14 de febrero 2023
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Los familiares de 35 presos políticos —incluyendo diez ciudadanos detenidos antes de la rebelión cívica de 2018— que no fueron excarcelados por el régimen orteguista junto a los 222 desterrados el jueves pasado, solicitaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos su apoyo para lograr su excarcelación, denunciaron sus parientes, mediante un comunicado leído en una conferencia de prensa este martes 14 de febrero.
De acuerdo con los familiares, los presos políticos permanecen en condiciones degradantes en diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua, y han sufrido torturas.
Los familiares reconocieron sentir temor por posibles represalias en su contra, aunque aseguraron que no pueden quedarse callados ante la injusticia que enfrentan sus parientes.
A la vez, llamaron a los 222 expresos políticos a continuar luchando para que en "Nicaragua no quede un solo preso político" y a los países "amigos de la justicia, la democracia y la libertad" a que se pronuncien "en favor de recibir a nuestros familiares", y al resto de organizaciones de sociedad civil que se unan a su lucha por la libertad.
El dictador Daniel Ortega aseguró el jueves pasado que el obispo Rolando Álvarez —sentenciado a 26 años de prisión— y el preso político Fanor Alejandro Ramos no aceptaron salir del país, junto a los 222 desterrados. Mientras que el resto de reos de conciencia no fueron excarcelados porque estaban condenados por delitos comunes.
Los familiares aseguraron que Ortega dijo “una serie de mentiras y falsos testimonios” sobre sus parientes, ya que sus nombres “se encontraban en las listas oficiales de presos políticos y no fueron tomados en cuenta para su liberación”.
Al contrario, incluyeron a exfuncionarios del Poder Judicial y sandinistas históricos, que fueron encarcelados por delitos comunes, contradiciendo claramente la supuesta justificación para mantener encarcelados a sus parientes.
En la lista de excarcelados, el régimen incluyó al sandinista histórico Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoc y declarado culpable de los delitos de transporte ilegal de drogas, fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas restringidas; María José Camacho Chévez, Hans Camacho Chévez y Roberto Emiliano Larios Meléndez, extrabajadores del Poder Judicial; y Humberto Alejandro Pérez Largaespada, exalcalde sandinista de Jalapa.
Los parientes denunciaron que ellos “no eran presos políticos” porque “fueron parte del aparato represor que han vivido los ciudadanos nicaragüenses, por parte de militantes del Frente Sandinista”.
En el caso de Pérez Largaespada, este ha sido acusado por ciudadanos opositores de amenazas de muerte y ser jefe de paramilitares en el municipio de Jalapa, según los familiares.
🔴 Actualizamos la lista de personas presas políticas a 35 en las cárceles de #Nicaragua por quienes exigimos su libertad inmediata.#SonInocentes #LibertadYa #SOSNicaragua pic.twitter.com/fH0Tq5Ewxm
— Presas y Presos Políticos Nicaragua (@MPresasPresosNi) February 10, 2023
Presos políticos bajo malos tratos
Los 35 presos políticos son originarios de Matagalpa, Managua, Masaya, Estelí, León y el Caribe Sur, y están detenidos en las prisiones de esos departamentos y regiones nicaragüenses.
Los familiares detallaron que los detenidos sufren constantes malos tratos y torturas, entre estas:
- Negativa de atención médica.
- Visitas sin contacto físico.
- Negativa del derecho a una defensa técnica de su confianza.
- Castigos injustificados como negación a salida de patio sol.
- Encierro prolongado.
- Robo a sus pertenencias.
- Requisas violentas.
- Trato denigrante a sus familiares, acoso con fotos y videos durante las visitas.
- Firma obligatoria de buen trato en el sistema, amenazas de maltrato a sus familiares si interponemos denuncia.
Hasta ahora ninguno de los familiares ha logrado hablar con sus parientes en los penales para conocer cuál es su situación actual.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas recordó que diez reos de conciencia fueron encarcelados por razones políticas antes de 2018. Uno de los casos más conocidos es el del excombatiente Marvin Vargas, detenido en 2011 tras organizar protestas contra Ortega.
Según sus familiares, Vargas cumplirá 12 años en prisión en mayo próximo, pese a que hay varias órdenes de libertad.
Las otras nueve personas fueron los supuestos responsables de la "Masacre del 19 de julio", a como se conoció a un ataque armado contra una caravana de simpatizantes del Frente Sandinista en 2014. El caso fue cuestionado por expertos en derecho debido a las irregularidades judiciales.
Los familiares y el Mecanismo aseguran que desde este 14 de febrero inician una campaña permanente por la liberación de los 35 presos políticos, bajo la etiqueta "Nosfaltan35".
