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Al menos seis nicaragüenses, a quienes la dictadura les había prohibido el retorno a Nicaragua tras viajar al extranjero, han recibido correos del Ministerio del Interior (MINT) en el cual les avisan que su ingreso al país “está autorizado”, confirmó CONFIDENCIAL.
“Amablemente hacemos de su conocimiento: el ingreso a nuestro país está autorizado. Favor acusar recibo”, escribió el MINT en los correos, en los cuales firma “Ministerio del Interior República de Nicaragua”.
A algunos de los ciudadanos, que fueron desterrados de facto, también les llegó un formulario que la dictadura solicita completar a los extranjeros que ingresan o salen de Nicaragua, en el cual deben detallar sus datos personales, nacionalidad, detalles de entrada al país, y sí fue invitado por el Gobierno, empresa, embajada o amistad.
El diario La Prensa también publicó sobre las notificaciones del Ministerio del Interior. Según su publicación, algunos avisos también son recibidos por llamadas o mensajes de WhatsApp. Sin embargo, CONFIDENCIAL solamente ha confirmado las notificaciones por correo electrónico.
¿Autorizaciones selectivas o marcha atrás?
Con esta decisión, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo daría marcha atrás a la prohibición selectiva de ingreso de nicaragüenses a su propio país, que ejecuta con mayor regularidad desde mediados de 2023 y agudizó en 2025.
Sin embargo, las autoridades no han hecho ningún anuncio público, y se desconoce si el restablecimiento del derecho de ingreso al país es pleno, o si se aplicará de forma discriminatoria.
CONFIDENCIAL consultó a varias personas a quienes la dictadura les ha prohibido el retorno, quienes dijeron no haber sido notificados de algún cambio en su situación.
En noviembre de 2025, la titular del MINT, María Amelia Coronel, justificó las prohibiciones de ingreso diciendo:
“Nosotros lo hacemos, más que todo, porque tenemos la facultad legal de hacerlo y, sobre todo, para proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana que es lo más importante para el Ministerio del Interior y para toda Nicaragua”.
Más de 300 nicaragüenses vetados de Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN) reveló en febrero de 2025 que el régimen ha negado el ingreso a unos 318 nicaragüenses, entre junio de 2018 y agosto de 2025.
Entre los nicaragüenses desterrados de facto hay periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, familiares de opositores y excarcelados políticos, entre otros ciudadanos.
También, varios youtubers nacionales y extranjeros han denunciado públicamente la negativa de poder ingresar a Nicaragua.
Las prohibiciones de ingreso al país aumentaron tras la expulsión masiva de 222 excarcelados políticos a los Estados Unidos en febrero de 2023 y, según el GRHEN forman parte de un “patrón más amplio de violaciones graves y sistemáticas del derecho a la libertad de circulación y a escoger libremente su residencia”.
“Vamos contra el crimen organizado, contra el terrorismo, y contra cualquier acción de cualquier persona que atente contra nuestra paz y seguridad que tanto nos ha costado”, alegó la titular del MINT en una entrevista realizada por el canal oficialista TN8.
Así funcionan las prohibiciones de ingreso a Nicaragua
El GRHEN detalló que la maquinaria de destierro inicia desde que las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería, las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua.
Las autoridades de Migración utilizan esas listas para comparar los nombres con otro listado actualizado que reciben periódicamente de parte del Ministerio del Interior. Las listas indican sobre quienes hay “alerta”, para prohibir su salida, ingreso o reingreso Nicaragua.
En Migración, los funcionarios complementan la información con búsquedas de información sobre las personas señaladas en Internet y redes sociales. Con esa revisión, cualquier dato, publicación en redes sociales o vínculo considerado “sospechoso”, es suficiente para armar una ficha sobre la persona que intenta viajar y considerarla no apta para salir o ingresar al país.
Finalmente, a los ciudadanos les envían un correo electrónico de la aerolínea o la empresa de transporte, generalmente 24 horas antes de su viaje de regreso a Nicaragua, informando la negación de entrada. A varios de quienes intentan salir también les quitan sus pasaportes.
Operadores políticos deciden quién entra o quién no
El GRHEN reveló que existe una cadena de mando de quiénes deciden las negativas de ingreso al país encabezada por la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y operadores del Frente Sandinista.
Estos funcionarios y operadores investigan a los ciudadanos y le envían la información al MINT para que autorice o no el ingreso al país.
Luego, hay una notificación escrita u oral de prohibición de ingreso al país por parte del Ministerio del Interior hacia los medios de transporte o los puestos fronterizos de Nicaragua.
En los destierros de facto también hay un subregistro, porque muchos optan por no denunciar por temor a represalias.
El Grupo denuncia que “la falta de documentación oficial impide los procedimientos de regularización o reubicación en otros países”.
Cambios tras tensiones con Estados Unidos
En los últimos meses, el régimen orteguista ha flexibilizado su postura represiva tras las acciones del Gobierno de Estados Unidos ante sus aliados de Venezuela y Cuba.
Inició con la excarcelación de algunos presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, y los rechazos a las acusaciones de incautaciones de drogas procedentes de Nicaragua. Incluso, los medios de propaganda han comenzado a entrevistar a supuestos narcotraficantes detenidos tras intentar pasar por el territorio nacional.
El régimen también permitió que algunas iglesias católicas celebren las actividades propias de Semana Santa y envió a sus medios de propaganda a cubrirlas, en un intento de desmentir la persecución religiosa, mientras se mantienen las prohibiciones y el espionaje policial en la mayoría de las parroquias.
“Llamamos a quienes han vertido falsedades sobre nuestras vivencias religiosas, a desmentir lo que evidentemente constituye solamente una campaña política de desinformación interesada que alimenta el odio, que nada tiene que ver con la religión o la fe”, dijo la “Copresidencia” en un comunicado, en el que acusa a los denunciantes de “voceros del gobierno norteamericano”.
Desde 2019, después de encarcelar a decenas de sacerdotes, más de 200 religiosos, entre ellos cuatro obispos de la Conferencia Episcopal, han sido desterrados y se mantienen en el exilio, mientras que el régimen ha confiscado ilegalmente 39 propiedades de la Iglesia católica y órdenes religiosas, según detalló CONFIDENCIAL en una investigación publicada a finales de 2025.
