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Mujeres al frente de la defensa de la tierra

Son los rostros visibles de una lucha para hacer respetar los derechos humanos y contra el sistema extractivista impuesto por Daniel Ortega

La líder campesina Francisca Ramírez en La Fonseca, sosteniendo la Ley 840 y la Constitución. Carlos Herrera | Confidencial.

Maynor Salazar

21 de abril 2017

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Francisca Ramírez, Lottie Cunningham, Haydee Castillo y Dolene Miller, son cuatro mujeres que luchan por la defensa de su territorio y los derechos humanos en el país. Todas han sido amenazadas por realizar un trabajo que persigue igualdad y justicia para los nicaragüenses.

Ramírez, líder del Movimiento Campesino que se opone a la construcción del Gran Canal Interoceánico que pretende desarrollar la empresa china HKND, dijo durante el foro “En defensa de sus territorios”, que estaba muy contenta por haberse reunido con tres mujeres que defienden a capa y espada los derechos de los nicaragüenses.

“Hemos analizado la represión, los límites, los cierres de espacio que enfrentamos. Hemos sido discriminados y engañados desde el tiempo de nuestros antepasados. En nuestro caso (lucha anticanal), defendemos nuestro territorio de una ley monstruosa que quiere expropiarnos, que viola todos nuestros derechos y la constitución política”, reflexionó Ramírez.

La líder del Movimiento Anticanal, aprovechó para informar que el secretario político del Frente Sandinista en Nueva Guinea, Alcides Altamirano, anunció que no se construirá el Canal, por falta de recursos económicos, por lo que solicitaba al campesinado dejar de marchar en contra del megraproyecto.


“Alcides Altamirano anda comarca por comarca anunciando a la gente que ya no se construirá el Canal y que no van a tocar las tierras; pero no pueden engañar al pueblo”, expresó Ramírez.

Recordó que la lucha del pueblo en defensa de su territorio, no es patrocinada por ninguna institución, sino por los propios ciudadanos que cooperan para movilizarse a todas las marchas que han realizado, y que lo hacen vendiendo una gallina o parte de lo que producen en sus tierras.

“Estamos claros, no hay justicia en este país, pero no nos vamos a quedar sentados. Vamos a seguir en pie de lucha hasta que nuestras demandas sean escuchadas. Nosotros queremos la paz en este país y por eso pedimos el apoyo del pueblo nicaragüense, que nos manifestemos para exigir el restablecimiento de nuestros derechos y la independencia de los poderes del Estado”, declaró Ramírez.

La líder del Movimiento Campesino aconsejó que la mejor forma de hacer valer los derechos, es marchando en las calles, y no dejándose intimidar por las presiones del gobierno ni de sus seguidores.

“Ya no nos vamos a quedar callados, no tenemos miedo. Tampoco somos enemigos del pueblo. Somos campesinos progresistas, que generamos bienestar para el país, que producimos los frijoles, el queso, que va a todos los rincones del país. Solo pedimos que el gobierno nos escuche, y entienda que no le estamos quitando poder”, argumentó Ramírez.

Unidad de las voces

Haydee Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, destacó que el silencio que se ha querido imponer en los territorios debe ser denunciado y visibilizado en todo el país, pues pareciera que en la capital, no existe información sobre las violaciones a los derechos que suceden en sus lugares de origen.

“Estamos en un modelo de desarrollo que ha partido a Nicaragua entre los centros de poder y la periferia, dejando nuestras zonas campesinas, rurales, semiurbanas, indígenas, en el olvido. Nosotras observamos que este modelo se comporta de una misma manera en la forma de operar en nuestros territorios y eso nos preocupa, por eso venimos hoy a compartir esto con toda la nación y los sectores”, mencionó Castillo.

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La directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, lamentó que en esta parte del país, las demandas de los ciudadanos nunca se han escuchado y que preocupa el desmontaje de la autonomía municipal, pues cualquier decisión que tenga que ver con el presupuesto o el desarrollo municipal, es tomada por las autoridades centrales en Managua. A esta preocupación se suma la concesión de 133 445 hectáreas para la minería.

Nosotras creemos que se está dejando en abandono a la población. No se puede continuar con el desarrollo si no se escucha las demandas del pueblo”, consideró Castillo.

Para Dolene Miller, miembro de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), para el gobierno de Nicaragua organizarse "es un pecado", pues cada vez que lo hacen encuentran más dificultades para demandar derechos.

El proceso de autonomía de la Costa Caribe da derecho a la autodeterminación, sin embargo, esto contrasta con otras políticas del Estado, que prácticamente desbarata y deja en un contexto muy frágil la organización de las comunidades, explicó.

Miller dijo que al momento de reclamar algún derecho, los ciudadanos afrodescendientes son discriminados y son puestos en un contexto de no derecho y de invisibilización que ha llegado al exterminio.

La invisibilización se ve reflejada en la falta de oportunidades laborales que tienen los nicaragüenses en la Costa Caribe. Miller afirmó que existe un 80 por ciento de desempleo que obliga a migrar al pacífico para tener la posibilidad de ganar dinero que pueda ayudar con el gasto de sus hogares.

“Nos ha tocado un momento histórico, las casualidades no existen, estamos hablando no por nosotras, sino por muchos nicaragüenses. Este es un momento histórico que asumimos con toda la responsabilidad. Es un inicio para que toda Nicaragua defienda su derecho”, remarcó Miller.

Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, reafirmó que esta unidad tiene como objetivo la defensa de los territorios y que a pesar de las amenazas, difamaciones y presiones, continuarán rompiendo el silencio para que la realidad que viven sea conocido no solo a nivel nacional, sino internacional.

En el caso de la Región Autónoma del Caribe Norte, de donde Cunningham es originaria, la comunidad indígena ha tenido un proceso de demarcación y titulación de territorios, sin embargo, hace falta la última fase, que es el saneamiento de los invasores que de forma ilegal se han adueñado de sus tierras.

Esta situación ha creado conflictos en los territorios, al punto de que ha habido más de 32 asesinatos, 41 lesionados, 22 secuestrados y cuatro personas desaparecidas. Además de la deforestación de los bosques y la contaminación de los ríos de la zona.

“Nuestras voces no deben quedar en silencio, este es el clamor de cientos de mujeres campesinas, afrodescendientes, jóvenes, autoridades tradicionales, niños y niñas, que claman por la paz y nosotros hemos venido a juntar nuestra voz para compartir lo que pasa en cada territorio”, finalizó Cunningham.


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Maynor Salazar

Maynor Salazar

Periodista. Investiga temas de medio ambiente, corrupción y derechos humanos. Premio a la Excelencia Periodística Pedro Joaquín Chamorro, Premio de Innovación Periodística Connectas, y finalista del premio IPYS en el 2018.

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