16 de marzo 2017
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El Instituto Nicaragüense de Energía (INE), recibió en el 2016 un total de 20,221 recursos administrativos por facturación, daños de equipos y calidad del servicio. Respondiendo a un cuestionario de Confidencial, el ente regulador del sector eléctrico destacó que la cifra es la más baja en los últimos cinco años frente a 36,523 casos en 2012), y considera que existe un avance en el proceso de mejoramiento del servicio.
Sin embargo, Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec), argumentó que la reducción en el número de denuncias recibidas por el INE, se debe a la falta de confianza que tienen los ciudadanos respecto a la solución de sus denuncias.
El director del Indec refuerza su argumento con los datos de las denuncias que recibió su organización en el mismo año, las cuales sumaron un total de 48 mil. Explicó que la primera y segunda instancia a la que recurren los ciudadanos para interponer sus quejas son Disnorte y Dissur. La tercera opción para los pobladores es el ente regulador del sector eléctrico.
“Diario llegan alrededor de 180 casos solo en cuestiones de energía. El mayor rubro de denuncias es por facturación, pero hay otros reclamos como la solicitud de un medidor o las inspecciones”, dijo Pomares en una entrevista durante el programa televisivo Esta Noche.
Los casos que recibió el INE en 2016 se desglosan en 14,006 recursos administrativos para ser tramitados en primera instancia. De ellos 11,984 son por facturación, 1,043 facturación debido a pérdidas de subsidios; 623 por revisión de refacturación y el resto por otras causas.
Del total de quejas atendidas, la proporción de denuncias falladas a favor de las distribuidoras fueron del 78.4 por ciento, y para los clientes del 21.6 por ciento.
A pesar de que las organizaciones de defensa de los consumidores alegan que el INE generalmente favorece a las empresas, la institución reguladora se defiende aduciendo que “resuelve aplicando el marco legal vigente y le da la razón a quien la tiene”.
La lucha de las organizaciones
Motivados por la falta de protección que tienen los consumidores frente a las grandes empresas, este jueves 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Movimiento Comunal Nicaragüense demandó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, la creación de una subprocuraduría especial.
Enrique Picado, miembro del Consejo Nacional del Movimiento Comunal, explicó que la demanda persigue crear un espacio de apelación que apoye las denuncias de los consumidores y que funja de intermediario validado por el Estado frente a los entes reguladores, como la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), que no realizan su trabajo y dejan manos arriba al ciudadano.
La demanda del Movimiento Comunal también apunta a que se cumpla con la apertura de oficinas ubicadas en las cabeceras departamentales del país, tal y como se ordena en la ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.
“Las oficinas no existen. El planteamiento está en la Asamblea Nacional y el Mific debería presionar o por lo menos negociar un presupuesto para estas oficinas, pero la institución brilla por su ausencia. Es importante que esto se cumpla porque, por ejemplo, una persona de Rancho Grande que tenga un problema como consumidor, sin un lugar cercano donde denunciarlo, estaría desprotegido”, consideró Picado.
La demanda del Movimiento Comunal fue recibida por la asistente del Procurador de los Derechos Humanos y respondió que la propuesta sería analizada por la institución y luego emitirían un pronunciamiento al respecto.
“Queremos que la Procuraduría actúe frente a las prácticas monopólicas que establecen precios artificiales. Que Procompetencia actúe de oficio y elimine las trabas burocráticas que tienen. Rechazamos al alza de la energía, del agua y demandamos que se pronuncien en favor del pueblo”, resume el documento.
Desconocimiento de la Ley 842
Otro de los problemas que tienen los consumidores es la falta de conocimiento de la ley 842, que según el Indec tan solo el cuatro por ciento de la sociedad nicaragüense conocer sus alcances. Esta es una desventaja para la ciudadanía que quiere reclamar sus derechos, pero no sabe cómo hacerlo y tampoco a qué instancias acudir.
Pomares asegura que la clave para resolver el problema, se encuentra en la enseñanza de la ley y la capacitación para su aplicación, en los sectores sociales que denuncian mayores abusos de las empresas.
“Este es un problema nacional, pero el sector que más reclama es la clase media. La gente de escasos recursos como está subsidiada no tiene mucho problema. Pero la gente que tiene pequeños negocios, son quienes denuncian los cobros exagerados en las tarjetas de crédito o en el interés de las cuotas de pagos a los préstamos de las microfinancieras”, afirmó el director de Indec.
El Movimiento Comunal también apunta a la educación. Lo que buscan es que los ciudadanos se empoderen y sean el primer muro de contención para defender su derecho. La organización de comisiones en los barrios y municipios es vital, sin embargo, la actitud personal, debe ser otro punto a desarrollar, reflexionó Picado.
La misión de educar no es solo una labor de las organizaciones de defensa al consumidor. La Ley 842 expresa que la empresa privada y los entes reguladores deben promover la educación a través de los medios de comunicación, mediante la producción de anuncios televisivos, impresos o radiales.
“Deberían realizar un spot explicando la ley y diciendo a la gente cuáles son los derechos que tienen como consumidores”, reafirmó Pomares, quien considera que a pesar de que falta mucho en materia de conocimiento y aplicación de la ley, por lo menos las organizaciones que ayudan a los ciudadanos han resuelto muchos problemas que antes no tenían solución.
“Todos los problemas son serios. El del agua es parecido al del INE, con la diferencia de que no existe una protección al ciudadano por todos los factores que intervienen en el problema, que no solo depende de Enacal, sino del cambio climático, ríos secos, arborización. Lo que se debe hacer es trabajar más y que el Estado aporte su grano de arena”, finalizó Picado.
