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El preso político Beyker Enrique Ferreti Hernández, condenado por el asesinato del niño Teyler Lorío, de 14 meses, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza el 23 de junio de 2018, cumplió 36 meses en prisión como resultado de una “acusación política”, según organizaciones de derechos humanos.
“Es parte de la misma dinámica del régimen (…) Es una forma de hacer ver a la gente que el tema de 2018 fue un conflicto entre la gente y no un conflicto entre paramilitares armados y la población civil”, dijo a CONFIDENCIAL Yaritza Mairena, integrante de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua (UPPN).
En 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua denegó un recurso de la defensa y confirmó una sentencia de 15 años de un proceso judicial marcado por irregularidades y un claro indicio de ser un montaje político para desviar la atención de quiénes son los verdaderos culpables.
“Beyker estuvo en las protestas, él es de Managua, y se había ido al exilio. Cuando él regresa ocupan cualquier artimaña para ponerle un caso y acusarlo”, dijo Mairena.
A Ferreti Hernández, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, lo detuvieron el 20 de octubre de 2022. Según las organizaciones de derechos humanos, al joven lo capturaron en Honduras cuando intentaba llegar a Estados Unidos para proteger su integridad física.
Padre de Teyler Lorío acusa a paramilitares
El 23 de junio de 2018, Nelson Lorío cargaba en sus brazos a su hijo de 14 meses, mientras caminaba en el barrio Las Américas Uno de Managua con su esposa Karina Alejandra Navarrete Sánchez. Ese mismo día, la Policía orteguista y agentes “paraestatales” realizaban la “Operación Limpieza”, la cual habría dejado varios muertos en Managua.
El niño Teyler Lorío murió asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba en los brazos de su padre.
En un video que publicó en sus redes sociales, Lorío rechazó la acusación contra Ferreti Hernández, de 25 años, señalando que es la tercera persona a la que el régimen quiere inculpar.
“Un paramilitar con arma de fuego me le disparó a mi hijo”, insistió Lorío, quien vive exiliado en Estados Unidos.
En marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Lorío y familia por considerar que estarían en “situación de riesgo a raíz de su búsqueda por justicia en el alegado asesinato por policías y paramilitares”.
Jueza no permitió prueba de la defensa
La pena impuesta a Ferreti Hernández se cumple el 31 de octubre de 2037, según documentos del expediente.
Ulisa Yaoska Tapia Silva, titular del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio, dictó sentencia basada en el testimonio de cinco investigadores policiales que se identificaron como parte del equipo que realizó las investigaciones en la escena del crimen.
Al presentar su recurso de apelación, la defensa de Ferreti Hernández, argumentó que la judicial no permitió la “incorporación de prueba testimonial y documental”, lo que evitó continuar con la estrategia de su defensa.
Durante el proceso judicial, la defensa del joven preso político hizo notar que la acusación viola la misma Ley 996 aprobada por el régimen en junio de 2019, que concedió “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”.
“Él debería salir, pero nunca lo sacaron (…) Tanto la familia del niño asesinado como todos los que lo conocen admiten que es una acusación política y que él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos”, señaló Mairena.
