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Quince meses después de la confiscación del histórico Club Social de Jinotega, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reabrió las puertas del inmueble, transformado en el Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
La inauguración del nuevo centro tecnológico, realizada el 9 de abril de 2026, fue destacada por la propaganda oficialista de la dictadura como parte del proceso de “fortalecimiento del acceso a la educación técnica gratuita y de calidad, con más oportunidades para la juventud nicaragüense”.
La propaganda oficial inclusive destacó que el régimen habría invertido 58 millones de córdobas (1.5 millones de dólares) para la construcción de aulas, laboratorios de computación, aula de gastronomía, áreas de estar, bodega, oficinas, sistemas eléctricos e hidrosanitarios.
El subdirector general del INATEC, Walter Sáenz, enfatizó que dicho centro posee capacidad atender a 14 300 estudiantes de cursos de cocina, agroindustria del café, administración financiera, computación, diseño gráfico, entre otras.
Mientras, el alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno, resaltó que “con tantos centros tecnológicos con los que cuenta Nicaragua, ahora hay muchas oportunidades de estudio para los jóvenes, gracias al Gobierno sandinista, a los copresidentes, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”.
Un inmueble confiscado
Lo que no dijo la propaganda oficial durante la “inauguración” del centro tecnológico es que fue erigido sobre el Club Social de Jinotega, confiscado por la dictadura en enero de 2025 tras la cancelación de su personería jurídica.
El Club Social de Jinotega fue creado en 1976, según el Acuerdo Ministerial 03-2025, de la titular del Ministerio del Interior (MINT), María Amelia Coronel. Documento donde se ordena la cancelación de su personería jurídica por supuesto incumplimiento de las leyes que regulan las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Nicaragua.
De acuerdo con el MINT, el Club Social de Jinotega habría incumplido con la inscripción ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro y tampoco habría reportado sus estados financieros y miembros de su junta directiva, “desde su constitución”.
Por varias décadas el Club Social de Jinotega estuvo ubicado al costado oeste del parque central de Jinotega, por lo que constituyó un punto de referencia de la ciudad.
En noviembre de 2025, pobladores de Jinotega alertaron en redes sociales que el inmueble confiscado estaba siendo remodelado parcialmente por trabajadores del Estado. Meses después, el edificio fue pintado totalmente de blanco y mostraba cambios en su fachada.
El edificio —ilegalmente confiscado por el régimen— fue durante décadas un espacio de encuentro social y cultural. En sus salones se realizaban bailes, reuniones comunitarias y eventos que marcaron la vida cívica y social de Jinotega.
Simulan “inauguración” de obras públicas
La instalación de un centro tecnológico en el confiscado Club Social de Jinotega es parte de la estrategia del régimen nicaragüense para legitimar la confiscación de propiedades privadas.
Desde 2018, unas 5634 organizaciones sociales han sido disueltas en Nicaragua, según Amnistía Internacional. Las propiedades de muchas de estas organizaciones también han sido confiscadas por el régimen, pero no se tiene certeza de cuántas son ni a cuánto asciende lo robado.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), publicada en 2024, estimaba que para entonces las confiscaciones de bienes efectuadas por el régimen ascendían a 250 millones de dólares aproximadamente.
Pero las confiscaciones continuaron en años siguientes. La investigación El gran robo de la dictadura: 39 propiedades confiscadas a la Iglesia católica en Nicaragua, publicada por CONFIDENCIAL en noviembre de 2025, señalaba la ocupación ilegal de residencias, colegios, universidades, proyectos sociales, fincas, lotes y centros pastorales, y los rebautizan como “nuevas obras”.
CONFIDENCIAL también ha documentado el traspaso de al menos 113 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), desde agosto de 2024 hasta marzo de 2025, tal como se lee en el reportaje Ortega usa al INSS para “lavar” más de 110 propiedades confiscadas ilegalmente.
