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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua “están en riesgo”, debido a una escalada de violencia que se ha exacerbado en los últimos años, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En su informe Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua, la CIDH subraya que esta problemática no es un hecho aislado, sino la consecuencia de acciones y omisiones estatales que benefician a industrias privadas interesadas en despojar a los indígenas de sus tierras ancestrales.
Entre los principales factores que contribuyen a la violencia contra los pueblos indígenas, la CIDH destaca: el socavamiento del régimen de autonomía, la imposición de gobiernos paralelos, la falta de reconocimiento efectivo y saneamiento de los territorios, la explotación de los recursos naturales y la invasión de sus territorios.
Socavamiento del régimen de autonomía
El informe de la CIDH enfatiza que la concentración del poder y debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua desde el año 2000, tuvo un impacto directo en la Costa Caribe. El régimen autonómico fue progresivamente socavado, mediante el debilitamiento de los mecanismos de representación popular y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Apunta que a partir del segundo mandato de Daniel Ortega en 2007, las elecciones regionales estuvieron marcadas por irregularidades, denuncias de fraude, persecución de la oposición y la falta de independencia del Consejo Supremo Electoral. De este modo, los Consejos Regionales fueron cooptados por los dos partidos políticos nacionales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
A partir de los comicios de 2024, el régimen reforzó el control en las regiones autónomas de la Costa Caribe, que hasta entonces habían sido las últimas zonas donde la actividad política independiente no había sido totalmente suprimida. Con ello, los Consejos Regionales pasaron a convertirse formalmente en un instrumento más de control del partido oficialista.
Imposición de gobiernos paralelos
La Comisión señala también que las autoridades indígenas y afrodescendientes fueron objeto de coacción y manipulación por parte de las Alcaldías y los Consejos Regionales, previamente cooptadas por el FSLN, con el fin de obligarlas a responder a los intereses del régimen. Mediante la retención de las transferencias municipales, la exclusión de proyectos de desarrollo social y económico, así como mediante la intimidación.
Subrayan que, a partir de 2015, fue “evidente la imposición de gobiernos paralelos” que suplantaron a las autoridades elegidas legítimamente por las comunidades indígenas. Esa práctica generó la coexistencia de dos estructuras de gobierno: uno “certificado” por el Estado nicaragüense, alineado con los intereses del FSLN, y otro “legítimo”, elegido conforme a las tradiciones y normas de las comunidades.
La imposición de gobiernos paralelos provocó “una fragmentación profunda en el tejido social y comunitario, erosionando la cohesión interna de las comunidades”, se lee en el informe.
Asimismo, al despojar a las autoridades tradicionales de su legitimidad, el régimen debilitó las estructuras de gobernanza comunal y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos territoriales.
Falta de saneamiento de territorios
La CIDH apunta que la violencia en la Costa Caribe está vinculada a la “falta de reconocimiento efectivo” de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Enfatiza que la ausencia de un proceso completo y efectivo de saneamiento de tierras ha permitido la ocupación ilegal de territorios indígenas, facilitando el despojo, la explotación de sus recursos naturales y la consolidación de un modelo de colonización interna.
Desde la suspensión del proceso de saneamiento territorial en 2014, la CIDH documentó un incremento alarmante en la magnitud e intensidad de la violencia en esta región, que entre el 2020 y 2024, derivó en al menos tres ataques armados de gran escala, identificados por las propias comunidades como masacres.
Explotación ilegal de los recursos de la Costa Caribe
La explotación extensiva de los territorios y recursos naturales de la Costa Caribe constituye otro de los principales factores del agravamiento de la violencia en contra de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, de acuerdo con la CIDH. Dicha explotación responde a una política de colonización interna promovida por el Estado, que ha facilitado el despojo sistemático de los territorios ancestrales en beneficio del régimen, así como de industrias ganaderas, de monocultivo, madereras y mineras, entre otras.
Sostienen que la explotación de los recursos naturales y la política de colonización interna en la Costa Caribe, en gran medida, ha sido posible por prácticas generalizadas de corrupción. Entre estas destacan la venta ilegal de tierras, comercialización ilegal de madera, la concesión fraudulenta de permisos de tala, la emisión de escrituras ilegales a colonos, falsificación de documentos y títulos.
Estas prácticas corruptas, advierte la CIDH, contarían con la participación de funcionarios públicos leales al partido gobernante, así como de familias vinculadas al FSLN, que han mantenido el control de la zona, garantizando la impunidad y el enriquecimiento ilícito de ciertos grupos de poder.
Invasión de territorios
La Comisión indica que la violencia en la Costa Caribe se ha intensificado como resultado de la invasión de territorios indígenas y afrodescendientes por personas no indígenas, conocidas como “colonos”. Dicho fenómeno ha sido incentivado por la expansión de las industrias ganaderas, de monocultivo y de explotación minera.
Según la Comisión, distintos gobiernos promovieron el reasentamiento de campesinos, excombatientes y poblaciones mestizas en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Pero, a partir de 2009, la invasión se incrementó drásticamente y se intensificó aún más tras la suspensión del proceso de saneamiento de tierras.
La invasión de territorios indígenas y afrodescendientes, alertan, es consecuencia de “la impunidad estructural, la corrupción, la falta de saneamiento territorial, la imposición de gobiernos paralelos y la política de colonización del Estado”.
