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Una familia de siete nicaragüenses, originarios de Chinandega, fue acusada en La Rioja, en el norte de España, de los delitos de trata de personas, integración en grupo criminal, y blanqueo de capitales. De hallarlos culpables, la mayoría enfrenta penas de entre cuatro y seis años en prisión.
Los siete nicaragüenses —que están en libertad— se presentaron ante un juzgado el miércoles 25 de marzo de 2026, a la espera de lograr un acuerdo con las víctimas y la Fiscalía, pero como no fue posible, se les citó para un juicio en febrero de 2027.
Los nicaragüenses acusados son: (en esta nota se les identifica con seudónimos)
- Francisca; identificada como “máxima responsable”.
- Sara, identificada como otra “máxima responsable”.
- Leticia. Las tres son hermanas.
- Sandro, pareja de Leticia.
- Fernando, pareja de Sara.
- Teresa, sobrina de Francisca.
- Orlando, hijo de Francisca.
Las pesquisas contra esta supuesta red de trata comenzaron en mayo de 2019, y las capturas en agosto de ese mismo año.
Adicionalmente, en septiembre de 2019 las autoridades hablaron con Josefa, una nicaragüense a quien se considera como una de las primeras víctimas de la red. La mujer, que en ese momento habitaba en Zaragoza, narró que ella trabajó por cinco años cuidando en Nicaragua a los hijos de Sara, que vivía en España.
Todo cambió para ella a inicios de 2017, cuando Sara regresó a Nicaragua para llevar a sus hijos y a su hermana Francisca a vivir con ella en España. Cuando Josefa expresó su angustia por quedar desempleada, Sara le ofreció viajar con ella, con la expectativa de conseguirle un empleo cuidando ancianos. Josefa no tenía dinero para comprar el boleto aéreo, ni para mostrar suficiencia económica a las autoridades migratorias españolas, pero Sara resolvió ambos problemas.
Más de 50 mujeres en tres años
Hasta ahí, todo bien. El problema comenzó después, cuando Sara le cobró lo que había gastado en ella. Aunque para esas fechas ese boleto no debió haber costado más de 800 euros (aproximadamente 880 dólares en ese momento), Josefa asegura que terminó pagando 5473 euros (más de 6000 dólares). Casi siete veces más.
Hay indicios de que los acusados transportaron a más de 50 mujeres a lo largo de tres años. Todas desde Chinandega, generando ingresos que podrían sumar hasta 750 000 euros (unos 825 000 dólares).
Al ser entrevistada, Josefa expresó que no sentía que la hubieran explotado laboralmente. Por el contrario, ponderaba los “beneficios” que el viaje significó para ella y su familia. Tan solo reprochaba que le “cobraran tanto dinero” por un billete de avión.
Quienes sí se mostraron agraviadas fueron Regina y Svetlana, que presentaron testimonio. Regina, en calidad de denunciante. Svetlana, solo para responder preguntas que permitieron hacer avanzar la investigación, pero sin atreverse a presentar una denuncia.
Red operaba en dos provincias españolas
Hay una tercera hermana en esta historia: Leticia. Las investigaciones muestran que Leticia y Francisca residen y operan en una localidad llamada Alfaro, contando con el apoyo de Sandro, pareja de Leticia. Por su parte, Sara y su marido, de nombre Fernando, operan en la provincia de Huesca. Desde ahí, ambos grupos habrían extendido su acción por provincias limítrofes como Navarra y Zaragoza.
Luego de entrevistar a las tres mujeres, se emitieron órdenes judiciales para intervenir los teléfonos de los sospechosos, lo que les permitió construir el caso que ahora se ventila en la Audiencia Nacional. Eso permitió concluir que puede haber unas 53 víctimas, de las que poco más de 40 están identificadas con nombre completo y número de pasaporte nicaragüense.
No hay certeza sobre el número exacto de mujeres que fueron llevadas a España como parte de la operación. Se infiere que el total sería más elevado, considerando que hay hasta tres años de actividad entre el primer caso conocido, y el momento de las capturas de las personas acusadas.
Modus operandi de los acusados
La premisa es que la idea de negocio surgió cuando Francisca y Sara —que llegaron a España en 2014 y 2015, respectivamente— detectaron que había demanda de personal apto para cuidar a enfermos y a personas de la tercera edad.
Habrían comenzado entonces a buscar mujeres en Chinandega, contando con el presunto apoyo de la madre de ambas —cuyo nombre no se menciona—, lo que dio inicio al traslado de hasta medio centenar de mujeres. El costo del boleto, y el préstamo de 1000 euros a cada una de ellas, corría por cuenta de las hermanas.
Una vez superado el chequeo migratorio, las mujeres debían devolver el dinero y entregar su pasaporte como garantía de que pagarían el préstamo, cuyo monto establecían entre 5500 y 6000 euros.
“A partir de ese momento su situación en España es irregular, siendo este un elemento más de amenaza y control empleado por los presuntos autores, como se evidencia durante las intervenciones telefónicas practicadas, constando conversaciones en las que estos recomiendan a las víctimas no deambular por zonas públicas para no ser detectadas e identificadas”, señalan.
Miles de euros enviados a Chinandega
Mucho de ese dinero fue a parar a una persona en Nicaragua. Los registros de varias empresas de remesas que colaboraron en la investigación, muestran que muchos de los envíos se hicieron a nombre de Ricardo. En total, se le enviaron casi 75 200 euros (poco menos de 83 000 dólares).
Aunque se desconoce quién es esta persona y su relación con las tres hermanas, se sospecha que es el padre de otro de los acusados, de nombre Orlando. Él es hijo de Francisca, y lleva los apellidos de ella y de Ricardo.
Se presume que parte del dinero enviado sirvió para comprar boletos aéreos, y aportar los 1000 euros que cada mujer debía presentar a las autoridades migratorias al llegar a España. Otra parte del dinero, se habría usado para comprar fincas, viviendas y otros bienes en Nicaragua.
Después que las partes no llegaran a un acuerdo en la vista judicial del 25 de marzo, los acusados tendrán que esperar once meses más para saber qué pasará con ellos. A menos que sus abogados logren ponerse de acuerdo antes de que llegue esa fecha. Si los encuentran culpables, además de las penas de cárcel, los acusados tendrían que devolver los cobros ilegales a las víctimas y pagar una indemnización de 80 000 euros (unos 92 800 dólares) para dos de ellas.
