunca tuvo problemas con nadie, incluso se llevaba bien y conversaba con gente sandinista, y todos se sorprendieron cuando se lo llevaron”.
Detalló que, tras la captura, la Policía solo les informó que Paniagua estaba “bajo investigación” y lo mantuvieron incomunicado durante dos meses.
“Le permitieron la visita hasta el 24 de diciembre. La familia pasó casi dos meses sin verlo”, denunció.
Paniagua Espinoza fue acusado, el 17 de febrero de 2022, más de dos meses después de ser detenido, de supuestamente cometer los delitos de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Pruebas "absurdas" contra Paniagua Espinoza
Durante el proceso, las autoridades policiales -denuncia el familiar- “manipularon la fecha de detención, ubicándola cercana a la fecha del inicio del juicio” y presentaron pruebas “absurdas”, como capturas de pantallas de supuestas publicaciones en Facebook, y testimonios solo de agentes de la Policía.
“Presentaron pruebas absurdas, unas publicaciones en Facebook que no aparecen porque él no las hizo, tenía su cuenta en Facebook pero casi no la usaba, no hacía publicaciones”, resaltó.
El juez José Ramón Guillén declaró culpable a Paniagua Espinoza y lo condenó, el primero de abril de 2022, a diez años de cárcel, cinco por cada delito, y a pagar una multa de 56 461 córdobas, pese a que durante el proceso “no lograron probar ninguno de los delitos”.
El familiar denunció que el preso político fue golpeado en dos ocasiones, cuando era trasladado a las audiencias de juicio, y sufrió constantes interrogatorios en los que le preguntaban “para quién trabajaba, para qué organización, y qué órdenes le daban”.
El 6 de abril, Paniagua Espinoza fue trasladado a las celdas del Sistema Penitenciario de Cuisalá, en Juigalpa, Chontales. En ese Penal permanece en una celda de castigo y solo tiene visitas cada 45 días.
El preso político, por las condiciones carcelarias que le ha tocado sufrir, ha desarrollado problemas de presión arterial, tiene síntomas de posibles afectaciones cardíacas, y ha “bajado bastante de peso”.
“Nosotros pedimos que le den el beneficio de convivencia familiar. Es un anciano, tiene problemas de salud, ya son 62 años y no es para que esté viviendo ese encierro. Es inocente y si no lo van a dejar totalmente libre al menos pedimos que lo manden a su casa, que le cambien la medida”, urgió el familiar de Paniagua.
El régimen de Daniel Ortega mantiene a más de 190 personas detenidas en las diferentes cárceles del país. Entre el 1 y 7 de noviembre de 2021, previo y durante las elecciones generales, Urnas Abiertas registró que el orteguismo detuvo a más de 30 de personas.
