14 de septiembre 2023
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El llamado del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al Consejo de DD. HH. de la ONU, para que los Estados persigan los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, mediante el principio de jurisdicción universal, es un llamado a la acción y “la vía más adecuada” para frenar la impunidad con que opera el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó Juan Pappier, subdirector en funciones de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
La comunidad internacional tiene que “buscar alternativas” en el caso de Nicaragua, advirtió en una entrevista que brindó al programa Esta Noche.
Valoró que la propuesta del alto comisionado es “la vía que hay que explorar ahora”, ya que desafortunadamente el Gobierno sandinista no puede ser llevado a la Corte Penal Internacional (CPI), porque no es un Estado parte.
Sin embargo, la jurisdicción universal permite investigar “hechos que son tan graves que no es importante si ocurrieron en el país donde están siendo investigados, o si las víctimas son de ese país, o si el perpetrador es de ese país. Se puede investigar un crimen de lesa humanidad cometido en Nicaragua por nicaragüenses y en contra de nicaragüenses, porque aquí están en juego valores universales”, precisó Pappier.
Tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIE), de la Organización de Estados Americanos (OEA), como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han concluido que en Nicaragua se cometen “crímenes de lesa humanidad”. Por lo que los Estados que se apeguen a la jurisdicción internacional pueden iniciar procesos contra el régimen Ortega-Murillo.
“Sería importante que estas investigaciones se realicen en América Latina para evitar que Nicaragua siga con este cuento absurdo de que es víctima de un imperialismo. El Gobierno de Nicaragua no es víctima de nada, solamente los nicaragüenses son víctimas de su represión despiadada”, subrayó Pappier.
Expertos sugieren revisar la cooperación
En esa misma línea, el Grupo de Expertos de la ONU presentó esta semana un informe de actualización sobre Nicaragua e instó a la comunidad internacional a revisar la cooperación económica y ampliar las sanciones a individuos e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos.
Para Pappier, las recomendaciones de este Grupo de Expertos son “cruciales”, ya que existen organismos internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que continúan oxigenando al régimen, a pesar de las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
“La plata que le da el Banco Centroamericano a Nicaragua es inmensa, y no hay control serio sobre el uso de ese dinero”, afirmó Pappier.
“Tenemos que prestar mucha atención a quién va a ser el sucesor de Dante Mossi, cuando se elija al nuevo presidente del Banco en los últimos meses de este 2023”, agregó.
Señaló que es importante que este Grupo de Expertos se pronuncie sobre Nicaragua, que investigue la situación en el país y que motive a otros Estados a que hagan investigaciones penales, bajo el principio de la jurisdicción universal.
“Seguramente tendremos un informe (del Grupo de Experto) este año o a comienzos del próximo año. Eso es lo esperable. Y creo que será muy importante porque estos dos temas que han elegido, tanto el Ejército como la corrupción, son temas muy graves en Nicaragua y que no han sido explorados, que no han sido investigados con mucho detalle hasta ahora”, subrayó.
Un informe “contundente”
Sobre el informe presentado esta semana por el alto comisionado, Pappier valoró que es “contundente” en cuanto a las denuncias sobre la disolución del espacio cívico en Nicaragua, las expulsiones del país, las violaciones al debido proceso, y las torturas físicas y psicológicas.
Además, “el alto comisionado dio un mensaje muy poderoso, básicamente diciendo: ‘es momento de que el Gobierno de Nicaragua demuestre para qué gobierna, si gobierna para servir a su pueblo o si gobierna solamente para reprimir”, destacó.
