2 de diciembre 2019
AA
La Policía Nacional, y en particular el jefe de la Policía de León, el comisionado mayor Fidel Domínguez, deben responder por el acto de tortura y humillación contra la familia Reyes Alonso, de esa ciudad, aclarando las responsabilidades de esta “aberrante situación”, sostiene la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Si está acción no es un orden de la Dirección Nacional (de la Policía), sino una acción producto del odio exacerbado que tiene este señor (el comisionado mayor Domínguez), deberían separarlo inmediatamente de su cargo”, demandó la defensora de los derechos humanos, a quien la acción contra la familia leonesa le causa “indignación e impotencia”, porque a su juicio, en Nicaragua las autoridades se comportan como “un país sin ley”, donde los ciudadanos no tienen a donde recurrir.
La trayectoria de Domínguez
Núñez recordó que el Cenidh ha emplazado públicamente a la Policía para que fije su posición sobre las actuaciones del comisionado Domínguez, quien asumió la delegación policial en medio de la masacre orteguista contra la Rebelión de Abril, a finales de agosto de 2018, a pesar de las acusaciones por dirigir el incendio contra Radio Darío y parte de las operaciones paramilitares en León. Además, se le ha acusado de dirigir otro sangriento operativo a medidos de julio pasado en el Barrio Guadalupe, donde fue asesinado el joven Bryan Murillo, de 23 años, bajo el argumento de que era un delincuente.
“Si la Policía no toma una posición, definitivamente está asumiendo la responsabilidad que este hecho significa en contra de la institución policial”, advierte la presidenta del Cenidh.
Núñez considera que, tras ser separado de su cargo, Domínguez debería ser investigado por la Dirección de Auxilio Judicial, para establecer las responsabilidades correspondientes, ser dado de baja y puesto a la orden de los tribunales comunes, tal como establece la ley.
“Sin embargo, nada de eso se ha dado, por lo que se está llegando a la conclusión de que esto se trata de una acción oficial del Gobierno, y del cual es responsable directo a la Policía, sin dejar de eximir de responsabilidad a la pareja presidencial, y específicamente a Daniel Ortega, que es el jefe supremo de la Policía”, sentencia la defensora y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia en los años ochenta.
Núñez, también originaria de León, sostiene que los actos abusivos del comisionado mayor Domínguez “no son nuevos” y recordó que el Cenidh documentó a detalle el asesinato del joven Murillo.
Las órdenes de El Carmen
La presidenta del Cenidh también comentó, en entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Noche, que Fidel Domínguez fue nombrado en sustitución del comisionado mayor Domingo Navas, a quien reclamaban más represión, al punto de que, en los días más sangrientos de la represión, la dictadura recurrió al mando del exalcalde y operador político Manuel Calderón, conocido como el “comandante garrote”, por encabezar las turbas orteguistas desde hace más de una década.
“Demando como organismo de derechos humanos, como defensora y como ciudadana, que la Policía Nacional aclare, que asuma su responsabilidad, que no sea cobarde. Si están asumiendo y ejecutando líneas de este tipo, orientadas desde El Carmen (la residencia y despacho de Ortega), que asuman su responsabilidad, y que no dejen, ante su silencio, para el imaginario colectivo, pensar que son exabruptos de Domínguez, que de todas maneras no se escapa de tener su propia responsabilidad”, reclamó Núñez.
Las violaciones contra la familia Reyes Alonso
La presidenta del Cenidh destacó que la familia de Diego Reyes y María Eugenia Alonso, torturados y humillados por Domínguez el pasado 25 de noviembre, conoce sus derechos y por lo tanto no dejara impune el atropello sufrido, en el que asegura que el Cenidh les acompañará con las denuncias.
La familia Reyes Alonso fue golpeada, torturada, humillada y asaltada por los policías. Los agentes se llevaron computadoras, celulares, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Según Núñez, los agentes sustrajeron al menos 1700 dólares en efectivo, que la familia tendría de la venta de una propiedad, y guardaba en la casa como un fondo de emergencia. La Policía intenta acusarlos, sin presentar pruebas, de ser expendedores de droga.
Tras la paliza y el asalto, los policías al mando de Fidel Domínguez también obligaron al matrimonio y su hijo Diego Reyes Alonso a grabar declaraciones comprometiéndose a “no seguir jodiendo” al Gobierno y la militancia del gobernante Frente Sandinista, que denuncia un supuesto intento fallido de golpe de Estado, en lugar de reconocer el descontento popular expresado en las masivas protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018.
Núñez lamentó que en este abuso más reciente de Fidel Domínguez “hay detalles espeluznantes, que están reflejando la descomposición ética y moral, y el desconocimiento total de las responsabilidades como institución policial”.
“No solamente del comisionado Fidel Domínguez, que directamente decía las frases que hacían repetir a sus víctimas. Auxiliándolo a él había una policía mujer, que revisa la billetera y ella es la que sustrae el dinero”, denunció.
La presidenta del Cenidh resaltó la urgencia del reintegro de los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido exigida por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Derechos Humanos, que sigue la situación de Nicaragua en el proceso que enfrenta la dictadura de Ortega ante el órgano interamericano.
