AA
Share
Los escombros de los negocios, que por muchos años fueron sus puestos de trabajo, es el último recuerdo para un grupo de 50 comerciantes desalojados en la frontera de Peñas Blancas, por órdenes de la Alcaldía de Cárdenas, en el departamento de Rivas, y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
“Es injusto lo que están haciendo, porque ni siquiera nos han garantizado un lugar para reubicarlos y nos están dejando sin el derecho de trabajar y llevar el sustento a nuestros hogares”, lamentó una comerciante.
La Alcaldía de Cárdenas ordenó desalojar “voluntariamente” los puestos a partir del 16 de enero de 2026. Sin embargo, ante el rechazo de los comerciantes, el día 28 el alcalde Rodolfo Pérez, ordenó empezar los desalojos por la fuerza.
Variedad de comercios afectados por desalojos
Entre los negocios afectados hay comiderías, fotocopiadoras y pulperías, ubicados a ambos lados de la Carretera Panamericana, según detalló en un video publicado en redes sociales Cecilia Sánchez, presidenta del sindicato de comerciantes en el puesto de Cárdenas, ciudad fronteriza con Costa Rica. El desalojo también incluye unas 22 viviendas que los comerciantes levantaron en la zona.
“Es vergonzoso, lamentablemente, que nuestro alcalde nos esté dejando sin vivienda, sin comida, sin educación”, reclamó Sánchez en el mismo video.
El alcalde trató de lavarse las manos ante los comerciantes, justificando que el desalojo es parte de un proceso de ordenamiento nacional ejecutado por el MTI.
Además, les advirtió que no hay espacio para reubicarlos en el tiangue que se construyó en la frontera, aunque sus casos los atendería uno por uno.
Sin embargo, los comerciantes reclaman que en el nuevo tiangue los favorecidos son familiares y allegados del alcalde y su esposa Arlen María García Flores, quien también es la vicealcaldesa y sobrina del secretario político del FSLN, Martín Flores. Incluso, denuncian que han acaparado hasta la administración de los servicios sanitarios, y demandan una investigación de todas las anomalías.
La presidenta de los comerciantes fue detenida por la Policía el jueves 29 de enero de 2026 y liberada unas 48 horas después.
El argumento: un decreto somocista de 1952
En las notificaciones, la Alcaldía indica a los comerciantes que los desalojos son en cumplimiento de la “Ley de Derecho de Vía en Nicaragua”, un decreto publicado en septiembre de 1952, durante la legislatura a cargo de Luis Anastasio Somoza, en el diario oficial La Gaceta.
El artículo 2 del decreto establece que el derecho de vía comprende la anchura total de las carreteras que, en el caso de carreteras internacionales e interoceánicas, es 40 metros, con 20 metros a cada lado del eje o línea media de la misma.
Además, citan que la disposición legal indica que “no podrán hacerse construcciones, ni trabajo de ninguna especie en las carreteras dentro de las distancias comprendidas por el derecho de vía”.
Los comerciantes se han reunido con el alcalde Rodolfo Pérez, sin que aún encuentren una solución al desalojo y reubicación de los comerciantes.
