CIDH: Represión del régimen alcanzó a sus propios simpatizantes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó en su Informe Anual 2024 que la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó a sus propios simpatizantes, quienes en el último año han sido víctimas de  detenciones arbitrarias, despidos injustificados y restricciones para entrar y salir del país.

El informe —que nuevamente incluye un capítulo sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua— describe que “el régimen de represión instaurado en el país se extendió más allá de las personas opositoras políticas o sus familias, sino también respecto simpatizantes del gobierno o personas funcionarias y a la población en general”.

Estas personas, apunta la CIDH, han sido víctimas de medidas como: detenciones arbitrarias, despidos o remociones, restricciones a entrar y salir del propio país, entre otras. 

Subrayan que la represión generalizada tiene el fin de “eliminar cualquier espacio para el ejercicio de las libertades y autonomía de la población bajo un clima de miedo, vigilancia y persecución”.

Violaciones “graves y sistemáticas”

El informe de la CIDH también detalla las “graves y sistemáticas” violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua. Entre ellas las detenciones arbitrarias, desaparición forzada, graves condiciones de detención y hechos de tortura, privación de la nacionalidad, prohibición de retorno al país a nacionales, destierro, persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico. 

También identificaron nuevas acciones arbitrarias que tendrían por finalidad perpetuar en el poder a la pareja de dictadores. Destacan la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, mediante la cual se estableció un modelo de “democracia directa” que centraliza el poder en la Presidencia de la República. 

Este modelo “elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo; además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los “principios fundamentales” de la Constitución”, señala la CIDH.

Otros “aspectos preocupantes” para la Comisión son la reducción en la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia y la potestad del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad a personas nicaragüenses y para confiscar sus bienes.

También señaló los despidos masivos en las instituciones del Estado y la toma de facto del Poder Judicial, la aprobación de nuevas leyes y reformas que buscarían extender la represión más allá de las fronteras del Estado, así como la agudización de la represión durante las elecciones de la Costa Caribe. 

Desmantelamiento de la sociedad civil

Por otro lado, la CIDH advirtió que “el cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua se mantiene como uno de los escenarios más graves en la región”. Indican que en 2024, el número de organizaciones cerradas ascendió a más 5000 de un total de 7200 registradas antes de 2018, lo que representa el desmantelamiento prácticamente total de la sociedad civil organizada. 

Al mismo tiempo, las reformas aprobadas en esta materia eliminarían cualquier posibilidad de autonomía para la constitución de nuevas organizaciones. 

Además, la represión sistemática contra la Iglesia Católica, que se extendió a otras expresiones religiosas, pone de manifiesto la intención del régimen de eliminar cualquier espacio de pensamiento o expresión fuera de su control.  

Finalmente, la CIDH indicó la situación de impunidad generalizada en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 2018, en un contexto de concentración del poder en el Ejecutivo y quebrantamiento del Estado de derecho. 

Desde 2018, la represión del régimen orteguista ha dejado 355 personas asesinadas, más de 2000 personas detenidas arbitrariamente, más de 2000 personas heridas durante de las protestas sociales, más de 450 personas privadas de la nacionalidad, así como el cierre de más de 5000 organizaciones de la sociedad civil. Además, entre 2018 y 2023, más de 250 000 personas habrían sido desplazadas forzadamente a otros países.