9 de octubre 2018
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La tercera fase represiva del régimen de Daniel Ortega, caracterizada por encarcelar a dirigentes opositores y manifestantes, es “una puñalada mortal a la democracia”, según el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, a quien no le cabe duda de que en Nicaragua se ha criminalizado la protesta.
“En el momento en que pensás diferente y materializás ese pensamiento, te convertís en un sujeto de persecución. Eso es grave”, afirmó Cuevas en el programa televisivo Esta Noche.
Defensores de derechos humanos han denunciado “irregularidades” en algunos juicios de presos políticos, acusados por el Gobierno de Daniel Ortega y cuyo aparato judicial los tacha de “terroristas”.
Cuevas explica que la mayoría de los detenidos han sido capturados sin orden judicial y de forma ilegal. Otros, como el caso de los jóvenes Hansel Vásquez, Marlon Fonseca y Kevin Rodrigo Espinoza, acusados de quemar las instalaciones de La Nueva Radio Ya, tenían medidas cautelares y, por lo tanto, el Estado “estaba obligado a darles protección”.
No obstante, los tres fueron declarados culpables la tarde de este lunes ocho de septiembre por los crímenes de “terrorismo, tráfico ilegal de armas y entorpecimiento de servicios públicos”, según ha detallado la Fiscalía, que pidió las penas máximas por cada uno de esos delitos, que en total sumaría 28 años de cárcel.
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Ciudadanos sin derecho a la protesta
“Es una forma de decirle a los ciudadanos que no tienen derecho a protestar, porque estos jóvenes son líderes de la gente, del segmento estudiantil”, aseveró Cuevas.
La mayoría de los casos judiciales exceden las 48 horas de detención sin ser presentados a la orden del juez, según lo estipula el Código Penal. “Llevamos casos donde el fiscal le dice a nuestros abogados que no importa que en el expediente role un acta de detención”, señala el asesor legal de la CPDH como ejemplo de las distintas irregularidades que abogados defensores han señalado.
“A los familiares de los detenidos que llegan a preguntar a El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial) les dicen que esperen 72 horas. Pareciera que es otro país, otra legislación con la que ellos (las autoridades judiciales de Nicaragua) se rigen”, Señaló el especialista.
Captura selectiva de manifestantes no es “normal”
En los últimos meses organismos de derechos humanos han denunciado que en el país existen “capturas selectivas”. Pablo Cuevas comentó que la CPDH ha recibido denuncias de estructuras del Frente Sandinista en los barrios, que vigilan a las personas que participan en las protestas “azul y blanco”.
“Nos han llegado mapas de CPC donde tienen domicilios que vigilan. Las instituciones de inteligencia de la Policía es claro que han aumentado su operatividad. Ya existen hasta organigramas que tienen a los sujetos en investigación y nosotros sabemos que le dan vigilancia a los perfiles de los ciudadanos. Eso es violatorio a la Constitución y es un delito según nuestro código penal”, argumentó Cuevas.
“Se ha criminalizado la protesta”
La discrecionalidad de la Ley 977, conocida como Ley contra el terrorismo, despertó las alarmas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entidad que alertó que el artículo 394 de la reciente norma tiene un texto muy “vago” dentro de su definición y podría ser usado para tachar de “terrorista a personas que ejercen su derecho a manifestarse”.
De hecho, la reciente publicación en La Gaceta de los reglamentos a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 976) ha vuelto a levantar alarmas en los organismos de derechos humanos del país, pues dichas normativas confieren a la UAF un enlace directo a datos de ciudadanos y empresas.
“No son juicios apegados al derecho porque se está vulnerando el poco Estado de Derecho que quedaba. La UAF entra al juego político y eso dice que podría perseguir a la gente que está haciendo una labor de desarrollo democrático”, afirmó Cuevas.
