22 de noviembre 2024
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La ONU consideró este 22 de noviembre de 2024 que la reforma de un considerable número de artículos de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, amenaza con desfigurar aún más el Estado de derecho y agravar la crisis de derechos humanos que se sufre en el país.
"Estos cambios supondrán el golpe de gracia para las libertades fundamentales y el Estado de derecho en Nicaragua, y mermarán aún más los frágiles controles y equilibrios que quedan sobre el (poder) Ejecutivo", declaró el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en reacción a la medida legislativa.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad y en primera legislatura enmiendas a la Constitución, las que tienen como consecuencia "refundar" el Estado, que pasará a ser "revolucionario", y otorgar un poder absoluto al presidente Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.
Ortega había enviado 48 horas antes las propuestas al Legislativo, que se ha apresurado en aprobarlas. Se ha señalado que su ratificación en segunda legislatura está prevista para enero.
Los poderes de los dos "copresidentes"
Türk explicó que con los nuevos poderes, Ortega y Murillo podrán "coordinar" el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral, mientras que es claro que se restringirá más la libertad de expresión, tanto en el ámbito público como en el privado, y por motivos totalmente vagos.
El representante de la ONU también explicó que se elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución, refiriéndose únicamente al pluralismo social y cultural.
"La propuesta de despojar a la Constitución de su compromiso con el pluralismo político es una señal escalofriante en vísperas de las elecciones generales de 2026", declaró el alto comisionado.
Türk denunció que también se pretende eliminar la prohibición explícita en la Constitución de la tortura y recordó que ésta es ilegal "en cualquier contexto".
"Los cambios propuestos también pretenden aumentar los poderes del gobierno para despojar a las personas de la ciudadanía", recalcó.
El retiro de la ciudadanía ha sido ampliamente utilizado como medida de represión contra personas críticas del régimen y disidentes, y desde febrero de 2023 al menos 546 nicaragüenses han sido despojados formalmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en "apátridas".
Algunos también han sido despojados de sus bienes, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y pensiones.
