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Las garantías básicas y fundamentales de derechos humanos “se ha eliminado” en Nicaragua a través de una serie de reformas legales, incluida una “profunda” de la Constitución, afirmó el martes 23 de septiembre de 2025 el representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin.
En comentario enviado a EFE tras la presentación en Ginebra de un informe sobre Nicaragua de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Sánchez Thorin señala que este documento “describe cómo, desde 2024, reforma tras reforma, incluyendo una profunda reforma constitucional casi completa en 2025, Nicaragua ha tenido una transformación preocupante” en la que “el poder se ha concentrado cada vez más en manos del Ejecutivo” que encabezan los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Por medio de estas reformas, hoy, se facilita que cualquier persona que sea vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, afirma el funcionario de la ONU.
Agrega que “el reconocimiento oficial de grupos paramilitares o la adopción de leyes penales ambiguas ha creado un clima de miedo y control social que tiende a eliminar cualquier espacio para la crítica y el desacuerdo”.
Hasta junio de 2025, al menos 75 personas permanecían detenidas en Nicaragua por motivos políticos, y se documentaron en 12 meses al menos 16 casos de tortura (incluida violencia sexual) y 31 desapariciones forzadas, según el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentado este martes en Ginebra.
De acuerdo con el informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que revisa la situación de Nicaragua entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025, también se documentaron 52 casos de denegación arbitraria de entrada al país y 156 expulsiones sin recurso legal.
Sánchez Thorin sostiene que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se le ha negado el reingreso a su propio país”, lo que “ha provocado separaciones familiares, exilio forzado y situaciones de apatridia y sin documentos”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, formado por tres juristas, denunció el martes 23 de septiembre en Ginebra que la represión del Gobierno de Ortega y Murillo alcanza a sus críticos en el exilio, por lo que instaron a otros Estados a exigir responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por esta razón.
Los casos documentados indican que al menos 452 personas sufrieron apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, aunque los expertos indicaron que otros también fueron despojados de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
El representante de la OACNUDH, que tiene su sede en la Ciudad de Panamá, destaca además en su comentario a EFE que la “sociedad civil en Nicaragua sigue siendo debilitada”, puesto que “desde 2018, ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o debieron cerrar, muchas de ellas religiosas, y sus bienes han sido confiscados”.
A ello se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político, y con él, el derecho fundamental de las personas a participar en la vida democrática del país”.
Sánchez Thorin indica también que la “decisión de Nicaragua de no participar en el Consejo de Derechos Humanos y en los espacios ofrecidos por los mecanismos de derechos humanos no es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos en el país”.
“Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, agrega Sánchez Thorin.
