12 de septiembre 2023
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) recomendó a la comunidad internacional “ampliar sanciones” a orteguistas y “revisar la cooperación económica” hacia las “instituciones e individuos involucrados” en las violaciones de DD. HH. en Nicaragua.
Los expertos investigan desde mediados de 2022 las violaciones y abusos perpetrados por el régimen orteguista en los últimos cinco años. En su primer informe, presentado en marzo de 2023, determinaron que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido “crímenes de lesa humanidad” y “ejecuciones extrajudiciales”, desde 2018.
Luego de presentar una breve, pero sólida descripción del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua —ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas—, el presidente del GHREN, Jean-Michael Simon, sugirió “ampliar las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”, leyó Simon.
Además, recomendó “evaluar la cooperación al desarrollo actual y futura hacia Nicaragua, con el objetivo de fortalecer una gama plural y diversa de actores en la educación superior, para garantizar el derecho a la educación y la libertad académica”.
También, instó a la comunidad internacional a garantizar “un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de las personas privadas de su nacionalidad u obligadas a abandonar Nicaragua; y, en la medida de lo posible, facilitar su asimilación y naturalización”.
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Persecución se ha agudizado
Simon advirtió que la persecución a opositores en Nicaragua se ha recrudecido en el último medio año y que se ha adaptado de acuerdo con el lugar donde la persona perseguida se encuentra, sea dentro o fuera del país.
El experto denunció como “un caso flagrante” el de la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, que sigue en Nicaragua a pesar de vivir bajo amenazas y despojada de su nacionalidad; o la de monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar Nicaragua y está detenido arbitrariamente.
A los que están en el extranjero se les niega el retorno y también se les priva de su nacionalidad, con más de 300 casos de este tipo registrados por el Grupo de Trabajo.
Otras violaciones incluyen la eliminación de los registros de nacimiento, la confiscación de bienes, incluidas viviendas, y la cancelación del pago de pensiones, así como amenazas de las autoridades contra familiares en Nicaragua.
Régimen rechaza señalamientos
En el turno de réplica, la delegación nicaragüense negó la “legitimidad” del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua, aprobado por “una resolución impuesta unilateralmente que no goza ni gozará de nuestra aceptación ni del consenso de la mayoría de los miembros de este Consejo”.
"Forma parte de la estrategia y manipulación que pretenden algunos países imperialistas en su afán decadente de interferir en los asuntos de Estados soberanos dignos y libres como Nicaragua”, afirmó la delegación.
El Consejo de Derechos Humanos, añadió, “no puede servir de caja de resonancia de políticas rancias intervencionistas de algunos miembros”.
El informe actualizado de los expertos, añadió, “está plagado de mentiras y desinformación que solo justifican las inhumanas sanciones en contra de Nicaragua", con fuentes que "carecen de legitimidad e imparcialidad”.
