17 de abril 2025
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Un juez federal dio inicio al proceso para declarar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, publicada el miércoles 16 de abril de 2025, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delictivas transnacionales Tren de Aragua, que surgió en una cárcel de Venezuela, y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.”
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
“Constitución no tolera la desobediencia intencional”
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió.
Permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes, agregó Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Trump invocó el 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
Envío de migrantes y “desaparición forzada”
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado a principios de abril, acusó a EE. UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una “desaparición forzada”.
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
EE. UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE. UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, EE. UU. pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Senador pide la liberación de Kilmar Ábrego
El senador estadounidense Chris Van Hollen (demócrata) fue recibido el miércoles por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien pidió la liberación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, detenido en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legar en el país norteamericano.
Van Hollen llegó al país centroamericano con la intención de acceder al Cecot y ver el estado de Ábrego García, no obstante esto no fue posible, según lo indicó en una conferencia de prensa brindada en San Salvador.
El senador explicó a periodistas que solicitó al vicepresidente Ulloa realizar las gestiones necesarias para su ingreso a la megacárcel, pero él le “dijo que había que hacer ciertos arreglos previos para poder entrar al Cecot” y que “no estaba dentro de sus posibilidades hacer que eso sucediera”.
De acuerdo con Van Hollen, también pidió que se le autorizara una llamada telefónica o una videollamada con el salvadoreño, pero tampoco fue posible, señaló.
“No hay evidencia que fue miembro de la MS13”
El senador apuntó que “en las cortes de Estados Unidos no existe ninguna evidencia que diga que el señor Ábrego García fue miembro de la MS13” y aseguró que “El Salvador tampoco tiene pruebas que él haya sido miembro”.
El senador estadounidense, que en reiteradas ocasiones aseguró que el salvadoreño no es miembro de la MS13 y que no ha cometido algún delito en el país norteamericano, añadió que solicitará a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador “tener comunicación con Ábrego García” para saber cuál es su estado.
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes –en su mayoría venezolanos– que fueron expulsados de EE. UU. el 16 de marzo y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
Se niegan a regresarlo a Estados Unidos
A pesar de que el Supremo de EE. UU. emitiera un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a “facilitar” el retorno del salvadoreño, tanto EE. UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
Durante una visita a la Casa Blanca, el presidente Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a EE. UU. sería ilegal.
Por su parte, el Gobierno Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es “clasificado” y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.
El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EE. UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Ábrego García residía en el estado de Maryland, tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
