30 de agosto 2017
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El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció a través del decreto 15-2017 la “Actualización del Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”. La aprobación de este dictamen incluye en su artículo siete, la derogación del decreto 76-2006 (Sistema de Evaluación Ambiental), que imponía una serie de estudios y acciones científicas para que cualquier obra o construcción, que tuviera el mínimo efecto en los recursos naturales.
El objetivo del decreto 15-2017, según reza lo publicado en el diario oficial La Gaceta, es “fomentar la actualización, unificación, eficiencia y eficacia de las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental, de permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua”. La institución facultada para realizar dicho proceso es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena).
Amaru Ruiz, Presidente de la organización ambiental Fundación del Río, explicó que desde el punto de vista técnico, lo que el nuevo decreto mandata es que el Marena recoja todo los términos de permisología que están en diferentes leyes y lo articule en un solo instrumento, y luego lo informe a través de una resolución ministerial.
“Podría ser un solo documento que recoja toda la permisología, en el que se establezcan los procedimientos y requerimientos. O varios documentos en los que se detallen punto por punto (el decreto 15-2017 tiene 19) el nuevo sistema de permisología”, consideró Ruiz.
Lo cierto es que con la publicación de este decreto, no se puede identificar qué tipos de riesgos tendrán los recursos naturales. Ruiz destacó que se debe esperar el documento que Marena debería presentar en los próximos días.
Sin embargo, la aprobación de la ordenanza ocurre en un contexto en el que las distintas organizaciones ambientales y grupos de la sociedad civil, han cuestionado las recientes concesiones que se han otorgado a empresas mineras en el país.
En teoría, para aprobar o actualizar el Sistema de Evaluación Ambiental, también se debe consultar a diversos sectores del país como las organizaciones ambientales o civiles. Ruiz aseguró que el Gobierno no ha realizado ningún tipo de consulta y esto definitivamente intriga a las organizaciones ambientalistas.
“No conocemos qué hay detrás de este decreto. Ni la afectación que van a tener los recursos naturales. De lo que sí tenemos certeza es que Marena es una institución debilitada, con poco financiamiento y capacidad. Si este proceso lo están haciendo para disminuir los requerimientos ambientales, entonces sí está mal. Pero si es para aumentarlos, ordenarlos y mejorarlos, pues diría que iremos por buen camino”, reflexionó Ruiz.
Se conoció que las organizaciones ambientales que pertenecen al Grupo Cocibolca, se reunirán este jueves para analizar los distintos escenarios que pueden producirse a raíz de la publicación del documento en el que se presenten las actualizaciones del Sistema de Evaluación Ambiental.
