6 de junio 2019
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Grupos de opositores de Nicaragua llamaron este miércoles a un boicot permanente contra negocios oficialistas, en protesta contra la represión y la masacre del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo contra la Rebelión de Abril, en 2018, y el Estado de excepción de facto que ha impuesto desde septiembre de ese año, conculcando las libertades públicas reconocidas por la Constitución.
El boicot fue convocado por decenas de movimientos opositores, entre ellos la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), con el objetivo de debilitar económicamente al Gobierno de Nicaragua, al que acusan de la muerte, arresto y desaparición de cientos de habitantes desde el estallido social de abril de 2018.
"No financiaremos más el régimen ni a sus ejecutores. Paramos de consumirles a los negocios sapos (oficialistas), cómplices de la masacre perpetuada por la dictadura Ortega y Murillo", indicó la AUN, en el llamado al boicot.
Este mismo miércoles fue divulgada en redes sociales una lista en la que aparecen decenas de negocios cuyos dueños supuestamente son oficialistas, y a los cuales los opositores recomiendan no visitar.
"Ningún negocio vinculado a los Ortega Murillo es honesto. Sin clientes ni dinero, ellos no podrán: Lavar dinero, financiar la represión al pueblo, sostener su inmoral nivel de vida. El orteguismo sin dinero está muerto", indica un cartel de convocatoria.
Un portavoz de la Unidad Nacional Azul y Blanco, compuesta por decenas de organizaciones que llamaron al boicot, confirmó a Efe que este tipo de protesta ha sido efectiva a lo largo de la llamada "insurrección cívica", que inició hace casi 14 meses.
Según la Alianza, empresas ligadas al Gobierno, la estatal DNP Petronic (Distribuidora Nacional de Petróleo), han tenido que cambiar sus símbolos de identidad para sobrevivir al boicot, y ni aún con dicha estrategia logran recuperar a los clientes que perdieron desde que los opositores llamaron a no comprar combustibles en sus gasolineras.
El llamado al boicot indefinido se da luego de la decisión del Gobierno de clausurar pequeños negocios, en su mayoría farmacias, que apoyaron un paro nacional de actividades el 23 de mayo pasado, en protesta contra Ortega.
