19 de junio 2023
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El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue condenado este 14 de junio a seis años de cárcel y a pagar una multa de 300 000 quetzales (USD 40 000) por el delito de lavado de dinero. Zamora, fundador y presidente de elPeriódico, que por 27 años fue el principal medio independiente de Guatemala, fue absuelto de las acusaciones de chantaje y tráfico de influencias que también hizo contra él la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La exfiscal Samari Carolina Gómez, que estaba acusada en el mismo proceso de filtrar información en un caso bajo reserva, fue absuelta después de diez meses y medio en prisión preventiva.
“Me siento satisfecho porque me quitaron dos (cargos) que no existían, y con el tercero voy a probar que soy inocente también”, dijo a la prensa el periodista después de conocer su condena por lavado de dinero. “Ahora voy a apelación especial y voy a seguir hasta que honre mi nombre”. El Ministerio Público (MP) había pedido para él un total de 40 años de cárcel por los tres delitos de los que lo acusaba, después de un polémico juicio plagado de irregularidades en el que Zamora ha tenido hasta diez abogados diferentes por presiones o acciones del MP contra ellos.
Los tres jueces que conforman el Tribunal Octavo de Sentencia sustentaron la condena en el hecho de que Zamora ocultó el origen de Q 300 000 (USD 40 000) en efectivo, por medio de la “simulación de una operación financiera” consistente en pedir a un polémico exbanquero, Ronald García Navarijo, que recibiera el efectivo y a cambio entregara al periodista un cheque que después sería ingresado a las cuentas bancarias del diario en concepto de pago por publicidad.
Zamora, uno de los periodistas más reconocidos del país y cabeza de elPeriódico desde que lo fundó, reconoció haber pedido a García Navarijo la emisión del cheque, pero argumentó durante el proceso que el dinero en efectivo provenía de empresarios que querían apoyar el trabajo del medio. Explicó que, debido a que elPeriódico era altamente crítico de este y anteriores Gobiernos, por lo general los financistas ponían como condición no figurar en registros para evitar presiones o represalias gubernamentales.
En el juicio no se pudieron ver pruebas de ello, y aunque en una parte de su sentencia el tribunal recuerda que correspondía a la parte acusadora demostrar el carácter ilícito de esos fondos, pocos párrafos después concluye que “se infiere que el dinero es ilícito porque se oculta su origen, y se da la apariencia de legalidad a una transacción inexistente”.
La resolución da por demostrada la voluntad de enmascarar el origen de los fondos por el hecho de que, para justificarlos, elPeriódico extendió una factura y un recibo por publicidad, un servicio que en este caso no prestó.
Este miércoles, antes de que se leyera la sentencia, Zamora quiso hacer uso de su derecho a hacer un alegato final e intentó leer un texto de 19 páginas que había escrito a mano y que tituló “Discurso final”, pero el tribunal no le permitió continuar más allá del tercer párrafo.
“Valoro y reconozco que este tribunal, fundamentalmente la señora presidenta, terminó con la violencia y el terrorismo verbal, con los que el juez contralor (Orellana), la señora fiscal (Cynthia Monterroso), y sobre todo los querellantes, nos venían criminalizando”, alcanzó a leer Zamora.
Maniobra de la FCT
Los querellantes a los que se refiere Zamora son los miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización privada que en los últimos dos años ha presentado denuncias de forma sistemática contra decenas de fiscales y jueces que estuvieron a cargo, en la década pasada, de los casos impulsados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra políticos y empresarios corruptos o contra militares responsables de crímenes de guerra en el país. Docenas de ellos están ahora en el exilio.
Sus acusaciones logran habitualmente una reacción inmediata de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, considerada cercana al presidente Alejandro Giammattei y a quien Estados Unidos sancionó en 2021 bajo señalamientos de corrupción y obstrucción a la justicia. Por las mismas razones está sancionado el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, que impulsó la acusación contra Zamora.
Una acusación que, de hecho, en un juego circular, nació de la misma FCT. Falla, que es al menos desde hace un año representante legal de García Navarijo, reconoció a El Faro que fue él quien convenció personalmente al exbanquero de presentar la denuncia contra el fundador de elPeriódico y contra Samari Gómez.
Gómez trabajaba en ese momento como fiscal auxiliar en la FECI y estaba encargada de al menos dos procesos contra García Navarijo por lavado de dinero. La ahora exfiscal ha declarado varias veces a lo largo del juicio que sospechaba que su implicación en el caso contra Zamora fue instrumental para el ataque al fundador de elPeriódico, puesto que el Código Procesal Penal sólo permite que un privado se sume como querellante en los casos en los que esté involucrado un funcionario:
“La Fundación Contra el Terrorismo, para poder querellarse (contra José Rubén Zamora) necesitaba un funcionario público dentro del proceso”, repitió la exfiscal tras quedar libre, “y lamentablemente no les importó pasar por encima de mí y tenerme más de diez meses encerrada injustamente”.
“Gracias a Dios ha quedado demostrado, y el Tribunal ha sido contundente en su sentencia respecto a mi inocencia”, dijo Gómez. La FECI había pedido una condena de ocho años de cárcel para ella.
Tras la lectura de la condena contra Zamora, ningún periodista en la sala se acercó a entrevistar a Falla o a Ricardo Méndez Ruiz, fundador de la FCT. Sin embargo, Falla se filmó a sí mismo con su celular diciendo que la sentencia confirmaba que Zamora utilizaba a elPeriódico “para lavar dinero y chantajear”. Cerró la grabación con las palabras “la Fundación Contra el Terrorismo se hace cargo”, un eslogan que ha repetido habitualmente después de que alguna de sus denuncias haya llevado en los últimos dos años a la captura o condena de fiscales o jueces anticorrupción.
Curruchiche, quien ha acudido como público a la mayoría de audiencias del juicio a Zamora, dijo que apelarán la sentencia por considerar baja la condena impuesta al periodista, así como su absolución de dos delitos y la orden de libertad para Gómez.
También Zamora, que había pedido al tribunal ser absuelto de todos los cargos, o la posibilidad de repetir el juicio, ha anunciado que apelará su condena por lavado de dinero. Además, dijo que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El origen del dinero
Durante el proceso, la defensa de Zamora intentó incorporar evidencia que supuestamente debía servir para explicar el origen de los Q 300 000 y demostrar que no era ilícito, una condición necesaria, según la ley guatemalteca, para que exista lavado de dinero. Sin embargo el juez contralor de la investigación, Fredy Orellana, se negó a incorporar esas pruebas al proceso, con lo que no fueron valoradas en el juicio y el origen del dinero nunca quedó oficialmente demostrado.
Poco después de su detención en 2022, Zamora reconoció haber pedido a García Navarijo, con quien dice que tenía amistad desde hace años, depositar los Q 300 000 en efectivo en la cuenta de una de sus empresas, y entregarle después un cheque a nombre de la razón social de elPeriódico, para poder depositarlo en las cuentas del medio sin tener que revelar al banco el nombre de sus verdaderos financistas.
Durante el juicio quedó demostrado que García Navarijo cumplió con entregarle el cheque, pero también lo acusó ante la FECI, por supuestamente haberlo amenazado con publicar información que lo podría perjudicar, si no hacía la transacción. El denunciante testificó durante el juicio que el dinero que Zamora le entregó “podría ser producto de extorsiones”, y que sospechaba que era “de origen ilícito”.
La Ley de Lavado de Dinero de Guatemala dice en su artículo 2 que comete ese delito “quien (...) realice cualquier transacción con dinero”, o que “oculte o impida la determinación (...) del origen de bienes o dinero, (...) sabiendo que los mismos son producto de la comisión de un delito”. En el juicio contra Zamora no se presentó evidencia o indicio del delito del que en teoría provienen los fondos, pero en su resolución, el tribunal concluye que tienen un origen ilegal y que Zamora lo sabía, solo por el hecho de que el periodista quiso “ocultar el dinero que, de ser lícito, no habría tenido razón para ocultar”.
La contraargumentación de la defensa fue confusa a lo largo de buena parte del juicio. En contra de su versión inicial, en octubre Zamora dijo que, del monto total, Q 240 000 provenían de la venta de un cuadro, identificó al comprador como Alejandro José Girón Lainfiesta, y agregó que existían movimientos bancarios en la cuenta del comprador que demostraban el retiro del dinero de una agencia bancaria el 25 y 27 de julio de 2022.
Según el periodista, Girón Lainfiesta estaba dispuesto a declarar para confirmar la compra del cuadro. La misma presidenta del tribunal expresó durante una de las audiencias contra Zamora que sabía de la existencia de “cuatro actas” que en teoría respaldan la compraventa del cuadro, pero que no habían sido incorporadas al proceso.
Un abogado que defendió a Zamora entre agosto y septiembre de 2022, el costarricense Christian Ulate, insistió en que, según la ley guatemalteca, “sólo se lava dinero de origen ilícito”, y no dinero que estaba bancarizado, como supuestamente lo demostraban las cintas bancarias que sujetaban el dinero que, según Zamora, Girón Lainfiesta le entregó. También lo demostraría su registro de movimientos bancarios. Según el periodista, el resto de los Q 300 000 salió de una cuenta de elPeriódico y de una “caja chica” que conservaba en su casa para emergencias relacionadas con el diario.
La FECI, sin embargo, no conservó las cintas bancarias como evidencia. En todo caso, el tribunal, presidido por la jueza Oly González, consideró en su sentencia que las cintas bancarias no hubieran bastado, por sí mismas, para probar el origen lícito del dinero.
Cerco al periodismo
El día de la captura de Zamora, hace once meses y medio, Curruchiche anunció que se le investigaba como empresario y no como periodista. No obstante, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó que la “espectacularidad y desproporcionalidad” con la que las autoridades allanaron la casa de Zamora, las instalaciones de elPeriódico, y capturaron al periodista aparentaban la intención de intimidar a los periodistas y los medios que fiscalizan el poder en Guatemala.
Para elPeriódico el golpe fue inmediato. Uno de los hijos de José Rubén Zamora, Ramón Zamora, que asumió de manera precipitada la dirección del medio tras el encarcelamiento de su padre, explicó a El Faro que la presión del Gobierno sobre los anunciantes aumentó tras la captura, y junto a la intensificación de requisitos para acceder a donaciones desde el extranjero enviadas por transferencia, significó un absoluto cerco financiero .
Tras décadas de resistir a presiones económicas, elPeriódico se vio obligado a clausurar su edición impresa el 30 de noviembre y despidió al 80% de su personal. Menos de seis meses después, el 14 de mayo pasado, se anunció el fin también de su edición digital y el cierre total de operaciones, ante la imposibilidad de afrontar los gastos de funcionamiento.
Fue la culminación de 20 años de hacer frente a amenazas, boicots comerciales, acoso fiscal, y atentados directos contra el periodista y su medio durante seis Gobiernos sucesivos. En 2003, 17 sujetos ingresaron ilegalmente a la casa de Zamora en la capital guatemalteca y los retuvieron a él y su familia durante varias horas. Desde entonces tuvo, y tenía todavía cuando fue detenido, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2013, elPeriodico fue blanco de al menos 14 ciberataques que destruyeron su archivo histórico, y bloquearon el acceso a publicaciones previas a ese año. Para 2014, los periodistas de elPeriódico estaban vetados de eventos organizados por el Gobierno y Zamora denunciaba que era objeto de seguimiento por parte de policías y militares. En los últimos meses, las amenazas individuales contra los periodistas de la redacción también se habían incrementado hasta el punto de que varios de ellos se vieron obligados a abandonar el país.
El caso de elPeriódico y Zamora refleja un deterioro de la libertad de prensa en Guatemala que se agudizó en la Administración actual. Antes de que Alejandro Giammattei llegara a la presidencia en enero de 2020, Guatemala ocupaba el puesto 116 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Para 2023, el país ha caído al puesto 127 en una lista de 180.
Human Rights Watch (HRW) denunció este año que la administración del presidente Giammattei y la labor de la fiscal general Consuelo Porras, han generado en Guatemala “un clima hostil para el periodismo independiente y los medios de comunicación” mediante ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos, en referencia al juicio contra Zamora.
El 28 de febrero, la FECI abrió otro proceso contra el periodista por supuesta conspiración para obstruir la justicia, bajo el argumento de que en agosto de 2021 pretendió alterar la contabilidad de elPeriódico para incluir en los ingresos de 2013 un cheque por Q 200 000 (USD 26 000) vinculado al Banco de los Trabajadores y que aparentemente no se registró en aquel momento. El principal testigo de este segundo caso es, de nuevo, García Navarijo.
En la primera audiencia pública por esta otra acusación, el juez del caso, Jimmi Bremmer, ordenó —a solicitud de la FECI— abrir una investigación contra nueve columnistas y periodistas de elPeriódico por supuestamente conspirar con Zamora para coaccionar, mediante publicaciones, a los fiscales y a García Navarijo. La semana pasada, la FECI solicitó a elPeriódico copias de artículos y notas publicadas en el último año por los columnistas y periodistas bajo investigación. Algunos de ellos han salido del país. Según un informe de organizaciones de libertad de prensa, hay al menos 22 periodistas guatemaltecos en el exilio.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas registra desde 2019, año de su creación, un promedio anual de 104 denuncias. Sólo el 2% de los casos ha llegado a algún tipo de sentencia y en los últimos cuatro años el presupuesto de esta fiscalía se recortó en el 68%. Udefegua, una de las organizaciones de sociedad civil más reconocidas del país, ha registrado un aumento de 300 a 450 ataques a periodistas de 2021 a 2022, principalmente casos de acoso y amenazas en línea.
En junio pasado, la SIP calificó como “ensañamiento contra el periodismo” el hecho de que la FECI pidiera una condena de 40 años de cárcel contra José Rubén Zamora, e instó al Gobierno a “deponer su actitud intimidatoria” y a no seguir “lesionando la democracia en su país”.
Este miércoles, minutos después de que se leyera la sentencia contra Zamora y un mes después del cierre de elPeriódico, el fiscal Curruchiche dijo a los periodistas presentes : “A través de ese medio de comunicación se denigraba, se insultaba en su honor, en su prestigio a fiscales, magistrados, jueces, a diversas personas de la sociedad civil”. Titubeó cuando uno de los reporteros le recordó que eso no era lo que se juzgaba en el caso contra Zamora.
Pocas horas antes de la sentencia contra el periodista, Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) dijo a The New York Times que “el estado de derecho está quebrado” en Guatemala. Según Méndez, el caso Zamora representa “otro paso hacia la consolidación de una dictadura” en el país.
Un proceso viciado
El caso contra Zamora nació, según las autoridades, de una denuncia hecha la noche del 26 de julio de 2022. Eso significa que en solo 72 horas la FECI construyó un caso de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias contra el periodista y logró el aval de un juez a su captura y la de la auxiliar fiscal Gómez.
La única base para el operativo policial contra Zamora era, en realidad, la denuncia de García Navarijo, que incluía grabaciones de llamadas telefónicas con el periodista, y de reuniones en casa de Zamora con los abogados de éste y con la gerente financiera de elPeriódico, Flora Silva.
El exbanquero grabó también al menos una conversación telefónica que Zamora sostuvo con el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, destituido ilegalmente en julio de 2021 por la actual Fiscal General y actualmente en el exilio. Según la FECI, esa grabación, hecha a escondidas mientras la conversación se escuchaba en un teléfono en modo altavoz, sustentaba el cargo de tráfico de influencias contra el periodista porque probaba que recibió de Sandoval información para chantajear a García Navarijo e intentó influir en el curso de uno de los procesos contra éste.
En su sentencia, el tribunal consideró por el contrario que la grabación presentada no demuestra ninguno de esos delitos. Además, la consideró inválida a efectos legales puesto que la conversación fue a través de dispositivos que no pertenecían a quien grabó, y se realizó sin el consentimiento de las partes.
Zamora enfrentó graves obstáculos para ejercer su derecho de defensa. Durante los diez meses transcurridos entre su captura y la audiencia de sentencia, el periodista ha tenido diez abogados diferentes. La mayoría fueron amenazados hasta el punto de dejar el caso, al menos uno enfermó por la tensión resultado de la intimidación en su contra.
Ya tras la primera audiencia de instrucción, el 3 de agosto de 2022, sus dos primeros abogados, Romeo Montoya y Mario Castañeda, debieron abandonar cuando la fiscal Monterroso les anunció que serían procesados por conspiración para obstruir la justicia por participar con Zamora en reuniones para hablar del cheque de 2013. Su siguiente abogado, Ulate, se retiró a mediados de septiembre tras recibir amenazas, y ser objeto de seguimientos desde que asumió la defensa del periodista. El 20 de abril pasado, otros dos abogados de Zamora, abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, fueron detenidos y acusados de obstaculización de la acción penal por supuestamente falsear documentos relacionados con la compraventa del cuadro.
En este clima de intimidación, la FECI consiguió que Silva, la gerente financiera de elPeriódico, para evitar ir a la cárcel aceptara cargos de lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia. Recibió una pena de prisión conmutable por una multa. También aceptaron cargos los abogados Castañeda, Montoya, Solórzano y Brito, no sin antes haber pasado varias semanas en la cárcel cada uno.
La fiscalía también consiguió que Girón Lainfiesta aceptara cargos por la elaboración de un documento con fecha alterada. Se trataba del contrato que documentaba la supuesta compra del cuadro, y que se redactó en octubre de 2022, pero con fecha de julio de ese año, coincidiendo con los movimientos bancarios que registraban el retiro de los Q 240 000 del pago.
El lunes 12 de junio, dos días antes de su condena, a Zamora le abrió la FECI un tercer proceso. Esta vez le acusan de usar, para salir de Guatemala en una ocasión en 2015, un documento en el que su propia firma era falsa.
En investigación está una denuncia más de la FCT contra él. Le acusan de tráfico de influencias por la supuesta designación “a dedo”, en mayo, de la que fue su novena abogada, una defensora pública. El MP aún no ha anunciado si judicializará este caso.
Pero quizá el punto más llamativo del caso Zamora esté en su origen. El hombre que puso la denuncia contra él, el exbanquero Ronald García Navarijo, está acusado de lavado de dinero y otros delitos en al menos dos procesos distintos iniciados en 2016 y 2017 por la CICIG y aún en curso. Fue prófugo durante casi dos años hasta su captura en 2018, y actualmente es procesado en libertad tras lograr medidas sustitutivas mediante un amparo en 2020.
Desde entonces, según Sandoval, había tratado de convertirse en colaborador eficaz del Ministerio Público. El exfiscal de la FECI asegura que el exbanquero le ofreció información de supuestos casos de lavado de dinero en los que involucraba hasta a expresidentes, pero de los que nunca entregó evidencias.
Zamora ha asegurado que ambos se conocen desde al menos 2009, y que su relación era tan cercana que para 2022 el exbanquero llegaba a su casa “a cada rato”, frecuentemente sin avisar. Siempre según el relato del periodista, a finales de junio del año pasado García Navarijo lo visitó para hablar de uno de sus casos heredados de la CICIG. Estaba preocupado porque la FECI se rehusaba a descongelar una cuenta a su nombre con Q33 millones (US$4.4 millones). Según relata Zamora, el exbanquero le dijo que —por medio de una tercera persona— Curruchiche le pedía, a cambio de devolverle su dinero, el 15 % del monto total y que delatara a “personajes molestos para el Ministerio Público y el régimen de turno”.
Curruchiche ha dicho a El Faro que nunca propuso semejante cosa a García Navarijo, y en el juicio aseguró que el dinero del exbanquero sigue inmovilizado. Como sea, un mes después de aquella visita a casa de Zamora, el fundador de elPeriódico y Samari Gómez —la fiscal que llevaba el caso de García Navarijo y se oponía a entregarle el dinero— fueron capturados.
*Reportaje publicado originalmente en El Faro.
