17 de enero 2023
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Cinco hombres fueron asesinado a balazos en el departamento de Jinotega en los primeros 15 días de 2023, informó el portal Mosaico CSI. Los hechos ocurrieron en los municipios de San José de Bocay, Wiwilí y El Cuá, las motivaciones no han sido aclaradas por la institución policial, pero de acuerdo a la publicación, desde 2018 el incremento de asesinatos en la zona es notorio.
El portal relata que las noticias recientes sobre estos hechos han sido tituladas así: “Murió por impactos de bala en la cabeza, cuello y pecho, asestados por personas todavía sin identificar”, “asesinado a balazos por dos desconocidos”, “asesinado a balazos a la orilla de la carretera”, “murió por un balazo en el cuello que presuntamente le asestó su vecino”, “hallado muerto la noche de este domingo 15 de enero en un camino de la comunidad Las Quebradas”.
Aumenta violencia letal
La sociologa y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, quien le ha dado seguimiento a la violencia letal en Nicaragua desde finales de 2018 después de lo que se llamó la “Operación limpieza”, indicó a Mosaico CSI que han identificado que en Wiwilí, San Jose de Bocay y El Cuá hay una situación particular con alta incidencia de asesinatos.
Cuadra, quien es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), señala que a finales de 2018 y 2019 observaron que un porcentaje importante de los asesinatos en dicha zona estaba relacionado con motivos políticos.
Sin embargo en 2020 la situación cambió en apariencia y lo que ahora se observa es que los asesinatos están vinculados a motivaciones de delincuencia común, como reencillas personales, asaltos, entre otros.
“Hemos identificado que desde 2020 para acá hay mucho temor de las personas de dar información o decir claramente las motivaciones de los asesinatos de sus familiares, no sabemos en relidad si se trata de razones políticas o son meramente asunto de criminalidad y delincuencia común, pero, lo cierto es que esa alta incidencia de violencia letal se mantiene en esa zona, pero en este momento no hay capacidad de poder profundizar sobre cómo, por qué y cuál es la diferencia con otros municipios u otras poblaciones del país”, explicó Cuadra.
Asesinatos y violencia
Un reportaje publicado por Mosaico en 2019 reveló que durante ese año en un periodo de ocho meses en Jinotega hubo 78 asesinatos, el 80 por ciento de ellos ocurridos en los municipios de El Cuá, San José de Bocay y Wiwilí, que conforman el llamado Corredor de la Contra, de la década de los ochenta.
En 2018 las cifras de la Policía registraron 76 asesinatos en el departamento de Jinotega.
En el anuario del 2021, la Policía reportó 3777 delitos cometidos en el departamento de Jinotega, 1454 más que los que registró en 2020. En cuanto a los asesinatos fueron 35 los que la institución policial documentó, así como 45 homicidios, cuatro parricidios, dos homicidios imprudentes y solo un femicidio.
Crímenes aumentan en Jinotega y Matagalpa no escapa
Según la socióloga, la tendencia es que la criminalidad común siga en aumento en todo el país, siendo Managua, Matagalpa y la Región Autónoma del Caribe Norte las zonas geográficas que presentan mayor incidencia de hechos de violencia vinculados con criminalidad y violencia común.
“Matagalpa tenía esa característica antes del 2018, hubo un periodo muy breve que bajó un poco, pero está presentando las mismas características, lo que podemos decir es que se mantiene la tendencia y es al incremento”, explicó Cuadra a Mosaico CSI.
El anuario estadístico de la Policía registró 10 123 delitos cometidos en el departamento de Matagalpa, 1875 más que los registrados en 2020. En este caso, en 2021 documentaron nueve asesinatos, 31 homicidios, dos parricidios y dos homicidios imprudentes.
La seguridad en la región
La socióloga explica que, en Centroamérica en la última década se ha dado un cambio en cuanto a seguridad ciudadana y Nicaragua no ha estado exenta, incluso antes del 2018 ya se venía observando una tendencia marcada en relación al cambio de las amenazas a la seguridad.
Según Cuadra, en los cambios que que ya se venían realizando aparecía en primer orden la delincuencia y la criminalidad común con datos crecientes en relación al incremento de asaltos, femicidios, violencia sexual y la seguridad vial. En segundo lugar, el crimen organizado y particularmente el narcotráfico y otras expresiones del mismo como la trata de personas, que no tiene estadísticas tan altas como otros tipos de delitos, pero es significativo y preocupante para Nicaragua y por último la violencia política que ya se venía dando desde antes de 2018.
Sin embargo, el escenario cambió con el estallido social de 2018 y la respuesta represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cambió esas amenazas y riesgos, la violencia política estatal se convirtió en el elemento de mayor amenaza para los ciudadanos luego la criminalidad común y el crimen organizado.
“Entonces cambió no solo el orden de las amenazas, sino que se incrementaron todas las formas de violencia política y delitos como asesinatos particularrmente en zonas rurales, asaltos, robos, femicidios, la violencia en general contra las mujeres, violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, y se agravó más en el tiempo de pandemia, las estadísticas subieron sobre todo en criminalidad y delincuencia común”, sostiene Cuadra.
La experta explica que con el cambio en los acontecimientos de violencia, de inseguridad, se incrementó también la percepción de inseguridad y temor entre la población en general, lo cual se ha observado en encuestas durante los ultimos cinco años.
A criterio de Cuadra, el Estado que es quien debe garantizar la seguridad ciudadana, en Nicaragua se ha convertido en un agente principal de temor e inseguridad para la población, una especie de dinamizador de otras formas de violencia.
“Por ejemplo, la presencia de grupos paramilitares, es un incentivo que existe, porque hay una permisividad del Estado, hay una impunidad de parte del Estado, el hecho de que la Policía, que es un institución pública, en vez de realizar las funciones establecidas en la ley y que están relaciondas con la protección de los ciudadanos y la prevención del delito, esté ocupada en asegurar una política de represión en contra de los ciudadanos se convierte en un incentivo o dinamizador de otras formas de violencia”, manifestó la investigadora.
