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Enrique Sáenz: Régimen “viola” derechos económicos y sociales de los nicaragüenses

Ciudadanos pagan una energía cara y reciben “pésimos” servicios de la Seguridad Social, según informe de la Fundación Puentes para el Desarrollo

Trabajo informal

El 78% de los nicaragúenses laboran en la economía informal, según datos del INSS. Foto: Confidencial

Iván Olivares

8 de junio 2023

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El esquema corrupto que prevalece en Nicaragua afecta muchas esferas de la vida nacional, concluyó un Informe sobre los Derechos Económicos y Sociales, elaborado por la Fundación Puentes para el Desarrollo, que destacó cómo afecta la generación y consumo de electricidad en el país, así como la calidad de la seguridad social que el régimen ofrece a los ciudadanos.

Los derechos económicos y sociales (así como los culturales y los ambientales), son también derechos humanos, pero en Nicaragua pasan desapercibidos ante la urgencia de lograr que el país se encauce por el rumbo de la democracia, explicó el economista Enrique Sáenz, al hacer la introducción al Informe.


En entrevista con Esta Noche, Sáenz dijo que, hurgando en datos oficiales, constató que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó 600 millones de dólares para invertir en materia energética en Nicaragua, a los que se suman más de USD 400 millones del Banco Interamericamo de Desarrollo (BID), más los aportes presupuestarios, o sea que se destinaron más de mil millones de dólares, lo que debería suponer “un avance sustancial en la modernización del sistema eléctrico en Nicaragua”, aseveró.

En contraste, los datos del Banco Central de Nicaragua muestran que “después de semejante inversión, en lugar de aumentar la generación en 2022, esta es equivalente a la de nueve años atrás. Que el consumo —a pesar que dicen que hay una cobertura del 99%— en 2022 equivale al de seis años atrás”, mientras que las pérdidas técnicas no solo no se redujeron, sino que en 2022, son mayores que las registradas cinco años atrás.

Otros datos confirman una reducción en el consumo del sector industrial, y el del riego; además que Nicaragua se volvió importador de energía eléctrica. “Si invertiste tanto, ¿por qué compras energía a otros países centroamericanos? Porque es más barata, pero los nicaragüenses pagan las tarifas más altas de Centroamérica”, recordó el experto.

Por todo ello, Sáenz se preguntó de forma retórica “¿quiénes están vinculados al negocio de la energía? ¿Quiénes son los dueños de la empresa que tiene mayor capacidad de generación? ¿Quiénes son los dueños de Disnorte y Dissur? ¿Quiénes controlan las instituciones vinculadas a la regulación de la energía y cuáles fueron las empresas que ganaron las licitaciones de estos más de 1000 millones de dólares en créditos?”.

La corrupción no solo tiene connotaciones éticas y políticas, sino que en este caso, afecta a los consumidores porque pagan tarifas más altas. Afecta a los empresarios porque eleva sus costos y disminuye sus utilidades. Afecta la generación de empleo, porque si no hay suficientes utilidades no se amplían las plantas y afecta el costo de la vida” porque hay que trasladar a los consumidores ese mayor costo de la energía, ilustró.

Fiesta de recursos en el INSS

El economista reiteró la situación de saqueo, despilfarro e ineficiencia con que se maneja el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y cómo ha repercutido eso en la inversión y en las reservas técnicas del Instituto, cuyo patrimonio neto —que alcanzó su cifra más alta en 2010— se había reducido al 40% al cierre de 2021, y cuyas cuentas consolidadas de Reservas Técnicas y Patrimonio Neto, que alcanzaron su mayor cifra en 2011, al cierre de 2021 se había reducido a menos del 1% (USD siete millones). “Técnicamente quebrado”, sentenció.

El resultado de eso es que, mientras disminuye el valor (expresado en dólares) de la pensión promedio del régimen Invalidez, Vejez y Muerte, entre 2006 y 2016 los gastos administrativos del INSS pasaron del 7% a 13%, como proporción de los ingresos por cotización, y cómo entre 2006 y 2017, el número de asegurados activos aumentó 108% pero el número de empleados creció 236%, o sea más del doble.

Mientras que el salario medio real en el país aumentó 9% en el período, el salario de los empleados del INSS se elevó casi cinco veces; entre 2011 y 2017 el personal del INSS que ganaba C$20 000 y más, subió de 12% a 65%, mientras que en 2017 solo 8.6% de los asegurados ganaba esa suma; el personal del INSS recibe dos aguinaldos, además que el INSS garantiza a sus empleados una pensión de 100% de su salario, abonando un complemento que pagan todos los cotizantes.

Solo el 11% de un grupo de ciudadanos encuestados declaró sentirse satisfecho con las prestaciones que ofrece el INSS.

Al conversar con Esta Noche, Sáenz cuestionó la narrativa oficial, que señala que “fueron las protestas de abril las que agujerearon el paraíso que estaba construyendo Ortega”, pero “ese modelo estaba sustentado en el subsidio de la cooperación petrolera venezolana. Cuando se desinfló ese subsidio, se desinfló también la dinámica que traía la economía nica”, recordó.

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Añadió que una de las evidencias del modelo económico de la dictadura, es su incapacidad para generar empleo, lo que no comenzó en abril de 2018, sino en julio de 2017. El número de afiliados al INSS había empezado a declinar porque ya la economía no recibía el subsidio de la cooperación petrolera venezolana”, y esa incapacidad para generar empleo y afiliados al INSS estuvo en el origen de la Rebelión de Abril. “La crisis del INSS es una evidencia palmaria, contundente de este fracaso económico y social”, aseveró.

Empleo, desempleo y salarios

Según datos del INSS, el 78% de los que tienen trabajo labora en la economía informal, dato que ha cambiado muy poco a lo largo de los últimos diez años. Estas personas carecen de protección laboral; de salario mínimo, o descanso pre y posnatal. Sufren una jornada laboral sin regulación, y no tienen cobertura en caso de enfermedad o accidente, porque no están afiliados a la Seguridad Social. Suelen ser los estratos con los más bajos niveles de educación; son mujeres, son jóvenes, y personas de la tercera edad, detalla el Informe.

“La propaganda oficial dice que en Nicaragua tenemos un nivel escandinavo en materia de desempleo (3%), pero lo fundamental en Nicaragua es el subempleo, que el [Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo] Inide define como alguien que no trabaja ocho horas al día, o no trabaja cinco o seis días a la semana, (porque no tiene trabajo fijo) o reciben menos del salario mínimo”, detalló Sáenz.

El experto notó la incongruencia de los datos oficiales que señalan que, a diciembre de 2022 había un 3% desempleo abierto; 38% de subempleo, y 14% trabajaba sin remuneración, o sea 55%, “cuando la propaganda oficial dice que el nivel de pobreza es menor al 30%. Bastaría con presentarles sus propios datos”, para demostrarles que la pobreza es mucho mayor, enfatizó.

En cuanto a los salarios —que solo tienen sentido en función de su poder adquisitivo— Sáenz detalló que en 2022, el costo de la dieta básica subió 22%, con incremento de 26% en el precio del queso, de 65% en los frijoles, 33% en las tortillas y 26% en la carne, mientras que el salario mínimo general subió 10%; el de las Zonas Francas 8%, el de los trabajadores del Estado 5%, las pensiones del INSS 2%, y el salario promedio de la economía formal, 1%.

“No son salarios para una vida digna, sino solo para la sobrevivencia, porque la gran mayoría de los trabajadores no tiene un ingreso que les acerque a la dieta básica”, advirtió.

Las cosas no son mejores para mujeres y jóvenes

Pese al discurso triunfalista del Gobierno, la situación es peor para las mujeres, porque reciben menores salarios en promedio; tienen una “mayor participación en la economía informal: en consecuencia, mayor precariedad en el trabajo, menor afiliación a la Seguridad Social, menores pensiones promedio como resultado de los menores salarios y, la mayor proporción de los trabajadores sin remuneración”, enlistó.

Los más jóvenes tampoco se salvan de la conculcación masiva de los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses, como queda en evidencia al comparar las estadísticas oficiales de aprobados (98.4% de los alumnos de primaria, y 96.8% de los de secundaria), con los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El documento dice que al evaluar a los niños de tercero y sexto grado en lectura, matemáticas y ciencia “Nicaragua presenta resultados del ERCE 2019, por debajo del promedio de la región, en ambos grados, y en todas las áreas evaluadas”. Del mismo modo, se comprobó que el 95% de los alumnos de sexto grado estaban debajo del nivel mínimo de competencias (o sea, aplazados) en ciencias; el 97% en matemáticas, y el 87% en lectura.

“Un chavalo que no maneja los conocimientos básicos de matemáticas, lectura, escritura, ciencia, llega a la universidad en condiciones precarias. Y ya antes de este método de evaluación se miraba la tendalada de chavalos que no podían aprobar los exámenes de la UNI y de la UNAN”, y tuvieron que eliminar esos exámenes para disimular el fracaso, señaló en la conversación con Esta Noche.

“Ese es el resultado de 16 años con Ortega en el poder”, sentenció Sáenz, recordando el cierre de 20 universidades privadas; la anulación de la autonomía universitaria en las universidades públicas; la decisión de aprobar a los alumnos, “aprendan o no aprendan”, o la imposición de dos hijos de la pareja presidencial dictando lecciones inaugurales en sendas universidades.

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Iván Olivares

Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.

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