6 de septiembre 2023
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Manuela perdió a sus dos universidades en menos de quince días. Primero, la dictadura orteguista confiscó la Universidad Centroamericana (UCA). Se trasladó a la Universidad Americana (UAM), y pensó que podría continuar sus estudios. Pero la dictadura ordenó expulsar a unos 600 estudiantes, provenientes de la institución jesuita. Ahora se siente frustrada. Dice que no sabe qué hacer porque el Estado --que debería garantizar su derecho constitucional a la "educación libre"-- es el mismo que se lo violenta.
Con el robo de la UCA y la orden de que otra universidad los admita, la dictadura pretende obligar a que sus estudiantes continúen su formación académica bajo la bandera del Frente Sandinista en la "nueva" universidad estatal Casimiro Sotelo. Estas acciones violentan al menos cinco artículos constitucionales relacionados al derecho a la educación. Además, incumple tratados internacionales sobre derechos humanos. La violación también se agrava porque no hay un Estado de derecho que los proteja.
Los derechos establecidos en la Constitución Política violentados son:
- Art. 58. Establece que "los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura".
- Art. 116. Indica que "la educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad (...) la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad".
- Art. 117. Precisa que "la educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica (...) se fundamenta en nuestros valores nacionales; en el conocimiento de nuestra historia; de la realidad (...)".
- Art. 121. Establece "el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses".
- Art. 125. Indica que "las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley". Y además, que "sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales".
Doctrina contra la libertad de pensamiento
Luis, especialista nicaragüense en educación superior, sostiene que las acciones del orteguismo contra la UCA violentan la libertad de pensamiento, religiosa y de asociación.
Educar --asegura-- no es solamente identificar letras, sino “aprender a pensar críticamente para transformar la realidad en la que vivimos”. La verdadera educación --continúa-- es sacar los “tesoros escondidos” de cada persona, generar pensamiento crítico y abstracto, capacidad de dilucidar qué es bueno y qué es malo, de hacerse preguntas y de responderlas.
Por eso, advierte, cuando la educación adoctrina obliga a repetir un discurso, promueve el culto a la personalidad, reprime, y no existe libertad de expresión. “Donde lo único que enseñan es a repetir una misma palabra… eso no es educación, es cualquier cosa”, sentencia.
Para Luis, lo que está pasando es un “atentado contra el derecho a la educación, a decidir libremente, (y) en contra de tu propia ciudadanía”, y hay un retroceso del sistema educativo nicaragüense.
También violentan libertades de cátedra e investigación
Luis agrega que igualmente se violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación.
La jurista y académica María Asunción Moreno, excatedrática de la UCA y exiliada desde 2021, describe estas libertades como “la libertad de enseñar y debatir sin injerencia política, y el derecho de todos a una educación con calidad”.
Moreno considera que el régimen orteguista “ha puesto una lápida a la educación superior”. Añade que el cierre de la UCA representa una gran pérdida para el país, y la desaparición del concepto de universidad como un centro de creación de pensamiento crítico y contribución al desarrollo de Nicaragua.
"Las universidades deben ser instituciones descentralizadas y dotadas de una autonomía que implica la autorregulación y autogobierno”, sostiene Moreno.
Para la abogada y académica, “la finalidad debe estar dirigida a una enseñanza orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Violación de derechos y principios internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el 31 de agosto que esta nueva embestida del régimen contra la UCA afecta el derecho a la libertad de asociación, y “restringe los derechos a la educación, la libertad académica, la libertad de expresión, el pluralismo de ideas, el desarrollo humano y de la sociedad civil en detrimento de las democracias”.
Además, dijo, violenta los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Estos establecen que “cualquier interferencia a la libertad académica debe cumplir requisitos de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en una sociedad democrática, dado que constituyen una salvaguarda frente a las arbitrariedades por parte de las autoridades tanto dentro como fuera de las instituciones académicas”.
El abogado Juan Diego Barberena también coincide en que el régimen viola, una vez más, la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, denuncia, “el nuevo rector, vicerrectora y el secretario general de la UCA son cooperadores necesarios para que se termine de consumar el delito de usurpación de la propiedad privada".
UAM todavía no regresa los 150 dólares a estudiantes
A Manuela no le explicaron por qué ella y casi 600 estudiantes no podían continuar sus estudios en la UAM. Las autoridades académicas se limitaron a decirle que “el programa especial que se había hecho para ellos, quedaba suspendido y que tenían que regresar a su universidad”.
Los universitarios cuestionaron la acción, pero solo les agregaron que era "una orden de arriba". Además, les prometieron regresar los 150 dólares pagados, pero siguen sin devolverles su dinero, asegura.
La “orden de arriba” --según revelaron fuentes consultadas por CONFIDENCIAL-- provino de la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Un acto que evidencia la colusión entre el Gobierno y las autoridades de la UAM, que es propiedad del Ejército de Nicaragua.
El abogado Juan Diego Barberena, afirma que esta prohibición a la UAM violenta la libertad que tiene todo estudiante de inscribirse en la institución que estime conveniente.
La UCA es la universidad número 27 confiscada por el régimen orteguista en año y medio. Antes, otras 26 instituciones educativas fueron clausuradas bajo justificaciones de deficiencias en su oferta académica y problemas con sus registros ante el Ministerio de Gobernación (Migob). Hasta ahora, la UCA es la única clausurada acusada por ser un supuesto “centro de terrorismo”, argumento que la Compañía de Jesús rechazó y demandó el derecho a defenderse.
La dictadura ha dejado en un limbo académico a jóvenes como Manuela, quien se siente "rehén" sin tener la libertad de decidir sobre su vida académica.
