8 de diciembre 2022
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La exvicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad (ONU), Vasilka Sancin, lamentó que el Estado de Nicaragua siga incumpliendo las recomendaciones hechas por ese órgano de la ONU y que en su informe periódico, presentado con siete años de retraso, no haya respondido a la lista de cuestiones aprobada el 29 de noviembre de 2019 ni haya participado en el diálogo con el Comité.
Durante una visita a San José de Costa Rica, Sancin, que actualmente es miembro del Comité Asesor del Consejo de DDHH de la ONU, destacó que el Comité observa con preocupación la falta de respuesta del Estado frente a cuestiones como la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y violaciones pasadas de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, la violencia contra las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos.
El Estado también sigue sin responder a temas como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el tratamiento de las personas privadas de libertad, la independencia del Poder Judicial y el derecho a un juicio imparcial, la libertades de expresión y asociación y el derecho a la privacidad, el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, la libertad de expresión y violencia contra personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
El Comité "ha instado a los defensores públicos de Nicaragua a pedir la liberación inmediata de las personas detenidas como resultado de la crisis sociopolítica y las arrestadas en el contexto electoral", expresó Sancin durante una conferencia de prensa sobre el seguimiento a las recomendaciones del Comité organizada por el Instituto Raza e Igualdad.
Falta de interés por parte del Estado
La coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, advirtió que el Estado de Nicaragua en lugar de garantizar la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha "instrumentalizado el ordenamiento jurídico nacional y otras normas para violar los derechos de la ciudadanía en general y garantizar la represión y criminalización de quienes le adversan o se atreven a disentir la voluntad política partidaria". Por lo que, valoró, al Estado de Nicaragua no le interesa responder a las recomendaciones del Comité.
"Tal como se estipula en las observaciones, Nicaragua pese a haber promulgado un Código de Familia que estipula la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia... No hay avances significativos para garantizar seguridad, justicia y acceso al desarrollo de las mujeres y niñas", advirtió Salazar. En los últimos años también fueron aprobadas "tres grandes reformas" a la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, las que "han dejado en mayor desprotección a las mujeres y niñas víctimas de violencia", apuntó.
Por otro lado, a pesar de la promulgación en 2011 de la Ley de Ejecución, Beneficios y Control de Jurisdicción de la Sanción Penal "vemos un absoluto incumplimiento de la misma en torno al tratamiento de las personas presas políticas. Por el contrario, estamos ante un grave deterioro de la salud de las personas presas políticas que se encuentran en los diferentes centros de reclusión de hombres y mujeres", señaló Salazar.
Por su parte, la coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Wendy Flores, destacó que las recomendaciones del Comité "reflejan la realidad de nuestro país" y enfatizó que las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua "van más allá de tener una legislación interna", puesto que esta debe ajustarse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"Hay enormes retrocesos en materia de derechos de los pueblos indígenas y el Comité insiste en que se investiguen todos estos crímenes violentos que se han cometido en las comunidades y que han cobrado vidas en comunidades indígenas, pero sobre todo que les han desplazado de su territorio", subrayó la Flores.
- Descargue aquí las recomendaciones hechas al Estado de Nicaragua por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Nuevo informe en 2025
En noviembre pasado el Comité de Derechos Humanos emitió nuevas recomendaciones al Estado de Nicaragua, a las que este país deberá responder el cuatro de noviembre de 2025, de conformidad con el artículo 75, párrafo 1, del reglamento del Comité. La información brindada por el el Estado parte deberá contener detalles sobre la aplicación de las recomendaciones referidas al marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto, el derecho a un juicio imparcial y la participación en asuntos públicos.
De conformidad con el calendario previsible para la presentación de informes del Comité, Nicaragua recibirá del Comité en 2028 la lista de cuestiones previa a la presentación de informes y se espera que presente dentro de un año sus respuestas a la lista de cuestiones, que constituirá su quinto informe periódico.
"El Comité también solicita al Estado parte que, al preparar el informe, consulte ampliamente a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país", se lee en el texto de las recomendaciones. El próximo diálogo constructivo con Nicaragua tendrá lugar en 2030 en Ginebra.
