16 de agosto 2019
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La justificación policial sobre el asalto contra la redacción CONFIDENCIAL y Esta Semana, ocurrido hace ocho meses, carece de “sustentabilidad y lógica jurídica”, además confirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecutó una agresión deliberada contra la libertad de prensa y de empresa, asegura Eliseo Núñez, abogado y exdiputado opositor.
“Supongamos que aquí existiera el derecho, en el campo de derecho administrativo, todo es impugnable, entonces si este es un acto administrativo proveniente del Ministerio de Gobernación, independientemente de cualquier otra cosa, el derecho a impugnar existía, y cuando impugnas procurás no tener daños permanentes y ocupación, sin embargo, aquí sucedió lo contrario y el cierre del medio de comunicación es un daño permanente”, aseguró Núñez.
El abogado explicó que en materia de derecho civil, cuando se pretende hacer uso de cualquier derecho que se tenga sobre un bien inmueble, y resulta que el dueño del mismo “no es quien vos creías, sino otro”, inmediatamente cesa cualquier acción ejecutada, incluyendo embargos y acciones judiciales más potentes que una simple resolución. No obstante, en este caso, a pesar de que se demostró que el bien ocupado no pertenece a la oenegé Cinco, las autoridades policiales mantienen la usurpación. La excusa, según Núñez, es carente de “lógica jurídica y sustentabilidad en la aplicación de Ley”.
Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), coincidió con Núñez respecto a la agresión contra la libertad de prensa y empresa, y agregó que la ocupación a los medios de comunicación en Nicaragua no está separada del contexto actual, en el que existe una represión generalizada en contra de todas las libertades.
“Hay una lista extensa de medios de comunicación y periodistas que han sido hostigados y se encuentran en el exilio. A eso hay que agregar el cierre de otros medios como Radio Humedales, en Río San Juan. También el problema de retención de materiales de impresión y papel de El Nuevo Diario y La Prensa”, manifestó el también miembro negociador de la Alianza Cívica.
Para Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro de la Alianza Cívica, la actuación de la Policía también es un ataque de parte del Gobierno a la libertad de prensa. El argumento, de acuerdo a Chamorro, no se sostiene en la realidad, pues hay suficientes pruebas que aclaran que las oficinas de la oenegé Cinco, estaban en otro lugar y no donde se encontraba la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana.
“La confiscación de facto y ocupación solo muestra la brutalidad de la represión en Nicaragua. Ellos mismos exponen la brutalidad a la que estamos sometidos. A todas las luces aumentan el rosario de violaciones, incluyendo los asesinatos de manifestantes y violación a los derechos humanos, de los nicaragüenses. No tengo la menor duda que se trata de un acto confiscatorio irracional sin justificación alguna porque no hay ningún tipo de justificación de ocupar un bien inmueble”, argumentó Chamorro.
El asalto a Confidencial y Esta Semana
El 13 de diciembre de 2018 la Policía Nacional realizó un asalto y robo masivo contra la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y un día después, el 14, se ejecutó la ocupación de las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, y del inmueble donde se encuentran sus oficinas.
El 17 de diciembre de 2018 se presentó ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, dos Recursos de Amparo en nombre de las empresas Promedia e Invermedia, respectivamente, y un tercero el 11 de enero de 2019, en nombre de la empresa Cabal, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que ordene “la suspensión del acto de apropiación y tenencia ilícita perpetrados por la Policía Nacional”.
La Policía presentó un informe ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que intenta justificar el asalto, alegando que supuestamente estaba “cumpliendo órdenes administrativas” del Ministerio de Gobernación, de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, rechazó el alegato oficial, y demostró que la Policía no allanó a la onegé Cinco, sino las instalaciones de tres empresas, que no forman parte de Cinco y que legalmente están constituidas por diversos accionistas y están inscritas en el Registro Mercantil.
“El domicilio de la oenegé Cinco, estaba ubicado en Plaza España, y no en las oficinas que fueron asaltadas y confiscadas por la Policía en Planes de Altamira. De hecho, en la medianoche del 13 de diciembre, cuando la Policía llegó a realizar el asalto, los guardas de seguridad les advirtieron que las oficinas de Cinco estaban en otro domicilio. Los policías se retiraron y media hora después regresaron para invadir por la fuerza las empresas Promedia, Invermedia, y Cabal”, afirmó Chamorro.
El exdiputado Núñez insistió en que la acción policial es “delincuencial” porque tomó una propiedad sin tener legislación de su lado cometiendo una usurpación.
“Regresar las instalaciones a Confidencial”
Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), abogó por una devolución total de lo ocupado por la Policía Nacional. “Lo mínimo que puede hacer es disculparse y regresar las instalaciones a Confidencial. Es una falta de seriedad que una institución actúe de esta manera, sin confirmar y corroborar la información que tiene. Me parece irresponsable”, afirmó.
Arana insistió en que las tres empresas que han sido afectadas deben ser resarcidas por el Gobierno, tal y como se concretó en los acuerdos firmados entre la Alianza Cívica y la dictadura en la mesa de negociación, en el marco del respeto de las garantías ciudadanas. “Se debe corregir lo actuado”, agregó.
“Lo que toca ahora es la rectificación. Si no rectifican entonces quedará en evidencia que la intención era otra (la de ocupar el medio de comunicación). Estarán sujeto a los reclamos que la ley establece. Lo que existe es una injusticia”, insistió.
Julio Montenegro, exfiscal del Ministerio Público y abogado del equipo Defensores del Pueblo, explicó que la policía cometió un error al afectar los intereses de terceros en el allanamiento a Invermedia, Promedia y Cabal, pues estas no tenían relación alguna con la oenegé que estaba “bajo investigación”.
“Incluso, si el allanamiento era para Cinco, no se cumplieron los procedimientos de ley. Fue una operación sorpresiva. Y llegaron a las 10 de la noche, cuando la ley no permite que se puedan ejecutar este tipo de acciones”, afirmó Montenegro.
En el mismo informe la Policía afirma que “tomando en cuenta la urgencia de esta solicitud, procedió a allanar el local de Cinco”. El abogado explicó que en este caso realmente no existía tal situación de premura, por lo que se puede interpretar de que la intención era afectar, definitivamente, a un tercero, en este caso a Carlos Fernando Chamorro.
Sobre este punto el exdiputado Núñez considera que la Policía no actuó obedeciendo una orden del Ministerio de Gobernación. “En la reforma a la Ley de la Policía desaparecieron la autoridad del Migob sobre la Policía, entonces es una orden directa de la Presidencia la que obedecieron. Más bien la confesión de que era Gobernación que daba la orden, indica que quieren proteger de dónde venía la orden, que sabemos fue de Daniel Ortega. No tiene arraigo jurídico lo que están alegando”, expresó.
La parcialidad del Ministerio Público
El 19 de diciembre se presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que investigue a la Policía Nacional por la comisión de los delitos de “robo con fuerza (acompañado del inventario preliminar de los bienes robados a los particulares y las tres empresas mencionadas), daños a la propiedad, violación de domicilio, y usurpación de dominio privado”.
Sin embargo, ocho meses después, el Ministerio Público no ha ordenado una investigación sobre estos delitos que permanecen en la impunidad. Para Arana esta institución del Gobierno está actuando como parte de la estrategia del régimen en la que no existe independencia de ningún poder del Estado.
“Por eso decimos que Ortega no está en capacidad de gobernar ni recuperar la economía. Ha creado un estado de excepción para pretender alargar el tiempo de permanencia en el poder. Pero su estrategia no produce resultado porque carece de legitimidad, se está quedando sin financiamiento para el sector público, lo van a afectar las sanciones internacionales. Lo que le corresponde es buscar una salida a la crisis política”, enfatizó Arana.
Montenegro explicó que el Ministerio Público tiene hasta 20 días para resolver la petición realizada y que si no lo ha hecho hasta la fecha es porque no existe ningún interés. De hecho, continuó, esta institución del Gobierno debería ser proactiva cuando tengan conocimiento de la comisión de un hecho ilícito y no esperar que el ciudadano ponga la denuncia.
“Es una violación a los casos establecidos por la misma ley. Se puede denotar algún tipo de interés en no hacer nada y no resolver el problema. Quizás porque los medios involucrados han cuestionado el actuar de la misma institución y de la Policía, así como la actitud de los jueces frente a procesos penales. Entonces se puede entender de que hay una parcialidad”, finalizó Montenegro.
A Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, no le sorprende la actitud que tomó el Ministerio Público. Sin embargo, explicó que este tipo de denuncias al menos sirven para exponer a las autoridades y demostrar que, aunque se acuda a las instancias correspondientes, no se defiende al ciudadano sino a la dictadura. “No se van a investigar a ellos mismos”, opinó.
