21 de septiembre 2019
AA
Hace dos semanas, una juez impuso un mes de cárcel a la doctora María Oviedo, defensora de derechos humanos de la CPDH, por el presunto delito de haberse defendido de un policía, al que le dio una bofetada, pero inmediatamente después, la misma juez suspendió la pena al reconocer que se trata, en todo caso, de un delito menor.
Sin embargo, este jueves la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y otros dos magistrados sandinistas, Marvin Aguilar y Juana Méndez, que forman parte del consejo disciplinario de la Corte Suprema, le impusieron a Oviedo una sanción de seis meses de suspensión en su actividad profesional como abogada por una queja impuesta precisamente por su agresor, el policía Óscar Danilo López
En una entrevista con el programa Esta Semana, Oviedo califica la sanción como una “doble persecución” contra los defensores de derechos humanos, en un acto que más bien parece una venganza política, pues la misma jueza ya había suspendido la pena en contra de la abogada.
¿Cuál es su reacción ante esta decisión que han tomado tres magistrados de la Corte Suprema, después que la jueza había, prácticamente, cerrado su caso?
La Corte nunca debió haber admitido una queja en mi contra. La Corte no tiene competencia para resolver sobre quejas interpuestas por cualquier ciudadano, en este caso, el oficial de Policía, que no tienen que ver con mi actividad funcional como abogada.
La normativa administrativa establece que, en esos tipos de casos, pues no interviene la Corte y, por ende, no pudo haberle dado cabida a esa queja interpuesta en mi contra por el oficial de policía, y pese a eso, pese a que fui condenada por delito, entonces doblemente me están sancionando, esta es una doble persecución, que eso está sancionado constitucionalmente, nadie puede ser perseguido dos veces por la misma causa.
En la notificación que hemos leído no hay una explicación de fondo, de los magistrados, para justificar esta sanción. ¿Usted conoce algún alegato de la Corte en el que se basen para imponerle esa suspensión?
Desconozco, hasta este momento, cuáles fueron los argumentos, cuál fue la conducta que según el consejo administrativo de la Corte se adecúa para sancionarme, por cuanto, cuando se me abrió el instructivo, se me fue notificado única y exclusivamente, que se abría procedimiento disciplinario y se me requería de informe, sin establecer la base legal y en base a qué normativa administrativa se me estaba abriendo informativo.
Y esto sucedió también cuando me notifican de que me están suspendiendo en el ejercicio de la abogacía, porque no establecen la base legal de que qué fue el sustento por el cual me están suspendiendo por seis meses. El lunes me presentaré a presentar mi recurso de apelación. En la sentencia deberían establecerse las causales y la base legal del por qué se me está sancionando, y eso debe de guardar una lógica en cuanto a la normativa establecida y el hecho establecido por el quejoso. Y si eso no guarda ninguna relación entonces estaríamos hablando de que el procedimiento de queja, así como la sanción que me está imponiendo la Corte, es totalmente ilícita.
Siempre he considerado que esta queja interpuesta en mi contra es totalmente improcedente. Esto fue un simple incidente que queda fuera del ámbito funcional en el ejercicio de la abogacía. Entonces desconozco cuál fue el sustento legal, y cuál fue la conducta que se me está reprochando, la desconozco a este momento.
Mensaje a defensores de derechos humanos
Todas las personas que vimos el video en el que usted tiene ese incidente con el policía, le da una bofetada y, posteriormente la capturan, la retienen con violencia, la golpean, otras mujeres oficiales policías, y queda bastante claro que, en todo caso, quien fue agredida en esa estación policial no fue el oficial sino que fue usted. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de presentar algún recurso en contra de esas personas que le agredieron?
El mismo día de mi captura, el doctor Marcos Carmona, secretario ejecutivo de CPDH, presentó una queja ante Asuntos Internos en contra del oficial, y hasta el momento brilla por su ausencia, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento. Y vemos la denuncia que él presenta ante la Fiscalía, la Fiscalía me acusa por el delito de obstrucción de funciones y, él se queja ante la Corte, y le dan trámite a la Corte. Entonces, todas las peticiones que ha hecho el oficial Òscar Danilo López han sido debidamente atendidas, y de forma expedita; mientras que la queja ante asuntos internos, que fue interpuesta por el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que es donde yo presto mis servicios profesionales, pues, no ha sido atendida.
Si la Corte no tiene una justificación jurídica para sustentar esta sanción, estaríamos entrando entonces a otro terreno, ¿considera que detrás de esta sanción podría haber otro tipo de intención, de enviar otro mensaje a los defensores de derechos humanos, que va más allá de lo jurídico?
Desde que fui detenida de forma brutal y procesada, como conocedora del derecho, y también por haber sido fiscal del Ministerio Público, y la experiencia de once años en el litigio en el área penal, yo tengo pleno conocimiento que estos hechos imputados por el Ministerio Público no son constitutivos de delito, y desde ahí yo puedo conocer de que la intención en sancionarme y en limitarme mis espacios como abogada defensora de derechos humanos, pues, es clara, siempre ha estado claro.
¿En caso de que se imponga la sanción de manera definitiva y no sea atendido ese recurso de apelación ¿cómo estaría afectando esa sanción sus derechos ciudadanos y a la propia Comisión Permanente de Derechos Humanos?
A mi desde el momento de mi detención se me han violado mis derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la movilización, porque hasta restricción migratoria tengo, entonces se me han violentado una serie de derechos humanos fundamentales, derechos procesales, derechos constitucionales. No he sido escuchada ante la instancia de la Corte, resolvieron sin haber citado a audiencia, sin haber abierto pruebas, sin haber llamado a trámite de conciliación, a como lo establece el procedimiento.
Es una situación que a mí me ha afectado mucho, psicológicamente, a mis hijos los ha afectado mucho, porque a través de las redes sociales se han dado cuenta en el colegio el día de mi detención, antes que les fuera dicho de alguna mejor manera por algún familiar, y esto ha ocasionado un grave problema; asimismo, en el ámbito laboral ha sido un impacto grave porque yo llevo una representación de procesos de presos políticos, y que en uno de estos casos se perjudicó grandemente porque ya íbamos a culminar (el juicio) y a consecuencia de mi suspensión tendría que interrumpirse el juicio, e iniciar de nuevo a cuenta con otra defensa. Entonces la CPDH queda en este momento, por seis meses, sin un abogado más, sin un abogado litigante que defienda, que se presente ante los juzgados a defender los derechos humanos y constitucionales, procesales de los presos políticos.
